DERECHO CIVIL – AGOSTO 2012 Coordinación de Legislación y ...

DERECHO CIVIL – AGOSTO 2012
Coordinación de Legislación y Jurisprudencia
AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA
CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO
DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL.
El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será
competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de
ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el
acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado
como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una
dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro
de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello
no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad
ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular
que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia,
para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo
menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un
exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada
se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo
acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que
el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo,
aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de
aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del
territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito
competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que
aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel
destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta
sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es
quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo
interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el
carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión
del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por
lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida
autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad
ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que
será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el
juez de la causa.
Clave: 1a./J., Núm.: 25/2012 (10a.)

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Contradicción de tesis 458/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer
Circuito y el entonces Tercero en Materia Civil del Séptimo Circuito, actual
Tercero en Materias Penal y de Trabajo del mismo circuito. 18 de enero de
2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo
que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad
de cinco votos respecto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 25/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de febrero de dos mil doce.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
DAÑOS ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN NEGLIGENTE DE LA
ANESTESIA. GENERAN UNA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ÍNDOLE
SUBJETIVA (LEGISLACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL
ESTADO DE TABASCO).
Aun cuando el paciente haya otorgado su consentimiento informado para la
administración de la sustancia denominada anestesia, los daños generados
por la administración negligente de la misma actualizan una
responsabilidad de índole extracontractual, al estar en juego valores
indisponibles para el paciente como el derecho a la salud y el derecho a la
vida. Ahora bien, tal responsabilidad extracontractual es de carácter
subjetivo, por lo que para exigir la reparación de los daños generados por el
uso de anestesia debe probarse el elemento subjetivo de la conducta. No
obstante, existe la presunción de que los daños ocasionados por la anestesia
fueron originados por un actuar negligente, por lo que le corresponderá
desvirtuar dicha presunción al personal médico que participó en las etapas
que abarca el cuidado anestésico.
Clave: 1a./J., Núm.: 22/2011 (10a.)
Contradicción de tesis 93/2011. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias
Civil y de Trabajo del Décimo Circuito. 26 de octubre de 2011. La votación
se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco
votos respecto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

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Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Barcena Zubieta.
Tesis de jurisprudencia 22/2011 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
EMPLAZAMIENTO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CUANDO SE
PRACTICA PERSONALMENTE CON EL DEMANDADO, LA EXIGENCIA DE
DEJAR COPIA ÍNTEGRA AUTORIZADA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE
NOTIFICA QUEDA SATISFECHA CON LA ENTREGA DEL INSTRUCTIVO
EN QUE OBRE SU TRANSCRIPCIÓN O INSERCIÓN (LEGISLACIÓN
MERCANTIL POSTERIOR AL DECRETO DE REFORMAS DE 13 DE JUNIO
DE 2003).
Es criterio judicial generalizado, respaldado por la doctrina, que el
instructivo de notificación se caracteriza por ser un medio de comunicación
procesal consistente en un documento escrito de carácter oficial en el que se
contiene la transcripción o inserción íntegra de la resolución que se notifica,
por lo que resulta inconcuso que cuando el emplazamiento a juicio ejecutivo
mercantil se practica personalmente con el demandado y en la diligencia
respectiva se le entrega "instructivo", aunque no obre constancia de que
además se le dejó copia íntegra autónoma, autorizada también de manera
autónoma, de la resolución que se notifica, tal circunstancia no contraviene
el contenido del artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
de aplicación supletoria en materia mercantil, excepto cuando el instructivo
no contenga la transcripción o inserción íntegra de la resolución judicial a
notificar.
Clave: 1a./J., Núm.: 66/2012 (10a.)
Contradicción de tesis 488/2011. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 2 de mayo de 2012. La
votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a
la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco
votos respecto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario:
Mario Gerardo Avante Juárez.

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Tesis de jurisprudencia 66/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha veintitrés de mayo de dos mil doce.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER) EMITIDO POR EL USO DE TARJETA
DE CRÉDITO. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN NO ESTÁ SUJETA A QUE,
PREVIAMENTE A SU EJERCICIO, EL TARJETAHABIENTE OBJETE LOS
CARGOS ANTE EL BANCO EMISOR DEL PLÁSTICO O ANTE LA
CONDUSEF, SI TAL PRETENSIÓN SE SUSTENTA EN LA FALSEDAD DE LA
FIRMA ESTAMPADA.
Cuando se alega la falsedad de la firma impresa en el pagaré (voucher)
emitido con motivo del uso de una tarjeta de crédito, aun por los consumos
que se hubieren realizado con anterioridad al reporte de robo, procede la
acción de nulidad prevista en el Código Civil Federal, sin que previamente
deban agotarse los procedimientos administrativos previstos en las reglas
expedidas por el Banco de México o en el contrato de apertura de crédito,
para objetar los cargos que aparecen en el estado de cuenta. Lo anterior
encuentra justificación en la circunstancia de que el derecho a la tutela
judicial no puede conculcarse por requisitos que impidan u obstaculicen el
efectivo acceso a la jurisdicción, como podría ser el relativo a obligar al
tarjetahabiente a que, previamente al ejercicio de la acción de nulidad, objete
los cargos ante la institución bancaria que emitió la tarjeta y, en su caso,
inconformarse con el dictamen emitido por ésta, ante la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, pues
dichos procedimientos son ineficaces para que el actor vea acogida su
pretensión sustentada en la falsedad de la firma asentada en los vouchers,
ya que por un lado, tal causa de nulidad es de índole extracontractual, lo
que genera la inaplicabilidad de lo pactado y, por otra parte, la declaración
de nulidad debe decretarse por autoridad jurisdiccional, siempre que el
demandante demuestre su pretensión, sin que ello implique que la
institución bancaria se encuentre impedida para hacer valer otro tipo de
acciones o haga valer excepciones derivadas del contrato de apertura de
crédito que puedan trascender al resultado de la decisión. Por lo tanto, para
que proceda la referida acción de nulidad resulta innecesario agotar los
procedimientos mencionados, por no ser los idóneos para obtener la
nulidad pretendida.

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Clave: 1a./J., Núm.: 69/2012 (10a.)
Contradicción de tesis 44/2012. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 23 de mayo de 2012. La
votación se dividió en dos partes: mayoría de tres votos en cuanto a la
competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de
cuatro votos en cuanto al fondo. Ausente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.
Tesis de jurisprudencia 69/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de junio de dos mil doce.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
SOCIEDADES MERCANTILES. EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL
RELATIVA, ES APLICABLE A TODAS ELLAS, INCLUSIVE A LA ANÓNIMA,
POR LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS ACCIONISTAS HASTA EL
MONTO DE SUS APORTACIONES.
El citado precepto, que en su primer párrafo establece que la sentencia que
se pronuncie contra la sociedad condenándola al cumplimiento de
obligaciones frente a terceros, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los
socios cuando éstos hayan sido demandados conjuntamente con la
sociedad, es aplicable a todas las sociedades mercantiles, pues dicho
numeral no distingue al respecto, además de que se ubica en el capítulo I de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, relativo a la constitución y
funcionamiento de las sociedades en general; y si bien en su segundo
párrafo establece una distinción, en atención al grado de responsabilidad de
los socios demandados, al señalar que cuando su obligación se limite al
pago de sus aportaciones, la ejecución de la sentencia se reducirá al monto
insoluto exigible de las aportaciones, no del adeudo, ello no implica que el
artículo 24 de referencia sea inaplicable a las sociedades anónimas, pues
aunque el numeral 87 de la propia ley establezca que éstas se componen
exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones,
ellos sólo podrán liberarse de la aplicación del citado artículo 24, si
demuestran haber cumplido íntegramente con la obligación que el
mencionado artículo 87 les impone, que consiste en el pago de sus
aportaciones, pues la suscripción de las acciones en que se divide el capital
social de la anónima sólo implica que los socios contrajeron la obligación

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suscrita con su firma, de cubrir, en proporción a las acciones que hayan
adquirido, el total del capital social; sin embargo, esto no significa que la
obligación adquirida se encuentre satisfecha, ya que el artículo 89,
fracciones III y IV, de la propia ley, reconoce dos formas de pagar las
aportaciones o acciones en que se dividió el capital social, esto es, exhibir
íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en
parte, o con el 20% del valor de cada acción en numerario; aunado a lo
anterior, por lo que hace a su escritura constitutiva, el artículo 91, fracciones
I y III, de la ley, señala que en aquélla debe indicarse la parte del capital
social exhibido, así como la forma y términos en que los socios deben pagar
la parte insoluta de las acciones que hayan suscrito.
Clave: 1a./J., Núm.: 59/2012 (10a.)
Contradicción de tesis 14/2012. Entre las sustentadas por el Cuarto y el
Décimo Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer
Circuito. 25 de abril de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría
de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo.
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica
Sánchez Miguez.
Tesis de jurisprudencia 59/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de mayo de dos mil doce.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
DAÑO MORAL. MARCO NORMATIVO APLICABLE EN EL DISTRITO
FEDERAL.
En el Distrito Federal se prevé la existencia de dos regímenes normativos
distintos para regular la responsabilidad civil por afectaciones al patrimonio
moral: si la acción para reclamar la reparación del daño tiene como origen el
ejercicio presuntamente abusivo de las libertades de expresión e
información, el marco normativo aplicable es el previsto en la Ley de
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el
Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal; si, por el contrario, la
acción tiene su origen en un hecho o acto jurídico distinto, entonces el marco
normativo aplicable es el previsto en el artículo 1916 del Código Civil para
el Distrito Federal. Así pues, el primero de los regímenes antes descritos ha

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derogado al previsto en el Código Civil en materia de afectaciones al
patrimonio moral derivadas del ejercicio de las libertades de expresión e
información, según se desprende de la redacción del artículo 1o. de la ley
antes citada y del hecho consistente en que la ley representa una norma
especial -y posterior- respecto del artículo 1916 del Código Civil, en tanto
regula una especie del género identificado como responsabilidad por daño
moral. Lo anterior se refuerza con la exposición de motivos de la ley, como
elemento coadyuvante para reconstruir la voluntad del legislador, según la
cual resultaba necesario substituir la figura del daño moral prevista en el
Código Civil con una ley especial de naturaleza civil que, por un lado,
despenalice los denominados delitos contra el honor y, por otro, que
permita un proceso ágil, eficaz y pertinente para resarcir los derechos de la
personalidad lesionados con motivo del ejercicio de los derechos a las
libertades de expresión e información.
Clave: 1a., Núm.: CLXX/2012 (10a.)
Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros.
4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier
Mijangos y González.
Tipo: Tesis Aislada
DAÑO MORAL. PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
EJERCIDAS PARA EXIGIR RESPONSABILIDAD POR PUBLICACIONES
REALIZADAS EN LA INTERNET (LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA
PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el
Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, las acciones para exigir la
reparación del daño causado por el ejercicio de las libertades de expresión e
información prescriben en dos años, contados a partir de la realización del
hecho que se presume ilícito. En este sentido, una publicación en la internet
constituye un acto de ejecución instantánea, naturaleza que no se ve
afectada por su subsistencia y accesibilidad en dicho medio, de modo que el
inicio del cómputo del plazo de prescripción comenzará a correr a partir de

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la fecha de su publicación. Así, la subsistencia y accesibilidad de una
publicación en la internet no tienen incidencia alguna en relación con el
cómputo del plazo para efectos de la prescripción de la acción, lo que no
quiere decir que dichos hechos carezcan de toda relevancia jurídica pues, de
admitirse la acción respecto de dicho acto, su publicidad y difusión serían
elementos que debieran considerarse ante un eventual pronunciamiento
respecto del fondo y las medidas de reparación que pudieren llegar a
dictarse en una sentencia. Sostener lo contrario, implicaría que el inicio del
plazo de prescripción de la acción por daño moral permaneciese suspendido
durante todo el tiempo que un artículo, comentario, imagen u otro acto de
naturaleza análoga, se encontrase disponible en la internet, lo que en estos
tiempos equivaldría a hacer nugatorio el plazo de prescripción.
Clave: 1a., Núm.: CLXXI/2012 (10a.)
Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros.
4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier
Mijangos y González.
Tipo: Tesis Aislada
DAÑO MORAL. SUPUESTO EN EL QUE PUEDEN SER RESPONSABLES LAS
PERSONAS QUE SE DEDIQUEN A LA EDICIÓN, VENTA, DIFUSIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS.
Las casas editoriales, así como quienes se dediquen a la venta, difusión y
distribución de medios impresos -ya sea que se trate de personas morales o
de personas físicas-, se encuentran en una imposibilidad material para
revisar, validar o cerciorarse de que el contenido de una obra, artículo,
columna o reportaje se abstenga de utilizar expresiones que puedan llegar a
ser consideradas injuriosas, maliciosas o insultantes respecto de alguna
persona, ni para verificar que lo publicado en ellas sea veraz. De ahí que
sostener la posibilidad de que tales personas sean declaradas judicialmente
responsables por el eventual daño moral que se hubiese causado por las
notas contenidas en ellas, equivaldría a imponerles la carga de revisar y
seleccionar contenidos y decidir qué notas pueden o no publicar, lo que a su
vez se traduciría en el establecimiento de un mecanismo de censura previa o
indirecta delegado a los particulares. Lo hasta aquí expuesto no soslaya que
esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

