Los cuidados informales a un enfermo de Alzheimer - Obra Social ...

Módulo 6. Consideraciones legales y sanitarias de la capacidad
de la capacidad de obrar de una persona para dar lugar a la entrada en juego
de las instituciones de protección y asistencia que el derecho ofrece. La
incapacidad no es un estado civil de la persona, sino el remedio legislativo
que, como consecuencia de lo anterior, trata de impedir que esa persona
actúe válidamente sin los mecanismos protectores que el derecho puede
ofrecerle. De ahí, que a pesar del temor social que existe a la efectividad
de esta figura, no debe concebirse la incapacitación como una forma de
agresión al presunto incapaz, sino como una medida dirigida a su mejor
protección y seguridad, separándole de los perjuicios que para sí misma,
su forma de vida, la atención de sus necesidades o simplemente la gestión
de sus intereses patrimoniales, pudiera causarle la adopción de decisiones
inadecuadas o la ausencia de iniciativa alguna por su parte cuando le
convenga adoptar alguna decisión.
4.1. El procedimiento judicial de incapacitación
El procedimiento legal que se ha adoptado para proceder a declarar la
incapacidad de una persona es elevadamente garantista, lo cual resulta
absolutamente justificado si partimos del bien jurídico protegido en este
tipo de proceso; la libertad del individuo para operar con arreglo a sus
propios intereses y para ejercitar los derechos públicos que se le reconocen.
La valoración de la capacidad de una persona debe ser modulada y
especificados los límites de la posible incapacitación (actos que puede o
no realizar).
Establece la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el
Capítulo II del Título I del Libro IV las disposiciones que regulan los procesos
de capacidad:
El proceso se inicia a instancia del cónyuge o pareja de hecho, los descendientes,
ascendientes o hermanos o a instancia del Ministerio Fiscal
si los anteriores no existieran o no la hubieran solicitado. Es competente
para conocer de estas demandas el Juez de Primera instancia del lugar en
que resida el enfermo. Asimismo, y teniendo en cuenta que muchas personas
incapaces son ingresadas en instituciones especializadas o en todo
caso son atendidas habitualmente por personal sanitario o personas sin parentesco
con el incapaz, la Ley señala que «cualquier persona está facul-
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