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DERECHO CIVIL – AGOSTO 2012 Coordinación de Legislación y Jurisprudencia legal, que regula la caducidad, ni en algún otro del Código de Comercio, se establece que deban incluirse los días inhábiles, por tanto, por resultar evidente que son las actuaciones judiciales las que interrumpen el lapso establecido para que opere la caducidad y éstas sólo pueden llevarse a cabo en días y horas hábiles, es claro que deben excluirse, al hacerse el cómputo, los días inhábiles. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Clave: XV.5o., Núm.: 5 C (10a.) Amparo directo 514/2012. Efrén Pérez Osuna. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Alfredo Silva García. Secretaria: María Oralia Barba Ramírez. Tipo: Tesis Aislada CHEQUE. EL LIBRADOR EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 183 Y 193 AMBOS DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ES RESPONSABLE DE LA FALTA DE PAGO DEL MISMO, EN CASO DE QUE EL BANCO RECHACE SU PAGO POR NO SER SIMILAR LA FIRMA DE AQUÉL CON LA QUE TIENE EN SUS REGISTROS. La falta de pago del cheque, que constituye el documento base de la acción, necesariamente es atribuible a su librador, pues atendiendo a la regla general prevista en el artículo 183 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el librador es el responsable ante el beneficiario de la falta de pago del cheque por cualquier causa legal que aduzca como fundamento la institución bancaria; en ese tenor, si queda acreditado en el juicio ejecutivo mercantil que el cheque no fue pagado al beneficiario por el librado, en virtud de que se adujo que la firma que calza el documento no es similar a la que tiene registrada en sus archivos como la del titular de la cuenta, resulta procedente demandar al librador la acción de pago de la indemnización establecida en el numeral 193 del citado ordenamiento legal, sólo con la condición de que el cheque haya sido presentado oportunamente. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Clave: I.11o.C., Núm.: 5 C (10a.)
DERECHO CIVIL – AGOSTO 2012 Coordinación de Legislación y Jurisprudencia Amparo directo 243/2012. Camino Real a Xochimilco 17, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Argelia Román Mojica. Tipo: Tesis Aislada COMPETENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO INCAUSADO Y ALIMENTOS. ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y AL PRINCIPIO PRO HOMINE EN EL EXAMEN DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEBE PREVALECER LA REGLA DE COMPETENCIA ESPECIAL A FAVOR DEL ACTOR O ACREEDOR ALIMENTARIO, SOBRE LA GENÉRICA QUE ATIENDE AL DOMICILIO CONYUGAL DE LOS DIVORCIANTES. Los artículos 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1.42. del Estado de México, en sus respectivas fracciones XII y XIII, coinciden en señalar que para decidir en los juicios de divorcio, es Juez competente el del domicilio conyugal; y en los juicios de alimentos, el Juez del domicilio del actor o del acreedor alimentario. Ahora bien, aunque existe norma idéntica en ambos ordenamientos tratándose del juicio de divorcio (atender al domicilio conyugal); no es dable fincar la competencia sobre esa regla, cuando también se ejerce la acción de alimentos, de la que se advierte, que este tipo de prestación tiene un carácter privilegiado, pues atiende a la situación especial del menor cuando es acreedor alimentario; de manera que haciendo la interpretación conforme de dicha legislación con los artículos 1o. y 4o. constitucionales, atento a los principios de interés superior del niño y pro homine en el examen de los derechos humanos y armonizando dicha legislación local, haciéndola más acorde con los derechos fundamentales de los menores, se debe reconocer el carácter urgente y perentorio a los alimentos y por tanto, como competente al Juez del domicilio del acreedor alimentario. Lo anterior a virtud de que los citados preceptos constitucionales disponen que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar, no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, buscando la interpretación más protectora en vista de los pactos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en lo general asignan a los Estados la tarea de tomar las medidas adecuadas, legislativas o administrativas, para asegurar el pago de los alimentos y proteger en la mayor medida posible los derechos de los
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