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reconocido que un periódico puede llegar a ser responsable frente a
terceros, por las posibles afectaciones que les causen las informaciones u
opiniones que aparecen en ellos en el formato específico de las inserciones
pagadas por particulares. Este supuesto, por analogía, puede comprender
también el de las notas periodísticas que se publiquen en un medio de
comunicación. Así, las personas que se dediquen a la edición de estilo y que
publiquen las notas periodísticas trasladan la responsabilidad a los autores
de las mismas, siempre y cuando: (i) identifiquen y conserven los datos de
identificación de los autores de las notas; y (ii) publiquen y distribuyan los
artículos respetando su contenido en los términos presentados por sus
autores, sin que dicha traslación de responsabilidad se vea impedida por la
labor editorial, que comprende correcciones ortográficas, sintácticas, de
estilo o de diseño que no deben entenderse como aportaciones de fondo. Si
el medio de comunicación cumple con este deber de cuidado -que de
ninguna manera implica una censura previa-, se dejan a salvo los derechos
de las personas que pudieren ver afectado su patrimonio moral por el
contenido de las notas publicadas para hacerlos valer en contra de los
verdaderos responsables de las mismas, es decir, los autores.
Clave: 1a., Núm.: CLXXII/2012 (10a.)
Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros.
4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier
Mijangos y González.
Tipo: Tesis Aislada
LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO
A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO
FEDERAL. SU ARTÍCULO 20 NO PREVÉ UNA MEDIDA CAUTELAR.
El artículo 20 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del
Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito
Federal, dispone que el uso indebido de la imagen de una persona dará
lugar, en caso de que el afectado así lo solicite, a que la autoridad judicial
disponga que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados. Esto
necesariamente conlleva que el pronunciamiento judicial respectivo se
efectúe al momento de dictarse sentencia, puesto que es hasta entonces que

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el juzgador podrá estar en aptitud de determinar si existe o no un abuso y si
se provocaron o no daños, ordenando, en caso de ser conducente, que cese
dicho abuso y que se reparen los citados daños. En materia de reparaciones
por violaciones a derechos humanos pueden identificarse distintas medidas
que, conjuntamente, comprenden el derecho a una reparación integral. En
ese sentido podemos identificar medidas de: (i) restitución; (ii) satisfacción;
(iii) rehabilitación; (iv) indemnización; y (v) no repetición. De conformidad
con lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación considera que el artículo 20 de la Ley de Responsabilidad Civil
para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia
Imagen en el Distrito Federal, prevé una medida restitutoria, consistente en
hacer cesar la violación, así como una medida indemnizatoria que, con un
término impreciso, llama "reparación de los daños". En definitiva, el artículo
20 de dicha ley determina las medidas de reparación que el juez puede
decretar en cada caso, lo que evidentemente implica que sean dictadas como
parte de una sentencia y nunca como una medida cautelar.
Clave: 1a. , Núm.: CLXXIV/2012 (10a.)
Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros.
4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier
Mijangos y González.
Tipo: Tesis Aislada
LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO
A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO
FEDERAL. SU ARTÍCULO 20 NO PREVÉ UNA MEDIDA CAUTELAR.
El artículo 20 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del
Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito
Federal, dispone que el uso indebido de la imagen de una persona dará
lugar, en caso de que el afectado así lo solicite, a que la autoridad judicial
disponga que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados. Esto
necesariamente conlleva que el pronunciamiento judicial respectivo se
efectúe al momento de dictarse sentencia, puesto que es hasta entonces que
el juzgador podrá estar en aptitud de determinar si existe o no un abuso y si
se provocaron o no daños, ordenando, en caso de ser conducente, que cese

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dicho abuso y que se reparen los citados daños. En materia de reparaciones
por violaciones a derechos humanos pueden identificarse distintas medidas
que, conjuntamente, comprenden el derecho a una reparación integral. En
ese sentido podemos identificar medidas de: (i) restitución; (ii) satisfacción;
(iii) rehabilitación; (iv) indemnización; y (v) no repetición. De conformidad
con lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación considera que el artículo 20 de la Ley de Responsabilidad Civil
para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia
Imagen en el Distrito Federal, prevé una medida restitutoria, consistente en
hacer cesar la violación, así como una medida indemnizatoria que, con un
término impreciso, llama "reparación de los daños". En definitiva, el artículo
20 de dicha ley determina las medidas de reparación que el juez puede
decretar en cada caso, lo que evidentemente implica que sean dictadas como
parte de una sentencia y nunca como una medida cautelar.
Clave: 1a., Núm.: CLXXIV/2012 (10a.)
Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros.
4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier
Mijangos y González.
Tipo: Tesis Aislada
RESPONSABILIDAD MÉDICO-SANITARIA. REBASA LA
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.
La responsabilidad médico-sanitaria puede tener un origen contractual
expreso o tácito, el cual consiste en la prestación de servicios del médico, o
bien, puede derivar de la prestación del Estado de un derecho social, como
son los servicios de salud públicos. En el primer supuesto, las actividades
comprendidas en la responsabilidad médica contractual, son aquellas que se
suscribieron en específico entre el médico y el paciente. En contraposición,
en la prestación de los servicios de seguridad social no existe un contrato
entre particulares, sino que se origina una responsabilidad de índole
administrativo, al ser el Estado responsable de los daños causados por el
"actuar irregular" de sus agentes, médicos e instituciones del sector público.
No obstante, la responsabilidad de los profesionales médico-sanitarios va
más allá de los deberes contenidos o derivados de la relación contractual, ya
que están obligados a actuar de acuerdo con los estándares de su profesión,

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los cuales pueden derivar tanto de disposiciones reglamentarias, como de
los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica.
Clave: 1a., Núm.: CXLI/2012 (10a.)
Contradicción de tesis 93/2011. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias
Civil y de Trabajo del Décimo Circuito. 26 de octubre de 2011. La votación
se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco
votos respecto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de
la contradicción planteada.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de
la contradicción planteada.
Tipo: Tesis Aislada
SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. EL ARTÍCULO 36 BIS DE
LA LEY QUE LAS REGULA, AL OBLIGARLAS A COMPARTIR LA
INFORMACIÓN DE SUS BASES DE DATOS, NO VIOLA EL DERECHO A LA
PROPIEDAD PRIVADA.
Si bien las bases de datos de las sociedades de información crediticia forman
parte de su propiedad, en tanto que la información que las integra fue
recopilada por ellas y constituye uno de los objetivos para los que fueron
creadas, el hecho de que el citado precepto las obligue a compartir entre sí
dicha información no implica que les prive de la propiedad de ésta, en tanto
que su finalidad no es la extinción total o parcial de los atributos de uso,
goce y disfrute de la propiedad que tienen las sociedades sobre dichas bases
de datos, sino que las obliga a compartir información, pero seguirán
gozando de todas las facultades inherentes a la extensión de ese derecho,
dado que para ello fueron autorizadas; de ahí que el citado precepto no
viola el derecho a la propiedad privada, tutelado por los artículos 14 y 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Clave: 1a. , Núm.: CLXVI/2012 (10a.)

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Amparo en revisión 54/2012. Trans Union de México, S.A., S.I.C. 9 de mayo
de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara
López.
Tipo: Tesis Aislada
SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. LA RETRIBUCIÓN POR
COMPARTIR LA INFORMACIÓN DE SUS BASES DE DATOS PREVISTA EN
EL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY QUE LAS REGULA, SE OBTIENE AL
DISTRIBUIR LOS INGRESOS POR LA VENTA DE REPORTES DE CRÉDITO
Y DE CRÉDITO ESPECIALES.
Del precepto citado se advierte que la retribución que las sociedades de
información crediticia perciben por el cumplimiento de la obligación en él
prevista, de compartir la información de sus bases de datos, se obtiene al
distribuir los ingresos por la venta de los reportes de crédito y de crédito
especiales, lo cual harán libremente y en la forma en que lo pacten.
Clave: 1a. , Núm.: CLXIII/2012 (10a.)
Amparo en revisión 54/2012. Trans Union de México, S.A., S.I.C. 9 de mayo
de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara
López.
Tipo: Tesis Aislada
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE
LIMITAN A EMITIR JUICIOS DE VALOR DE TIPO MORAL EN RELACIÓN
CON LA LEY O ACTO RECLAMADO.
Los juicios de valor moral no pueden ser materia de estudio en el juicio
constitucional, dado que en éste solamente se puede analizar si la autoridad
señalada como responsable transgredió, en perjuicio del quejoso, alguno de
los derechos sustantivos que a su favor se contemplan en la Constitución
General de la República, sin que esté permitido a los tribunales federales
emitir juicios de carácter axiológico, en relación con la conducta desplegada
por la autoridad responsable o sobre alguna norma en especial, como en su
caso sería si es buena, mala, justa o injusta, ya que ello contrariaría el

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mandato constitucional otorgado al Poder Judicial de la Federación, para
que éste dirima, jurídicamente, a través de los distintos órganos que lo
integran, las controversias que se susciten en términos de lo establecido en
los artículos 103, 104, 105, 106 y 107 de la Constitución General de la
República, el que además, como Poder Constituido, está obligado a acatar
estrictamente lo preceptuado en el artículo 14 de la citada Ley Fundamental,
en cuanto a que en los asuntos del orden civil la sentencia que ahí se dicte
será conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de
ésta, se fundará en los principios generales del derecho, de donde se deduce
que la facultad jurisdiccional con la que cuenta el Poder Judicial de la
Federación para decir el derecho, encuentra su límite en la ley y su
justificación, exclusivamente en el derecho. De ahí que cualquier cuestión
ajena a ello, como en su caso sería emitir un juicio de valor de tipo moral,
rebasaría los límites de las facultades que la propia Constitución le confiere.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER
CIRCUITO.
Clave: III.2o.C. , Núm.: J/31 (9a.)
Amparo directo 136/2002.María Zavala de Hernández.12 de abril de
2002.Unanimidad de votos.Ponente: Gerardo Domínguez.Secretario: Jair
David Escobar Magaña.
Amparo directo 643/2006.Marcos Otero Hernández.10 de noviembre de
2006.Unanimidad de votos.Ponente: José Guadalupe Hernández
Torres.Secretario: Ricardo Suro Esteves.
Amparo en revisión (improcedencia) 429/2011.Gustavo Pimienta Zurita, su
sucesión.4 de noviembre de 2011.Unanimidad de votos.Ponente: Gerardo
Domínguez.Secretario: José Rodrigo Jiménez Leal.
Amparo directo 659/2011.Enrique Sánchez Padilla.16 de diciembre de
2011.Unanimidad de votos.Ponente: Gerardo Domínguez.
Amparo directo 763/2011.3 de febrero de 2012.Unanimidad de
votos.Ponente: José Guadalupe Hernández Torres.Secretario: Ricardo Suro
Esteves.

