Los cuidados informales a un enfermo de Alzheimer - Obra Social ...

Módulo 6. Consideraciones legales y sanitarias de la capacidad
otorga al Juzgado de total discrecionalidad para su valoración (razones de
edad, razones de enfermedad, razones ocupacionales o profesionales, por
resultar excesivamente gravoso...).
Por último, es imprescindible que todo lo realizado por el tutor esté
sometido al principio de responsabilidad, de manera que se le pueda exigir
resarcimiento por los daños producidos por el incumplimiento de sus
deberes o por la realización de acciones de forma dolosa, culposa o negligente.
Entre las funciones que corresponden al órgano judicial está vigilar
y fiscalizar determinadas actuaciones especialmente sensibles o relevantes
entre las que destaca la posibilidad de enajenar o gravar bienes
inmuebles, hacer gastos extraordinarios, arrendar por tiempo superior a
6 años o internar al tutelado en un centro de salud mental. En la práctica,
casi siempre los parientes del enfermo van a responder por sus actos. Si
la persona está incapacitada, responderá su representante legal, y si no lo
está responderán sus familiares por el incumplimiento del deber de solicitar
la incapacitación y posterior constitución de tutela, ya que sabiendo
que el enfermo debe ser incapacitado, si no se solicita, la ley establece la
responsabilidad solidaria en la indemnizaciones por daños y perjuicios
causados.
4.4. El ejercicio de la tutela por personas jurídicas
El ejercicio de la tutela por personas jurídicas fue introducido por la
reforma de 1983. Actualmente son un importante instrumento social para
la protección de las personas incapaces que carecen de personas allegadas
adecuadas para llevar a cabo la tutela.
Su naturaleza puede ser de carácter público o privado y en los últimos
años han ido surgiendo un buen número de entidades de este tipo (en Madrid,
por ejemplo, la Ley 4/1995, de 21 de marzo creó la Agencia Madrileña
para la Tutela de Adultos).
El riesgo que presentan las entidades públicas es la posible burocratización
de los cuidados mientras que el riesgo de las entidades privadas
reside en la objetivación lucrativa del cargo o consideración de ésta como
negocio.
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