Tipo: Jurisprudencia por Reiteración de Criterios
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SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LA APELACIÓN. TRATÁNDOSE DE
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON DERECHOS DE MENORES O
INCAPACES, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE ANALIZAR TODOS LOS
ASPECTOS LITIGIOSOS, AUNQUE NO SEAN MATERIA DE AGRAVIO, Y
RAZONAR SU DECISIÓN SIN LIMITARSE A MANIFESTAR SU ACUERDO
CON EL JUEZ NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
El artículo 682 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de
alzada revoque o modifique la resolución contra la que se interponga "en los
puntos relativos a los agravios expresados", pero no obstante ello "en los
procedimientos relacionados con los derechos de menores o incapaces se
suplirá la deficiencia de la queja". Lo anterior debe interpretarse en el
sentido de que el tribunal de apelación, a fin de cumplir con esa obligación
de suplir la deficiencia de la queja en tales procedimientos, debe analizar
exhaustivamente todos los aspectos litigiosos, inclusive aquellos sobre los
que el Juez natural se hubiere pronunciado, aunque no sean materia de los
agravios, a fin de dejar claro si la determinación correspondiente es o no
correcta, y no limitarse a manifestar que está de acuerdo con lo resuelto por
el juzgador natural, que converge con él, o alguna expresión análoga, es
decir, debe hacer un estudio propio de la cuestión de que se trate para
concluir si es o no correcta y dar las razones de su decisión.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER
CIRCUITO.
Clave: XI.C., Núm.: J/1 (9a.)
Amparo directo 911/2010. 12 de agosto de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Óscar Naranjo Ahumada. Secretario: Antonio Rico Sánchez.
Amparo directo 580/2011. 10 de febrero de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo. Secretaria: Olimpia
Martínez Mares.
Amparo directo 595/2011. 16 de febrero de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: Óscar Naranjo Ahumada. Secretario: Antonio Rico Sánchez.

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Amparo directo 1165/2011. 30 de marzo de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: José Ma. Álvaro Navarro. Secretaria: Leticia López Pérez.
Amparo directo 1550/2011. 30 de marzo de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: José Ma. Álvaro Navarro. Secretaria: Sandra Walkyria Ayala
Jiménez.
Tipo: Jurisprudencia por Reiteración de Criterios
VÍA MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA EL
PAGO DEL ADEUDO DERIVADO DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AL NO CONSTITUIR UN
ACTO DE COMERCIO, NO OBSTANTE QUE HAYA SIDO DOCUMENTADO
A TRAVÉS DE FACTURAS.
De conformidad con el artículo 1049 del Código de Comercio, los juicios
mercantiles tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que
deriven de actos de comercio. Así, para determinar si una controversia debe
ser tramitada en vía ordinaria u oral mercantil, es necesario analizar si
realmente queda sustentada en un acto de comercio, para lo cual, debe
acudirse al contenido del artículo 75 del mismo ordenamiento, que establece
aquellos supuestos que la ley reputa como tales. De esta forma, un
determinado acto jurídico será de comercio sólo si se subsume en cualquiera
de sus primeras veinticuatro fracciones, o tiene una naturaleza análoga a
cualquiera de ellas, independientemente de que en ese acto hubiese
intervenido un comerciante. Por lo tanto, la vía mercantil resulta
improcedente en aquellos casos en que la controversia consiste en el pago
del adeudo derivado de un contrato por virtud del cual una corporación
policiaca se obligó a prestar servicios de seguridad y vigilancia a un
particular, al no subsumirse dicho acuerdo de voluntades en ninguna de las
primeras veinticuatro fracciones del precepto aludido, ni tener naturaleza
análoga a cualquiera de ellas, por lo cual no puede constituir un acto de
comercio no obstante que el actor acompañe a su demanda diversas facturas
expedidas con motivo de ese adeudo, pues tales documentos, por no tener
origen en una relación contractual de naturaleza mercantil, tampoco
adquieren dicha calidad comercial, sino que únicamente podrían constituir
un elemento de prueba sobre el importe reclamado, pero no modifican o
confieren una naturaleza jurídica distinta a la relación contractual de donde
provienen, ni constituyen títulos de crédito en términos de la propia
legislación mercantil.

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DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.10o.C., Núm.: J/2 (10a.)
Amparo directo 207/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 8 de mayo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Secretario:
Guillermo García Hernández.
Amparo directo 231/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 8 de mayo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Secretario:
Hilario Salazar Zavaleta.
Amparo directo 280/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 8 de mayo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Secretaria:
Margarita Morrison Pérez.
Amparo directo 273/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 8 de mayo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario:
Miguel Ángel Silva Santillán.
Amparo directo 345/2012. 23 de mayo de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Rafael García Morales.
Tipo: Jurisprudencia por Reiteración de Criterios
ACCIÓN DE POSESIÓN EJERCITADA POR EL USUFRUCTUARIO.
PROCEDE EN CONTRA DEL NUDO PROPIETARIO (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA).
Los artículos 618, 619 y 620 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Puebla, vigente a partir del primero de enero de dos mil
cinco, establecen que las acciones de posesión tienen por objeto decidir
quién tiene mejor derecho de poseer y de ser mantenido o restituido en la
posesión de un bien en forma definitiva; que dichas acciones no proceden
en contra del dueño del bien, ni cuando ambas posesiones fueren dudosas
conforme a las reglas del Código Civil para la misma entidad federativa,
pero sí pueden ser ejercitadas por el usufructuario. Por su parte el artículo
984 del código sustantivo civil citado, señala que la propiedad es el derecho

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real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien, con las
limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Sin embargo, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 1187 y 1197 del Código Civil mencionado,
el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar total o parcialmente
de un bien ajeno sin alterar su forma, por lo que el usufructuario puede
ejercitar las acciones y oponer las excepciones respecto del bien materia del
usufructo. Por consiguiente, si bien en términos generales de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 619 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Puebla, la acción de posesión no procede en contra del
propietario del bien, también lo es que cuando es ejercitada por el
usufructuario en contra del nudo propietario, dicha acción sí procede por
ser el primer titular del derecho del uso y disfrute del bien, y no estar en
disputa la propiedad del mismo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.
Clave: VI.3o.C., Núm.: 1 C (10a.)
Amparo directo 133/2012. José Varela Castro o José Porfirio Varela Castro.
19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega
Sánchez. Secretario: Horacio Óscar Rosete Mentado.
Tipo: Tesis Aislada
ALBACEA PROVISIONAL DE UNA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA. PARA
JUSTIFICAR SU PERSONALIDAD REQUIERE COMPARECER ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL QUE LO NOMBRÓ, A ACEPTAR Y PROTESTAR EL
CARGO CONFERIDO, A FIN DE QUE PUEDA EJERCER SUS DERECHOS Y
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).
De la interpretación armónica de los artículos 771, fracción II, 772, fracción
VI, 794, 795 y 796 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Puebla, vigente desde el uno de enero de 2005, se advierte, entre otras cosas,
que para que el albacea provisional de una sucesión intestamentaria pueda
defender judicialmente los bienes de la sucesión, ejercer sus derechos y
cumplir con sus obligaciones, requiere que previamente haya aceptado y
protestado el cargo conferido. Consecuentemente, para que el albacea
provisional de una sucesión intestamentaria justifique su personalidad, se

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necesita que haya comparecido ante la autoridad judicial que lo nombró, a
aceptar y protestar el cargo conferido.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.
Clave: VI.1o.C., Núm.: 174 C (9a.)
Amparo en revisión 297/2011. Carmen Ángel Mendoza o Carmela Ángel
Mendoza. 22 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eric
Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.
Tipo: Tesis Aislada
ALIMENTOS PROVISIONALES. SUPUESTOS EN QUE PUEDEN
CONTROVERTIRSE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS EN EL JUICIO
DE AMPARO INDIRECTO, PREVIO AL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE
REVOCACIÓN (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 2.110 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO).
En términos de los artículos 2.107 al 2.110 y 5.40 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México, la admisión de la demanda
implica que las acciones, elementos o sujetos materia de admisión, formen
parte del proceso litigioso y la orden de emplazamiento del demandado. En
cambio, conforme a los diversos preceptos 5.43 al 5.45, ante la solicitud
alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos
determinaciones cautelares que habrán de regir hasta el dictado de la
sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva:
Una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir
alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión
provisional; una tercera, la improcedencia de la solicitud de alimentos. Estas
tres determinaciones son independientes del auto que admite la demanda,
pues la procedencia o improcedencia de la pensión alimentaria provisional
depende de los requisitos previstos en los artículos 4.126 al 4.144, 4.403 y
4.404 (concubinato) del Código Civil del Estado de México; razones por las
cuales, el artículo 2.110 del invocado código procesal no es aplicable a esas
determinaciones, pues sólo refiere que el auto que admite la demanda no es
recurrible. En ese contexto, tanto el acreedor como el deudor alimentario
pueden controvertir dichas resoluciones en juicio de amparo indirecto por
tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos, previo agotamiento del

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recurso de revocación, en los supuestos siguientes: En términos del artículo
5.74 del código primeramente citado, las resoluciones dictadas fuera de la
audiencia inicial y el auto que negó la procedencia de la pensión alimenticia
provisional son revocables, pues dicho precepto establece que los autos y
decretos dictados fuera de audiencia serán revocables acorde con las reglas
generales y las medidas cautelares dictadas en la audiencia inicial conforme
al artículo 5.75, fracción IV, del mismo ordenamiento, también son
impugnables en revocación.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Clave: II.4o.C., Núm.: 8 C (10a.)
Amparo en revisión 135/2012. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: José Martínez Guzmán. Secretario: Eutimio Ordóñez Gutiérrez.
Tipo: Tesis Aislada
AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE
DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO
EN UN JUICIO CIVIL EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SON
INCOMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO RELATIVO, AL PREVER
EL ARTÍCULO 662 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EL
RECURSO DE REPOSICIÓN PARA IMPUGNAR DICHA RESOLUCIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
Los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo establecen que los
Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo
contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio,
respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso
ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por
tanto, si se reclama la resolución dictada por una Sala Colegiada Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en la que declara
improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, previamente admitido por el Magistrado presidente de
dicha Sala, al prever el artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles de

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dicha entidad, el recurso de reposición para impugnar esa resolución, los
indicados tribunales federales son incompetentes para conocer del amparo,
por lo que conforme al artículo 47, tercer párrafo, de la citada ley
reglamentaria, deben declararlo de plano y remitir la demanda con sus
anexos al Juzgado de Distrito correspondiente. Lo anterior, en atención a
que el indicado artículo 662 prescribe que son impugnables mediante el
recurso de reposición todos los "autos" dictados por el tribunal de alzada,
sin hacer distinción alguna en cuanto a la forma en que deben ser emitidos o
respecto al tema que traten, por lo que si los "autos" son las resoluciones
judiciales que deciden un punto del negocio, se identifica con la resolución
que declara improcedente el recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia de primera instancia, al decidir sobre la prosecución del juicio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.
Clave: XXVII.1o.(VIII Región), Núm.: 2 C (10a.)
Amparo directo 216/2012. Martín de Jesús Zuart García. 13 de abril de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria:
Claudia Luz Hernández Sánchez.
Tipo: Tesis Aislada
APELACIÓN EN EFECTO DEVOLUTIVO. CONTRA SU ADMISIÓN O
INADMISIÓN POR FALTA DEL TESTIMONIO RESPECTIVO, NO PROCEDE
RECURSO ALGUNO (INAPLICABILIDAD DE LA REGLA GENERAL
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 730, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN,
ABROGADO).
Atento al principio de derecho de que la regla especial prevalece sobre la
general, si en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Michoacán abrogado a partir del 8 de septiembre del 2008, específicamente,
en sus artículos 698 y 699, se establecía la regla especial relativa a que
cuando la apelación se interponga contra un auto o interlocutoria y se
admita sólo en el efecto devolutivo, el apelante deberá señalar y aportar, a
su costa, dentro del término de los tres días siguientes, constancias para la
formación del testimonio, a las cuales se agregarán las que designe el
colitigante dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación

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que se le haga del auto que admita el recurso, pero si el apelante no señala y
aporta dichas constancias dentro del término legal aludido, su recurso no
será admitido, en cuyo caso, contra su admisión o inadmisión, no procederá
recurso alguno; por tanto, resulta inaplicable la regla general contenida en el
artículo 730, fracción II, del código en cita, el cual prevé que contra la
denegación de apelación procede el recurso de queja.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER
CIRCUITO.
Clave: XI.C., Núm.: 3 C (10a.)
Amparo en revisión (improcedencia) 708/2011. Marina Melchor Jiménez. 23
de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ma. Álvaro
Navarro. Secretaria: Leticia López Pérez.
Tipo: Tesis Aislada
APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA MERCANTIL. LA EXPRESIÓN DE
AGRAVIOS PUEDE HACERSE, INDISTINTAMENTE, EN EL ESCRITO DEL
RECURSO QUE SE INTERPONE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA
COMO EN EL QUE SE PRESENTA POR SEPARADO RESPECTO DE
VIOLACIONES PROCESALES.
El análisis de los párrafos segundo y tercero del artículo 1344 del Código de
Comercio exige a los vencidos o a quienes no obtuvieron todo lo que
pidieron en un juicio mercantil, exponer agravios en relación con las
violaciones procesales que aduzcan tanto en escrito por separado al tramitar
la apelación preventiva, como al interponer la apelación contra la sentencia
definitiva. Lo anterior revela una exigencia redundante para los afectados
por una violación procesal ocurrida dentro de ese tipo de asuntos, puesto
que la interpretación armónica y sistemática de lo previsto en los párrafos
sexto y séptimo del propio artículo, así como el cuarto párrafo del diverso
artículo 1339 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2011), e incluso las
finalidades contenidas en la reforma legal que dio origen a la apelación
preventiva en materia mercantil, permiten advertir lo innecesario y
reiterativo de la exigencia legal mencionada, en tanto que puede ocurrir que
sólo se hubieren expresado inconformidades respecto de las citadas
violaciones al procedimiento en el escrito del recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia; lo cual se considera adecuado a las reglas

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procesales de la apelación preventiva; sin que pueda justificarse la
existencia de la referida exigencia legal por el hecho de que con ello se trate
de garantizar la plena identificación de las impugnaciones a través de su
reiterada expresión, pues debe recordarse que una de las finalidades
esenciales de la reforma legal invocada, fue buscar, agilizar y eficientar la
tramitación de las impugnaciones sobre aspectos procesales, lo que se logra
de manera clara y efectiva con la exposición de los agravios en cualquiera de
los escritos en que, por disposición legal, pueden hacerse valer, logrando
con ello que no se complique innecesariamente la tramitación de las
impugnaciones sobre cuestiones procesales.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.5o.C., Núm.: 4 C (10a.)
Amparo directo 391/2011. Flor Karina Velasco González y otro. 8 de
diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.
Amparo directo 125/2012. Laminados Yazbek, S.A. de C.V. 15 de marzo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de
Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla.
Tipo: Tesis Aislada
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EN EL
CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE NO DEBEN INCLUIRSE DÍAS
INHÁBILES.
El artículo 1076 del Código de Comercio establece, en su primer párrafo,
que en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar
actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que señale la ley; a su
vez, el artículo 1064 del mismo código dispone que las actuaciones judiciales
han de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad; por tanto,
el cómputo del término para que opere la figura jurídica de la caducidad de
la instancia en los procedimientos mercantiles debe realizarse sin incluir los
días en que no haya laborado la autoridad judicial que emitió la sentencia,
pues no obstante que se señala que la citada regla no opera en los casos de
excepción que establezca la ley, es de hacer notar que en el referido precepto

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legal, que regula la caducidad, ni en algún otro del Código de Comercio, se
establece que deban incluirse los días inhábiles, por tanto, por resultar
evidente que son las actuaciones judiciales las que interrumpen el lapso
establecido para que opere la caducidad y éstas sólo pueden llevarse a cabo
en días y horas hábiles, es claro que deben excluirse, al hacerse el cómputo,
los días inhábiles.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Clave: XV.5o., Núm.: 5 C (10a.)
Amparo directo 514/2012. Efrén Pérez Osuna. 28 de junio de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Alfredo Silva García. Secretaria: María
Oralia Barba Ramírez.
Tipo: Tesis Aislada
CHEQUE. EL LIBRADOR EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 183 Y 193
AMBOS DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO,
ES RESPONSABLE DE LA FALTA DE PAGO DEL MISMO, EN CASO DE QUE
EL BANCO RECHACE SU PAGO POR NO SER SIMILAR LA FIRMA DE
AQUÉL CON LA QUE TIENE EN SUS REGISTROS.
La falta de pago del cheque, que constituye el documento base de la acción,
necesariamente es atribuible a su librador, pues atendiendo a la regla
general prevista en el artículo 183 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, el librador es el responsable ante el beneficiario de
la falta de pago del cheque por cualquier causa legal que aduzca como
fundamento la institución bancaria; en ese tenor, si queda acreditado en el
juicio ejecutivo mercantil que el cheque no fue pagado al beneficiario por el
librado, en virtud de que se adujo que la firma que calza el documento no es
similar a la que tiene registrada en sus archivos como la del titular de la
cuenta, resulta procedente demandar al librador la acción de pago de la
indemnización establecida en el numeral 193 del citado ordenamiento legal,
sólo con la condición de que el cheque haya sido presentado
oportunamente.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Clave: I.11o.C., Núm.: 5 C (10a.)

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Amparo directo 243/2012. Camino Real a Xochimilco 17, S.A. de C.V. 4 de
mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez
Hidalgo. Secretaria: Argelia Román Mojica.
Tipo: Tesis Aislada
COMPETENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO INCAUSADO Y
ALIMENTOS. ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y AL
PRINCIPIO PRO HOMINE EN EL EXAMEN DE LOS DERECHOS HUMANOS,
DEBE PREVALECER LA REGLA DE COMPETENCIA ESPECIAL A FAVOR
DEL ACTOR O ACREEDOR ALIMENTARIO, SOBRE LA GENÉRICA QUE
ATIENDE AL DOMICILIO CONYUGAL DE LOS DIVORCIANTES.
Los artículos 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal y 1.42. del Estado de México, en sus respectivas fracciones XII y XIII,
coinciden en señalar que para decidir en los juicios de divorcio, es Juez
competente el del domicilio conyugal; y en los juicios de alimentos, el Juez
del domicilio del actor o del acreedor alimentario. Ahora bien, aunque existe
norma idéntica en ambos ordenamientos tratándose del juicio de divorcio
(atender al domicilio conyugal); no es dable fincar la competencia sobre esa
regla, cuando también se ejerce la acción de alimentos, de la que se advierte,
que este tipo de prestación tiene un carácter privilegiado, pues atiende a la
situación especial del menor cuando es acreedor alimentario; de manera que
haciendo la interpretación conforme de dicha legislación con los artículos
1o. y 4o. constitucionales, atento a los principios de interés superior del niño
y pro homine en el examen de los derechos humanos y armonizando dicha
legislación local, haciéndola más acorde con los derechos fundamentales de
los menores, se debe reconocer el carácter urgente y perentorio a los
alimentos y por tanto, como competente al Juez del domicilio del acreedor
alimentario. Lo anterior a virtud de que los citados preceptos
constitucionales disponen que todas las autoridades del país, dentro del
ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar, no sólo por los
derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por
aquellos contenidos en instrumentos internacionales sobre derechos
humanos, buscando la interpretación más protectora en vista de los pactos
internacionales suscritos por el Estado Mexicano, como la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que en lo general asignan a los Estados la tarea de tomar las
medidas adecuadas, legislativas o administrativas, para asegurar el pago de
los alimentos y proteger en la mayor medida posible los derechos de los

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menores. Por tanto, siguiendo este criterio orientador de adoptar la
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, se debe
resolver el conflicto competencial en favor del Juez ante quien se promovió
la acción de divorcio y de pago de alimentos en cuya jurisdicción residen los
acreedores alimentarios, para facilitar a los menores el ejercicio de ese
derecho.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Clave: I.11o.C., Núm.: 4 C (10a.)
Competencia 2/2012. Suscitada entre el Juzgado Tercero de lo Familiar de
Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y el
Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Familiar del Distrito Federal. 11 de
mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales.
Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García.
Tipo: Tesis Aislada
CONTRARRECIBOS DE FACTURAS. SUS ALCANCES JURÍDICOS EN
ORDEN CON LA RELACIÓN COMERCIAL.
Conforme a los usos y costumbres mercantiles, los contrarrecibos son
entregados como documentos justificativos de que se recibieron facturas
para revisión, a fin de que, una vez examinadas, si se aceptaran, sean
cubiertas en la fecha de pago que se contiene en cada contrarrecibo. De la
anterior mecánica, se deducen las siguientes circunstancias: La elaboración
de las facturas que se pretenden cobrar por el prestador de servicios es un
acto eminentemente unilateral de quien así la realiza, sin la intervención del
presunto deudor, de este modo, esa confección de las facturas es un acto que
siendo en principio jurídicamente unilateral, se vuelve bilateral con la
recepción de aquéllas para su revisión y eventual pago, y con la emisión de
los contrarrecibos por quien debe liquidarlas. Así, dicha recepción de
facturas genera a cargo de quien las recibe la obligación de realizar su
revisión, la cual tiene a su vez tres posibles consecuencias legales y lógicas,
que son: a) Que se acepten las facturas y se paguen, y ello en la fecha
señalada para el pago en los contrarrecibos, b) Que se acepten parcialmente,
y así se cubran, o sea, se pague sólo la parte aceptada, lo cual incluye un
rechazo parcial tácito, y c) Que se rechacen en su totalidad y no se paguen.

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En atención a lo precedente, y toda vez que la presentación de las facturas
por parte del prestador de servicios contiene una pretensión de pago, y en
orden con ésta se exhiben para que sean revisadas por la receptora, ésta no
puede quedar pasiva o inactiva ante la propia exhibición o presentación,
sino que le genera en principio la carga de revisarlas, para que una vez
realizado el examen relativo, las pague, si es que se aceptan en su totalidad,
o las cubra parcialmente, si es que en parte se aceptan y en parte se
rechazan, o no las pague, en caso de que se rechacen integralmente, cuyo
resultado del examen debe hacerlo del conocimiento del prestador de
servicios en un plazo máximo de treinta días, a partir de la recepción, so
pena de perder su derecho a negar la prestación de los servicios a que se
contraen las facturas presentadas, y en consecuencia, que se presuma el
adeudo. Lo anterior es así, en aplicación analógica de lo dispuesto en el
artículo 383 del Código de Comercio, que establece que el comprador que
luego de cinco días de recibir las mercancías no reclamare al vendedor, por
escrito, la falta de calidad o cantidad de ellas, o que dentro de treinta días
contados desde que las recibió, no le reclame por vicios internos, perderá
toda acción y derecho a repetir contra el vendedor, en atención a que el
prestador de servicios, por seguridad jurídica ante la presentación de sus
facturas y su consecuente pretensión de pago, no debe quedar en la
incertidumbre provocada por la eventual inacción de la receptora de tales
servicios o facturas. Por tanto, las facturas no rechazadas deben cubrirse,
por generar la aceptación del adeudo que comprenden.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Clave: II.2o.C., Núm.: 3 C (10a.)
Amparo directo 329/2012. Tubos y Productos de Alambre, S.A. de C.V. 29 de
mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Noé Adonai Martínez
Berman. Secretario: Juan Carlos Guerra Álvarez.
Tipo: Tesis Aislada
CONTRATO DE REASEGURO. LA RETENCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN
DE UNA RESERVA EN ÉSTE.
En términos del artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, la retención debe entenderse como la actividad por

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virtud de la cual la reaseguradora destina o extrae recursos económicos para
la constitución de una reserva. Acepción distinta a la retención a la que
alude el artículo 37, cuarto párrafo, inciso c), de la ley en comento, en cuanto
a que ahí, retención es la actividad por la cual la aseguradora se queda
(retiene) con una parte del riesgo, cuya responsabilidad no diversifica a
través del reaseguro. En tal contexto, esa retención debe realizarse en el país,
y la que deriva de obligaciones pendientes de cumplir debe invertirse
también en México. Tal inversión tiene como objetivo obtener mayores
rendimientos financieros posibles y se reintegrarán al reasegurador tanto el
depósito como los rendimientos de acuerdo con lo pactado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 1035 C (9a.)
Amparo directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company. 25 de agosto
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:
Sandra Luz Marín Martínez.
Tipo: Tesis Aislada
CONTRATO DE REASEGURO. SU FINALIDAD.
Mediante el seguro, el beneficiario se previene contra las consecuencias a las
que se vería enfrentado si ocurrieran eventos susceptibles de ocasionarle un
daño a sus bienes, a su persona o en los bienes o en la persona de un tercero.
El riesgo se traspasa a una aseguradora, a fin de que sea ésta quien resarza
el daño o pague una suma de dinero, cuando ocurra el evento previsto en el
contrato. La Ley sobre el Contrato de Seguro se refiere a ese acto jurídico en
su artículo 1o. La incidencia de los riesgos pueden variar por muchas
causas, como son hechos fortuitos (accidentes, incendios), fluctuaciones
económicas (inflación, desempleo); hechos de la naturaleza (huracanes,
terremotos, inundaciones), estos últimos identificados como riesgos
catastróficos porque aumentan el riesgo de tener siniestros simultáneos
cuyo monto total impactaría la solvencia de la aseguradora. Si una
compañía aseguradora acumula una alta tasa de siniestros, pone en peligro
su solvencia y su capacidad de afrontar el pago de los seguros. De ahí que se
busquen mecanismos que amortigüen ese impacto y que dispersen ese
riesgo. Esto se hace a través de la diversificación de las responsabilidades

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que asumen las instituciones de seguro al realizar operaciones de seguros,
como es el reaseguro. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, el reaseguro no es la
única figura a la cual una aseguradora puede acudir a fin de atenuar esa
responsabilidad, pues existen otros mecanismos como mantener grandes
reservas, el coaseguro, el reaseguro financiero y la retrocesión.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 1030 C (9a.)
Amparo directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company. 25 de agosto
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:
Sandra Luz Marín Martínez.
Tipo: Tesis Aislada
CONTRATO DE REASEGURO. SU OBJETO.
En el contrato de reaseguro, la aseguradora original no transfiere el riesgo
del contrato de seguro primario, sino su propio riesgo, que implica
enfrentar la obligación de pagar la suma que aseguró, por tanto, de
conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, el reaseguro tiene por
objeto que la reaseguradora otorgue cobertura a la reasegurada frente al
riesgo de su propio endeudamiento, consecuencia de la obligación de
indemnización que tendría frente al asegurado primario, por haberse
obligado a cubrir un riesgo. En términos del artículo 18 de la Ley sobre el
Contrato de Seguro, frente al asegurado, la aseguradora sigue siendo la
obligada; pero frente a la reasegurada y por la actualización de su riesgo, es
decir, de pagar la suma asegurada, la obligación es de la reaseguradora. Por
ende, la aseguradora frente al asegurado no puede invocar el reaseguro; ni
la reaseguradora para no pagar a la reasegurada puede alegar la obligación
que la aseguradora (reasegurada) tiene frente al asegurado -pese a la
celebración del contrato de reaseguro-. Tal precepto tiene como finalidad
proteger el interés del asegurado, a fin de que la aseguradora no evada la
responsabilidad de pago derivada del contrato de seguro, pero no es
justificación para que la reaseguradora evada las responsabilidades que
puedan provenir del contrato de reaseguro.

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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 1032 C (9a.)
Amparo directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company. 25 de agosto
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:
Sandra Luz Marín Martínez.
Tipo: Tesis Aislada
INTERÉS USURARIO. SE CONSIDERA A LA UTILIDAD POR MORA QUE
EXCEDA DEL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL A QUE SE REFIERE
EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Conforme a la tesis de este órgano colegiado de rubro: "INTERESES
MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 174 DE LA
LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO QUE
PERMITE SU PAGO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO
HUMANO DE PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS.", que aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2,
agosto de 2012, página 1735, es necesario establecer cuándo un rédito puede
considerarse usurario, esto es, que transgrede los límites de lo ordinario o
lícito. Así, atento a que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
ni el Código de Comercio prevén un límite para el pacto de intereses en caso
de mora, es válido -de acuerdo a la supletoriedad de la codificación
mercantil del Código Civil Federal- remitirnos, en primera instancia, al
artículo 2395 de la indicada legislación sustantiva civil federal; sin embargo,
de su lectura se advierte que prevé la reducción de los réditos, bajo la
justificación en el juicio de la figura jurídica de la lesión, sin hacer referencia
a intereses usurarios ni fijar un porcentaje en tal sentido. Por tanto, al
tratarse la usura de un acto motivo de represión por las legislaciones
penales, se destaca que el Código Penal Federal, en sus artículos 386 y 387,
fracción VIII, prevén como usura la estipulación de intereses superiores a
los "usuales en el mercado"; no obstante, debe observarse que la banca
presta diversidad de servicios financieros, además de que el interés varía, de

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acuerdo al producto, y que los porcentajes anuales que cobran las
instituciones financieras por réditos son extremosos, entre los más bajos y
altos en su cobro; de ahí que el elemento del cuerpo del delito de fraude por
usura, a que se refiere el mencionado artículo 387, fracción VIII, del Código
Penal Federal de "intereses superiores a los usuales en el mercado", se torne
abstracto o impreciso para dar seguridad al gobernado de cuándo estará en
condiciones de alegar que, en caso del cobro de un título y de la realización
de operaciones de crédito, existe usura en el cobro de intereses moratorios.
Ello es así, porque el Alto Tribunal ha sentado criterio en la tesis P.
LXIX/2011 (9a.), que aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011,
página 552, de rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", que cuando hay varias
interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la
ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar
incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Por tanto, atento
al contenido de dicho criterio, en lo tocante a la interpretación de las normas
positivas de derecho interno, se considera que una ley más acorde para la
protección del derecho humano reconocido en el artículo 21, numeral 3, de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que conmina a la
prohibición en ley de la usura- es la Legislación Penal para el Estado de
Aguascalientes, norma positiva que si bien no es federal, sí permite fijar un
porcentaje certero y eficaz para la salvaguarda del derecho humano en
comento, al disponer en su artículo 48, fracción I, que ello sucede cuando un
interés convencional evidente o encubierto excede de un treinta y siete por
ciento anual; de ahí que, para estar en condiciones de resolver si un rédito es
usurario, es válida la remisión a dicha legislación estatal; máxime cuando
las partes en la suscripción del título de crédito señalaron como lugar de
pago la entidad de Aguascalientes, lo que, a la postre otorgó competencia a
la responsable para conocer de la contienda en términos del artículo 1104,
fracción I, de la codificación mercantil.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Clave: XXX.1o., Núm.: 3 C (10a.)

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Amparo directo 193/2012. Pedro Rodríguez Cisneros. 12 de abril de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretaria:
Adriana Vázquez Godínez.
Tipo: Tesis Aislada
INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO
174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, QUE
PERMITE SU PACTO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO
HUMANO DE PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS.
La usura en su sentido gramatical se define como el interés excesivo en un
préstamo. Por su parte, el artículo 78 del Código de Comercio consagra el
principio pacta sunt servanda, esto es lo estipulado por las partes, en
cualquier forma que se haya establecido, debe ser llevado a efecto. Empero,
esa libertad contractual tiene la limitante prevista en el numeral 77 de la
codificación en cita, que se refiere a que tiene que versar sobre convenciones
lícitas. En vista de ello, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
-suscrita el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve en
San José de Costa Rica, que entró en vigor el dieciocho de julio de mil
novecientos setenta y ocho, de exigibilidad en México a partir del
veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno- establece en su
artículo 21, numeral 3, que la usura y cualquier otra forma de explotación
humana por el hombre, deben ser motivo de prohibición legal; luego, dicha
disposición se trata de un derecho fundamental, pues el artículo 1o. de la
Carta Magna amplía el catálogo de éstos no sólo a los contenidos en el
ordenamiento supremo del orden jurídico nacional, sino también en los
tratados internacionales aprobados por el Estado Mexicano. En ese orden de
ideas, se destaca que el artículo 174, segundo párrafo, de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito no fija límite para el pacto de intereses en
caso de mora en un título de crédito, pues la voluntad de las partes rige -en
principio- para dicho acuerdo, en correlación con el mencionado numeral 78
de la codificación mercantil, y con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que proscribe la usura. De ello se colige que si bien la legislación
mercantil contempla la posibilidad de cobrar intereses por los préstamos,
basada en el principio de libre contratación, en atención al contenido de los
artículos 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 1o. de la Constitución Federal, debe reconocerse la protección al

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deudor frente a los abusos y a la eventualidad en el cobro de intereses
excesivos, por constituir usura. De este modo, permitir que la voluntad de
las partes esté sobre dicha disposición convencional sería solapar actos de
comercio que conculquen derechos humanos. Así, el artículo 77 del Código
de Comercio, es acorde con el texto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y con el de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, al regular que los pactos ilícitos no producen
obligación ni acción; pero la aplicación del artículo 174 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito en el sentido de permitir el pacto
irrestricto de intereses en caso de mora, es inconvencional, pues tolera que
los particulares se excedan en su cobro con la eventualidad de que éstos
sean usurarios.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Clave: XXX.1o., Núm.: 2 C (10a.)
Amparo directo 193/2012. Pedro Rodríguez Cisneros. 12 de abril de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretaria:
Adriana Vázquez Godínez.
Tipo: Tesis Aislada
INTERESES MORATORIOS. LA DECLARATORIA DE
INCONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, EN RELACIÓN CON EL
ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS, IMPLICA LIMITAR EL COBRO DE AQUÉLLOS, AL
REDUCIRLOS HASTA EL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL, Y NO LA
ABSOLUCIÓN DE SU PAGO, NI FIJARLOS HASTA EL MONTO DEL
INTERÉS LEGAL.
En la tesis de rubro: "INTERÉS USURARIO. SE CONSIDERA A LA
UTILIDAD POR MORA QUE EXCEDA DEL TREINTA Y SIETE POR
CIENTO ANUAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE
LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.",
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1734, este
tribunal consideró que una ley más acorde que el Código Penal Federal para
la protección del derecho humano reconocido en el artículo 21, numeral 3,

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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que conmina a la
prohibición en ley de la usura- es el artículo 48, fracción I, de la Legislación
Penal para el Estado de Aguascalientes, que señala que ésta se da cuando un
interés convencional evidente o encubierto excede de un treinta y siete por
ciento anual; ahora bien, el pronunciamiento de la declaratoria de
inconvencionalidad del artículo 174 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito determina un límite para el cobro de intereses
moratorios, cuyo efecto es que, en caso de que los réditos se excedan, el Juez
deberá reducirlos a ese porcentaje, sin que esto implique la absolución de su
pago, o su reducción hasta el interés legal. Ello es así, porque si bien del
artículo 77 del Código de Comercio se advierte que las convenciones ilícitas
no producen obligación ni acción, no debe pasar inadvertido que la materia
mercantil supone, per se, la existencia de una ganancia. En efecto, los
préstamos en dinero llevan aparejado el pago de un dinero extra por
concepto de intereses, lo que es lógico pues, de lo contrario, ningún
prestamista se desprendería de un dinero que con riesgos recuperará en el
futuro, sin poder disponer de él durante la vigencia del préstamo. Por tanto,
partiendo de la premisa de que primigeniamente existe voluntad de las
partes en el pacto de intereses; que se trata de la materia mercantil y que,
atento al control de convencionalidad ejercido, se protege el derecho
humano contenido en el numeral 3 del artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, al proscribir que en el cobro de
intereses moratorios éstos no sean usurarios, se considera correcto que, para
su reducción (en caso de que éstos se excedan del porcentaje que para el
delito de usura prevé el artículo 48, fracción I, de la legislación penal para el
Estado), se esté a lo dispuesto en el artículo 2266 de la codificación
sustantiva civil local, que impone que el interés convencional no podrá
exceder de treinta y siete por ciento anual y sanciona la transgresión a lo
anterior de la manera siguiente: "En caso de exceder la tasa del interés
convencional, el Juez de oficio, deberá disminuirla hasta establecerla dentro
de los límites del presente artículo."
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Clave: XXX.1o., Núm.: 4 C (10a.)
Amparo directo 193/2012. Pedro Rodríguez Cisneros. 12 de abril de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretaria:
Adriana Vázquez Godínez.

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Tipo: Tesis Aislada
CORREDORES PÚBLICOS. LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL
SEIS, AL ARTÍCULO 6o., FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE
CORREDURÍA PÚBLICA, QUE LOS AUTORIZA PARA CERTIFICAR Y
COTEJAR LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 A
50 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO INCLUYE LA FACULTAD DE
CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES DONDE SE OTORGAN
PODERES POR SER ACTOS DE NATURALEZA CIVIL.
La jurisprudencia 1a./J. 15/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 98, de rubro:
"CORREDORES PÚBLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA
CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN QUE SE OTORGAN
PODERES.", sigue teniendo vigencia a pesar de que aun cuando por
reforma a la fracción VII del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría
Pública se haya facultado a los corredores para certificar los documentos
mercantiles a que se refieren los artículos 33 a 50 del Código de Comercio,
puesto que la exposición de motivos y el proceso legislativo revelan que esta
modificación tuvo como finalidad clarificar las facultades de dichos
fedatarios respecto de los que tienen la calidad de documentos mercantiles,
no así de los que tienen la naturaleza civil, como los poderes otorgados por
notarios públicos, no obstante que se encuentren incluidos, entre aquéllos
"cualesquiera otros documentos en que se consignen contratos, convenios o
compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones", como reza el
numeral 49 del aludido código, ya que la generalidad apuntada encuentra
como límite la naturaleza mercantil, de la cual están desprovistos los
poderes notariales.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Clave: XIV.T.A., Núm.: 2 L (10a.)

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Amparo en revisión 65/2012. Ulises Enrique Picazo Santiago y otro. 4 de
mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Flores García.
Secretaria: Vanessa Cano Pinelo.
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa
jurisprudencial 1a./J. 15/2002, de rubro: "CORREDORES PÚBLICOS.
CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS
NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES.", publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV,
abril de 2002, página 98.
Tipo: Tesis Aislada
COSTAS. SON DE CUANTÍA INDETERMINADA CUANDO SÓLO SE
RECLAMA LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA POR
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.
La jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 119/2010, de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXIII, febrero de dos mil once, página ciento cuarenta y nueve, de rubro:
"COSTAS. PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA
CONTIENDA SE RECLAMAN PRESTACIONES DE CUANTÍA
INDETERMINADA E INDETERMINABLE, DEBE ATENDERSE ADEMÁS
DEL VALOR DEL NEGOCIO, A TODAS LAS CONSTANCIAS QUE
INTEGRAN EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS PRESTACIONES
RECLAMADAS NO SEAN DE CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE
ECONÓMICO.", establece que en los juicios que versan sobre la propiedad
del inmueble, mediante el ejercicio de la acción real, se deberá tomar en
cuenta su valor, y se estará en presencia de un caso de cuantía determinable,
a pesar de que en la demanda no se haya expuesto cantidad alguna como
reclamo, pues en ese caso debe considerarse insuficiente para tener el
asunto como de cuantía indeterminada para resolver el tema de las costas, el
hecho de que no se haya demandado cantidad líquida, pues, para tal efecto,
se debe atender a la relación jurídica narrada en los hechos de la demanda y
a todos los elementos consignados que permitan evaluar pecuniariamente
las prestaciones; por el contrario, en el caso de que se demande únicamente
la rescisión de un contrato de compraventa por incumplimiento de las
obligaciones, además de que implica el ejercicio de una acción personal al
discutirse la subsistencia del contrato y no derechos reales, no es dable

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estimar que se trate de un negocio de cuantía determinable sino, por lo
general, en principio, será de cuantía indeterminada, en razón de que el
efecto jurídico en comentario no involucra el costo del inmueble, sino
únicamente el tema referente al incumplimiento de las obligaciones
asumidas en el contrato.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.9o.C., Núm.: 11 C (10a.)
Amparo en revisión 129/2012. María Teresa Correa Solís y otro. 17 de mayo
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero
Contreras. Secretaria: Miriam Aidé García González.
Tipo: Tesis Aislada
CUENTAS BANCARIAS. SU EMBARGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIA SE PERFECCIONA CUANDO EL JUEZ REQUIERE LA
EXHIBICIÓN DEL NUMERARIO CORRESPONDIENTE, Y EL DINERO SALE
DEL PATRIMONIO DEL EJECUTADO EN CUANTO EL BANCO EXPIDA EL
BILLETE DE DEPÓSITO.
El embargo de cuentas bancarias es un acto que por la fácil realización del
bien afectado sólo depende de que se cumpla la condición de que el Juez
requiera a la institución de crédito a exhibir el numerario correspondiente a
la cuenta bancaria embargada para que el banco proceda a entregar aquél y
la liberación del billete de depósito, por sí mismo, implica que el dinero de
dicha cuenta ya ha salido del patrimonio del cuentahabiente, porque se ha
documentado materialmente el medio de transferencia de esos recursos a
disposición del Juez. Así pues, la fase ejecutiva de sentencia atañe a la
liquidación de un crédito reconocido en la sentencia definitiva, su mayor o
menor duración respecto de los pasos procedimentales a cumplir, difieren
según la naturaleza de los bienes embargados cuando el ejecutado no hace
pago inmediato y voluntario de aquél, pero en todos ellos se prevé un acto
final que es la satisfacción del crédito citado a través del remate o bien de la
entrega de los bienes muebles de fácil realización, como el dinero. Este
último aspecto es fundamental, porque se parte del hecho de que la fase
ejecutiva inicia ante la falta de cumplimiento voluntario por el vencido, en
que se le requiere de pago y ante su falta, se embargan bienes suficientes

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para hacer efectivo aquél, se procede a su valuación y remate respectivo,
para que con el dinero habido se le cubra el importe del crédito, o bien, se le
adjudique por remate. Cuando se embarga dinero o se está en los casos
análogos, como el embargo de una cuenta bancaria, se trata de un bien que
puede entregarse inmediatamente al ejecutante porque no hay ningún otro
trámite que hacer, más que la simple entrega a través del endoso del billete
de depósito respectivo, que implica que el dinero ya salió del patrimonio del
ejecutado a través de un acto del banco que se traduce en el cumplimiento
de una orden judicial previamente emitida. Por tanto, en este caso, entregar
inmediatamente el dinero a través, en su caso del endoso del billete de
depósito respectivo, supone un acto de traslado del dinero a favor del
ejecutante que se verifica con la puesta a su disposición; pero el dinero salió
del patrimonio del deudor desde que se embargó la cuenta bancaria en
ejecución de sentencia y se materializó cuando la institución expidió y
entregó el billete de depósito al juzgado y la orden de entrega es solamente
el acto necesario para que pueda endosarse el billete ejecutante; pero por
virtud del embargo el dinero ya no está en el patrimonio del deudor.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 1044 C (9a.)
Amparo en revisión 43/2011. Alcal, S.A. de C.V. 14 de abril de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis
Evaristo Villegas.
Tipo: Tesis Aislada
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. EL ARTÍCULO
1171 DEL CÓDIGO DE COMERCIO ES VIOLATORIO DE ÉSTE.
El artículo 17 de la Constitución Federal establece el derecho de toda
persona a acudir a los tribunales del Estado Mexicano para que se le
administre justicia. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos prevé que todo individuo tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido. Ambos dispositivos consagran el derecho
fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. Pues bien, tanto
la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de

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Derechos Humanos han coincidido en que para respetar, en forma plena, el
derecho fundamental en comento, el Juez debe garantizar que la sentencia
que llegue a dictarse podrá materializarse en el mundo fáctico. De no ser así,
la tarea jurisdiccional sería ilusoria. Es decir, de nada serviría dictar una
sentencia si ésta no podrá cumplirse. En consecuencia, los Jueces deben
utilizar todos los medios a su alcance para asegurar la materialización del
fallo. Entre esos medios se encuentran las providencias precautorias, las
cuales fueron implementadas por el legislador para evitar que surjan
obstáculos que dificulten o impidan la ejecución de la condena. Pues bien, el
artículo 1171 del Código de Comercio prohíbe la aplicación de otras
medidas precautorias distintas al arraigo y al secuestro. Al establecer dicha
prohibición, el referido dispositivo impone límites a la obligación del Juez
de garantizar el cumplimiento de la sentencia, lo cual es injustificable. Esto,
porque el Juez debe salvaguardar un derecho fundamental y, por esa razón,
puede acudir a la totalidad de los medios previstos en el orden normativo
para ese efecto. Así, la actuación del Juez no puede limitarse a dos
providencias específicas, sino que éste podrá acudir a cualquier medida
prevista en el derecho civil, dentro del cual se ubica el derecho mercantil,
que estime eficaz para asegurar la materia del juicio, según la naturaleza de
los derechos reclamados. De ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito se
aparte del criterio sostenido en la tesis I.3o.C.623 C, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en junio de dos mil siete,
Tomo XXV, página 1130, de la Novena Época.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 13 C (10a.)
Amparo en revisión 253/2011. Víctor M. González García. 14 de octubre de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro.
Nota: Esta tesis se aparta del criterio sostenido por el propio tribunal en la
diversa I.3o.C.623 C, de rubro: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN
MATERIA MERCANTIL, SU REGULACIÓN ESPECIAL NO ADMITE
SUPLETORIEDAD DE LA LEY ADJETIVA LOCAL O FEDERAL."
Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima

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Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 1860, se publica
nuevamente con la modificación en el texto que el propio tribunal ordena.
Tipo: Tesis Aislada
DIVORCIO. AUNQUE LA ACCIÓN CON LA QUE SE PROMUEVE EL JUICIO
RELATIVO ES UN DERECHO PERSONALÍSIMO DE QUIENES LO
SOLICITAN, EL JUEZ DEBE LLAMAR A LOS MENORES DE EDAD QUE
PUDIERAN RESULTAR AFECTADOS PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE
ESTIMEN CONVENIENTE, EN RESPETO Y GUARDA DEL INTERÉS
SUPERIOR DEL MENOR EMANADO DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
Las autoridades que conozcan de un juicio en el que estén involucrados
intereses de menores de edad, deben darles la oportunidad de emitir su
opinión en aquél, en respeto de su derecho a ser escuchados, pues deben
valorarse, en primer término, sus derechos, los que deben ser preservados
en todo momento por las autoridades que conozcan del juicio, en respeto y
guarda del interés superior del menor que emana de los artículos 1 a 5 y 7 a
12 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Por tanto,
aunque la acción con la que se promueve el juicio de divorcio es un derecho
personalísimo de quienes lo solicitan, la determinación que se tome podría
repercutir en la esfera de los derechos de los menores, porque podría
decidirse sobre cuestiones como la pérdida de la patria potestad, la pensión
alimenticia provisional y definitiva, y la guarda y custodia, en su caso, por
lo que el Juez debe llamarlos al procedimiento a efecto de que manifiesten lo
que estimen conveniente, en respeto y guarda del interés superior del
menor que emana de la citada convención.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Clave: XVII., Núm.: 1 C (10a.)
Amparo directo 979/2011. 10 de febrero de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: Héctor Manuel Flores Lara, secretario de tribunal autorizado por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Salvador Alberto
Nassri Valverde.

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Amparo directo 1019/2011. 16 de febrero de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: José Luis Gómez Molina. Secretario: Ismael Ruiz Villanueva.
Amparo directo 101/2012. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: María Teresa Zambrano Calero. Secretaria: Mara Cristina Flores
Morales.
Tipo: Tesis Aislada
EMBARGO EN EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO MERCANTIL, AL TENER
UNA REGULACIÓN ESPECIAL PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL CÓDIGO
DE COMERCIO ES INAPLICABLE LA SUPLETORIEDAD A QUE SE REFIERE
EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA
EL ESTADO DE SONORA.
Cuando en la demanda de amparo se alega que el juicio de donde emana el
acto reclamado inició con anterioridad a la vigencia del Código de Familia
para el Estado de Sonora y, por ello, debe sustanciarse y resolverse de
conformidad con las normas aplicables al momento de su inicio o sea el
Código Civil de la entidad, como lo establece el citado artículo transitorio,
en razón de que éste advierte la forma en que será aplicable dicha
legislación, tal circunstancia no resulta aplicable en los casos en donde la vía
bajo la cual fue promovido el juicio de origen, lo es la mercantil y no la civil;
toda vez que el acto reclamado en el juicio de amparo fue el embargo
sufrido por un tercero ajeno a un procedimiento mercantil, el que se
sustanciará conforme al Código de Comercio según sus artículos 1391 a 1414
Bis 20; de ahí que si lo reclamado en el juicio de amparo es el embargo
trabado al bien mueble del tercero extraño al procedimiento ejecutivo
mercantil, adverso a lo reclamado por el disidente, la legislación aplicable es
la mercantil y no el Código Civil o el de Familia, en virtud de que el hecho
de que el transitorio tercero del Código de Familia para el Estado de Sonora
establezca que los juicios que se encuentren en trámite a su entrada en vigor,
se sustanciarán y resolverán de conformidad con las normas aplicables al
momento de su inicio, ello no significa que esta disposición se aplique
supletoriamente a los procedimientos del orden mercantil, cuenta habida
que dicho transitorio se refiere a normas procesales y no sustantivas, como
sería el régimen matrimonial y al hacer referencia a los juicios, se refiere a
los familiares o civiles, no a los de naturaleza mercantil, por lo que resulta

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inaplicable al caso en estudio. Máxime, que el artículo 1063 establece que los
juicios mercantiles se sustanciarán de acuerdo a los procedimientos
aplicables conforme al Código de Comercio, las leyes especiales en materia
de comercio, y en su defecto, por el Código Federal de Procedimientos
Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local,
razón por la que, si el presente ordenamiento prevé una regulación especial
-en el caso el procedimiento para el embargo-, es éste y no la codificación
civil ni de familia el que debe aplicarse.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
Clave: XII.3o.(V Región), Núm.: 6 C (10a.)
Amparo en revisión 271/2012. Manuel Rangel Montoya. 12 de abril de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Eucebio Ávila López. Secretario: Carlos
Antonio Robles Juárez.
Tipo: Tesis Aislada
EMPLAZAMIENTO ATENDIDO POR UN MENOR DE DIECIOCHO PERO
MAYOR DE DIECISÉIS AÑOS, NO RESULTA ILEGAL.
Los artículos 23 y 646 del Código Civil para el Distrito Federal establecen
que la mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos, por lo
que una persona de menor edad está restringida respecto de su capacidad
de ejercicio. No obstante lo anterior, el derecho sustantivo civil, laboral y
administrativo contempla diversos supuestos que describen los actos que un
menor de dieciocho años, pero mayor de dieciséis, puede realizar
válidamente, atendiendo a su madurez mental, tales como el otorgamiento
de testamento, la celebración del matrimonio y de capitulaciones
matrimoniales, gravar un inmueble, la obtención de permisos de
conducción de vehículos, así como la celebración de un contrato de trabajo;
por ende, tratándose de la hipótesis relativa a que el emplazamiento es
atendido por una persona cuya edad oscila entre los dieciséis y los dieciocho
años cumplidos, la diligencia de mérito no resulta ilegal, en virtud de que
un menor de edad en las apuntadas características está en aptitud física e
intelectual de entender los motivos por los cuales un funcionario judicial
busca a determinada persona, así como de informarle las circunstancias
peculiares que lo vinculan con el demandado, ya que en este caso específico,

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la capacidad de ejercicio no se ve comprometida en la diligencia de
emplazamiento, en tanto que no es el menor de edad el emplazado, sino
sólo un intermediario entre el personal judicial y el destinatario del
emplazamiento.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 32 C (10a.)
Amparo en revisión 103/2012. Inmobiliaria Creación, S.A. de C.V. 4 de mayo
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:
Sandra Luz Marín Martínez.
Tipo: Tesis Aislada
EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. EL REQUISITO RELATIVO
A LA CIRCUNSTANCIACIÓN DE LA FALTA DE FIRMA DE LA PERSONA
CON QUIEN SE ENTREVISTE EL ACTUARIO, SI ÉSTA NO SUPIERE O NO
QUISIERE HACERLO, OPERA TAMBIÉN PARA EL CITATORIO PREVIO Y
SU OMISIÓN LO TORNA ILEGAL.
De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 39/2011, de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veinticuatro
del Tomo XXXIII, mayo de dos mil once, de la Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIÓN.
CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA
DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA
CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO
CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL.", que establece que para que el
emplazamiento sea válido, el actuario debe asentar en el acta de dicha
diligencia, la causa, motivo o razón de la falta de firma de la persona con
quien la entendió. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 317
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al
Código de Comercio, el requisito de mérito no debe entenderse únicamente
para el acta de emplazamiento (cédula de notificación); sino también
respecto al citatorio previo, sin que obste a lo anterior que dicha formalidad
no esté explícitamente prevista para esta diligencia, toda vez que tal
obligatoriedad emana de una lectura sistemática del propio código adjetivo,
así como del principio lógico de que el citatorio constituye una actuación

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previa a la verificación del emplazamiento, la que para su validez legal es
menester que cumpla con las mismas formalidades del emplazamiento
propiamente dicho, entre las que se encuentra la circunstanciación por parte
del funcionario judicial que la lleva a cabo, de dar certeza de que aquél fue
recibido por la persona con quien entendió la diligencia lo cual se logra
asentando su firma o, en su caso, las razones de por qué no obra, si ésta no
supiere o no quisiere hacerlo, ya que tal omisión lo torna ilegal.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO,
COAHUILA.
Clave: VIII.3o.(X Región), Núm.: 1 C (10a.)
Amparo en revisión 244/2012. Jorge Nicolás Baltazar Villaseñor Yunes. 21 de
mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Octavio García
Ramos. Secretario: Carlos César Morales Ortiz.
Amparo en revisión 232/2012. María Irene Ornelas Loera. 21 de mayo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Octavio García Ramos.
Secretaria: Belén Alarcón Cortés.
Amparo en revisión 263/2012. José Luis Romero Venegas. 21 de mayo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Rodríguez Soto. Secretario:
César Cipriano Cerda Contreras.
Tipo: Tesis Aislada
EMPLAZAMIENTO. LA FRASE "CUALESQUIERA OTRA PERSONA QUE
VIVA O SE ENCUENTRE DENTRO DEL DOMICILIO", CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 112 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL
ESTADO DE JALISCO, TAMBIÉN APLICA PARA PARIENTES Y
EMPLEADOS DEL DEMANDADO CUANDO LA DILIGENCIA RESPECTIVA
NO SE ENTIENDA DIRECTAMENTE CON ÉSTE.
Es de explorado derecho que el emplazamiento es la notificación más
importante en un juicio, porque por él se hace saber al demandado lo que le
reclama el actor y, de esta manera, se encuentra en condiciones de
defenderse adecuadamente. También se ha determinado que su falta y
práctica defectuosa son las violaciones procesales de mayor magnitud y de
carácter más grave. Por tanto, si se considera la importancia de la figura de

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que se trata, ha de buscarse la interpretación que cumpla con la razón de ser
de dicha institución, de suerte que cuando el precepto citado establece que
la cédula, las copias o los citatorios "se entregarán a los parientes o
empleados del interesado o en su defecto a cualesquiera otra persona que
viva o se encuentre dentro del domicilio", se entiende que abarca tanto a los
parientes y empleados del buscado, como a cualquier otra persona diferente
de aquellos con la que se entienda la diligencia respectiva, para que de esa
manera se cumpla con el objetivo primordial del emplazamiento, que es
garantizar, en la medida de lo posible, que el demandado tenga noticia
cierta y real del inicio de un juicio en su contra, así como de sus
consecuencias, para que a la vez pueda defenderse y hacerse efectiva la
garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; máxime si se toma en cuenta que el
diligenciario no tiene la obligación de investigar si es verídica la
información que le proporcionan las personas con quien entiende esa
diligencia, de lo que se concluye que cuando el emplazamiento no se
practica directamente con el interesado, sino con un pariente, empleado o
cualquier otra persona, el funcionario debe asentar que el entrevistado dijo
vivir o se encuentra dentro del domicilio del demandado; de lo contrario el
emplazamiento se considera irregular.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER
CIRCUITO.
Clave: III.5o.C., Núm.: 2 C (10a.)
Amparo en revisión 549/2011. Manuel González García. 15 de marzo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario:
César Augusto Vera Guerrero.
Tipo: Tesis Aislada
FACTORAJE FINANCIERO. LA NOTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DE
CRÉDITOS TRANSMITIDOS A EMPRESAS DE ESTA NATURALEZA,
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO DEBE
REALIZARSE AL DEUDOR DE DICHOS CRÉDITOS, POR LO QUE NO ES
NECESARIO QUE SE NOTIFIQUE AL SOLIDARIO DEL CONTRATO
RELATIVO.

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El citado artículo dispone que tratándose de factoraje financiero, además del
contrato y del estado de cuenta, que se exhiban como títulos ejecutivos, se
deberá contar con los documentos que demuestren los derechos de crédito
transmitidos a las empresas de esta naturaleza, notificados debidamente al
deudor. En ese contexto, resulta claro que el deudor al que se refiere es a
quien tenga ese carácter en el crédito transmitido a la empresa relativa. De
tal suerte que si en dicho crédito sólo es deudor quien intervino en el
contrato (persona física o moral que realice actividades empresariales), la
notificación de mérito únicamente debe realizarse a éste, no a quien hubiera
intervenido como deudora solidaria en el contrato de factoraje financiero,
porque éste es diverso del crédito cedido por un proveedor a la empresa de
factoraje financiero.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 28 C (10a.)
Amparo directo 20/2012. Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más. 19 de abril de 2012. Unanimidad de
votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: Ricardo Núñez Ayala.
Tipo: Tesis Aislada
FALSEDAD IDEOLÓGICA DEL TÍTULO DE CRÉDITO POR FALTA DE
ENTREGA DEL DINERO. EL DEUDOR DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA
DE LA RELACIÓN JURÍDICA, PARA TENER POR DEMOSTRADA ESA
EXCEPCIÓN.
De acuerdo con las tesis de rubros: "APERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA
EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. SU APROVECHAMIENTO
NO IMPLICA LA EXISTENCIA DE FALSEDAD IDEOLÓGICA O
SUBJETIVA." y "TÍTULOS DE CRÉDITO, FALSEDAD IDEOLÓGICA O
SUBJETIVA EN LOS.", sustentadas por el Pleno y la Tercera Sala, de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecen publicadas con la
clave o número de identificación P./J. 58/98 en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página
366 y en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Cuarta

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Parte, Volúmenes 163-168, página 117, respectivamente, la falsedad
ideológica puede ser descrita como un acto voluntario de las partes de hacer
constar en un título de crédito algo que en realidad no sucedió, que ocurre
por ejemplo, cuando no se ha entregado el dinero. Sin embargo, someter la
falsedad ideológica a esa situación como único elemento con base en el cual
aquélla se actualiza, aborda de manera parcial el problema, pues se pierde
de vista que un título de crédito no tiene como única función fungir como
un instrumento de préstamo a mediano o corto plazo, pues tiene entre otras
funciones: transportar y almacenar el dinero; agilizar el pago de
obligaciones líquidas, facilitar la transferencia de fondos, fungir como un
instrumento de garantía del pago de un servicio o de un bien, de cualquier
manera indefectiblemente habrá un acto jurídico con el cual se encuentre
vinculado. Dada la naturaleza de prueba preconstituida que tiene un título
de crédito, de consignarse en él el alcance y medida del derecho y la
obligación, el titular del documento no requiere probar la relación jurídica
subyacente que haya dado origen al pagaré. No obstante, esa relación puede
ser invocada por el deudor, como excepción a la acción de pago. En este
caso, corresponderá al demandado demostrar la existencia de esa relación
jurídica, para tener por actualizada la defensa que invoca, como puede ser
que el acreedor no le hizo entrega del dinero que como promesa
incondicional de pago se consigna en el título de crédito; por lo que la
premisa preliminar que debe demostrar es, primero la existencia de la
obligación (celebración del contrato de crédito), que ésta es exigible (porque
la fecha pactada para el cumplimiento de la obligación ya se actualizó) y que
siendo exigible el deudor -en esa relación acreditante-acreditado- incumplió
(falta de entrega del dinero); lo cual, además, demostrada la existencia de la
obligación y que ésta es exigible, releva al acreedor de demostrar el tercer
elemento, puesto que es a cargo del deudor la demostración que ha
realizado el pago, en el caso, la entrega del dinero.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 30 C (10a.)
Amparo directo 713/2011. Grupo Porcícola de Yucatán, S.A. de C.V., y otro.
8 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva
Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín Martínez.

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Tipo: Tesis Aislada
INTERÉS MORATORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 BIS DE LA LEY
GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE
SEGUROS. MECANISMO PARA SU CÁLCULO.
El artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros hace referencia a dos sanciones para la aseguradora
cuando ésta no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de
seguro, a saber: el pago de una indemnización por mora, y, el pago de un
interés moratorio. Conforme a las fracciones I y IV del citado precepto, el
interés moratorio se determina siguiendo estos pasos: 1. Se toma como base
la obligación principal asumida en el contrato, pero denominada en
unidades de inversión, conforme a su valor en la fecha de su conversión
(fracción I). 2. La tasa aplicable o tasa de referencia, conforme a la cual se
determinarán los intereses, resultará de multiplicar por uno punto
veinticinco el costo de captación a plazo de pasivos denominados en
unidades de inversión de las instituciones de banca múltiple del país,
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación,
correspondiente a cada uno de los meses en que exista la mora (segunda
parte de la fracción I). 3. Como los intereses moratorios se generan por día,
desde aquel en que se hace exigible legalmente la obligación principal y
hasta el día inmediato anterior a aquel en que se efectúe el pago, para
determinar el interés deberá dividirse el resultado que se obtenga de la
operación referida en el punto 2 (tasa de referencia) entre trescientos sesenta
y cinco, esto será igual al interés moratorio diario. 4. Dicho resultado deberá
multiplicarse por el número de días de cada mes de mora, obteniéndose así
el interés moratorio de cada mes (fracción IV). 5. Aun cuando el citado
artículo 135 Bis no refiere expresamente dentro del mecanismo para
cuantificar los intereses moratorios, la división de lo obtenido como interés
moratorio de cada mes entre cien, lo cierto es que tal operación aritmética se
encuentra implícitamente considerada dentro del propio numeral, al
referirse éste a la tasa conforme a la cual se determinarán los intereses,
porque una tasa equivale a un porcentaje "X" de un cien por ciento; luego,
para que el resultado de las operaciones descritas efectivamente se vea
reflejado como un porcentaje o tasa, debe, conforme a las reglas
matemáticas y a la fórmula para calcular el interés simple, dividirse entre el
cien por ciento. 6. El interés moratorio de cada mes (una vez referido en
porcentaje, o sea, dividido entre cien) se multiplicará por el monto de la
suerte principal convertida en unidades de inversión (fracción I, segundo

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párrafo). 7. Al final, los resultados obtenidos deberán sumarse, para luego
multiplicarse por el valor de las unidades de inversión al momento del
pago, de acuerdo con lo previsto en la primera parte de la fracción I del
artículo en comento y así obtener en pesos el monto total adeudado por
intereses moratorios.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.7o.C., Núm.: 22 C (10a.)
Amparo en revisión 132/2012. Xóchitl Valdez Ojeda y otros. 17 de mayo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García.
Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.
Tipo: Tesis Aislada
NOTARIO PÚBLICO. ACTÚA CON NEGLIGENCIA CUANDO NO INFORMA
AL CONTRATANTE DE SUS SERVICIOS QUE EL ACTO JURÍDICO
CELEBRADO ANTE SU FE, NO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD.
En términos de los artículos 3, 7 y 26 de la Ley del Notariado para el Distrito
Federal la función notarial es la facultad otorgada por la ley al notario para
que se reconozca como cierto lo que éste asiente en las actas o escrituras
públicas que redacte, salvo prueba en contrario. La función del notario es un
tipo de ejercicio profesional del derecho, el cual se establece de manera
imparcial, calificada, colegiada y libre. Se establecen como principios
regulatorios de esa función, entre otros, obrar con estricto apego a la
legalidad aplicable al caso concreto, de manera imparcial, preventiva,
voluntaria y auxiliar de la administración de justicia, respecto de asuntos en
que no haya contienda. Asimismo, tal función debe prestarse más allá del
interés del solicitante, lo que implica cumplir sus procedimientos de
asesoría notarial y de conformación del instrumento notarial en estricto
apego a la norma y de manera imparcial; debe aconsejar a cada una de las
partes o solicitantes del servicio, sin descuidar los intereses de la contraparte
en lo justo del caso de que se trate. La función autenticadora deberá
ejercerse de manera personal y en todas sus actuaciones de asesoría,
instrumentación y juicio, conducirse conforme a la prudencia jurídica e
imparcialmente. De igual forma los artículos 15 Bis y 223 de la misma ley,

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establecen como obligaciones del notario público informar de los beneficios
fiscales y facilidades administrativas que en su caso aplicará al trámite; dar
información al usuario del servicio en cualquier etapa del procedimiento
que realice ante él y, en caso de no dar cumplimiento a alguna de esas
obligaciones, puede incurrir en responsabilidad. De ahí que, el
reconocimiento por parte del fedatario público de que durante cierto
periodo, la contratante de sus servicios sostuvo en repetidas ocasiones
comunicación con él y con el personal de la notaría, requiriéndoles la
entrega de la escritura con el respectivo folio del Registro Público de la
Propiedad, dando como respuesta el notario público y su personal que
aquélla se encontraba en trámite, es suficiente para estimar que el notario
público demandado actuó con negligencia frente a la actora, si durante todo
ese tiempo estuvo en aptitud de comunicar a la contratante del servicio, que
no había sido posible inscribir en el Registro Público de la Propiedad la
escritura y el trámite que se encontraba realizando para tal efecto. Si bien el
proceso registral no depende del notario público, sino del Registro Público
de la Propiedad, lo cierto es que si el profesionista no se lo comunicó a su
contratante y si él era el encargado de llevar el trámite de inscripción, debe
entenderse que tenía conocimiento del estado que guardaba ese
procedimiento. Luego, no se censura el tiempo que el Registro Público de la
Propiedad pudo dilatarse en efectuar el trámite de la inscripción, sino la
dilación y el ocultamiento a la usuaria del servicio de que no se pudo
realizar la inscripción ante dicho registro, por lo cual el notario público
actúa con negligencia y su actuar es imprudente, si a sabiendas de que no
fue posible la inscripción, en repetidas ocasiones informa que ese
procedimiento se encuentra en trámite, lo cual debe entenderse, dada su
calidad de profesional jurídico, que puede prever la posibilidad de
ocasionar un daño a la contratante de sus servicios, dado que en términos
del artículo 3012 del Código Civil para el Distrito Federal, tratándose de
inmuebles, su falta de inscripción en el Registro Público no surte efectos
contra terceros.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 31 C (10a.)
Amparo directo 721/2011. María Leticia Fuerte Reyes. 8 de diciembre de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:

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Sandra Luz Marín Martínez.
Tipo: Tesis Aislada
PAGO DE HONORARIOS. SU RECLAMO NO SE JUSTIFICA MEDIANTE LA
ALEGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VULNERADOS, SINO A TRAVÉS
DE LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
Cuando se acude a juicio reclamando el pago de honorarios bajo la premisa
de la celebración de un contrato verbal de prestación de servicios
profesionales, se tiene sólo una expectativa de derecho que para ser capaz
de engendrar consecuencias legales, debe justificarse a través de los
mecanismos y procedimientos a que se refiere la propia Constitución y que
se encuentran desarrollados en las leyes ordinarias. En este supuesto,
conforme al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, el actor debe acreditar la celebración del contrato y los
términos del mismo y si no cumple con tal carga probatoria, no es factible
que bajo la bandera de la violación a sus derechos humanos, al transgredirse
la prerrogativa a una justa retribución por su trabajo, se analice la acción,
dado que la vigencia de los derechos fundamentales no puede sostenerse de
forma hegemónica y totalizadora sobre todas y cada una de las relaciones
que se suceden de conformidad con el derecho privado, en virtud de que en
estas relaciones normalmente encontramos a otro titular de derechos, lo que
provoca una colisión de los mismos y su necesaria ponderación por parte
del juzgador, a través de las normas del procedimiento, pues sólo así, la
estructura y contenido de cada pretensión permitirán determinar qué
derechos deben prevalecer sobre otros, estableciéndose así una congruencia
y correlación entre las leyes procesales y los derechos humanos. Luego,
cuando las pruebas aportadas son insuficientes para demostrar el reclamo
de los honorarios, es antijurídico que alegando violación a los derechos
humanos laborales previstos en el artículo 5o. del Pacto Federal se pretenda
justificar su procedencia, porque ello además de alterar las normas adjetivas
en perjuicio de terceros, quebrantaría el equilibrio que debe existir entre
éstas y los derechos humanos.

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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.7o.C., Núm.: 23 C (10a.)
Amparo directo 293/2012. Ortiz, Sosa, Ysusi y Cía., S.C. 31 de mayo de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García.
Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.
Tipo: Tesis Aislada
PENSIÓN ALIMENTICIA. LA CANCELACIÓN DE ESTE DERECHO
CORRESPONDE DILUCIDARSE EN LA VÍA ORDINARIA, CONFORME LO
PREVÉ EL ARTÍCULO 1074 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
El artículo 1074 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León establece, que en el procedimiento incidental, no se admitirá ninguna
discusión sobre el derecho a percibir alimentos. De este modo, cuando en un
incidente se pretende la cancelación del derecho a percibir alimentos de los
acreedores alimentistas; se actualiza en contra del promovente la
prohibición establecida en el citado ordinal 1074, entendiéndose que ello
sólo debe intentarse en juicio ordinario.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO
CIRCUITO.
Clave: IV.2o.C., Núm.: 103 C (9a.)
Amparo en revisión 44/2010. 3 de junio de 2010. Mayoría de votos.
Disidente: José Gabriel Clemente Rodríguez. Ponente: Martín Alejandro
Cañizalez Esparza. Secretario: Lázaro Noel Ruiz López.
Amparo en revisión 186/2011. 11 de agosto de 2011. Unanimidad de votos.
Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Secretario: Jesús Alfonso
Valencia Orozco.
Amparo en revisión 542/2011. 8 de marzo de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: Agustín Arroyo Torres. Secratario: Héctor Daniel Huizar Ullóa.

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Tipo: Tesis Aislada
PENSIÓN ALIMENTICIA. SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN PERSONAL, A
LA CUAL, NO LE SON APLICABLES LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VEINTICUATRO DE MAYO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONFORME
AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO, CUANDO
DICHA OBLIGACIÓN SE HAYA DECRETADO CON ANTERIORIDAD A SU
ENTRADA EN VIGOR.
La pensión alimenticia es una obligación de tipo personal, a la cual no le son
aplicables las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis al Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al artículo
primero transitorio de dicho decreto, siempre que se haya contraído con
anterioridad a su entrada en vigor. Lo anterior es así, porque si bien es
verdad que los criterios generales sobre retroactividad de leyes que
establecen que tratándose de leyes procesales, por regla general, no existe
tal figura, no son aplicables en asuntos que versen sobre obligaciones
personales contraídas, ya sea de manera contractual o extracontractual, con
anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reformas publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos
noventa y seis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, ya que su artículo primero transitorio establece un caso de
excepción para tal supuesto. Ello es así ya que, en términos de las
contradicciones de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
rubros: "CRÉDITOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD,
NOVACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DE LOS MISMOS.
INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL
DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN FECHA VEINTICUATRO DE
MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL." y
"CRÉDITOS CONTRATADOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS CON
ANTERIORIDAD, INAPLICABILIDAD DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y
CÓDIGO DE COMERCIO (ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL
DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL VEINTICUATRO DE MAYO

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DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS).", se advierte que dicho
decreto es inaplicable tratándose de "créditos contraídos" o "créditos
contratados" con anterioridad a su entrada en vigor; y se establece que tales
expresiones deben entenderse como todos aquellos derechos personales que
por su propia naturaleza implican el cumplimiento de obligaciones de
carácter pecuniario que el acreedor puede exigir de su deudor mediante el
ejercicio de las acciones jurisdiccionales respectivas, siempre y cuando se
hayan pactado tales créditos previamente a la entrada en vigor de las
modificaciones; sin que se haga referencia privativamente, a los créditos
contratados con instituciones bancarias. De ello, es dable concluir que la
pensión alimenticia a la que resultó condenado el deudor, es una obligación
de carácter pecuniario y personal, que el acreedor puede exigir a su deudor
mediante el ejercicio de las acciones jurisdiccionales respectivas, entonces,
está inmerso en el supuesto de excepción, pues el demandado fue
condenado al pago de la pensión antes de las reformas publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos
noventa y seis, por lo que no es aplicable la regla general tratándose de leyes
procesales. Ello es así, porque del texto de las citadas jurisprudencias se
advierte que se otorgó un amplio alcance a las expresiones "contratados
créditos" y "créditos contraídos", sin que exista límite alguno en cuanto al
tipo de obligaciones pecuniarias de que se trate, ya sea que provengan de
una fuente contractual o de una extracontractual, como acontece en el caso
de los derechos personales que derivan del haber alimentario.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Clave: I.11o.C., Núm.: 6 C (10a.)
Amparo en revisión 410/2011. 1o. de marzo de 2012. Mayoría de votos.
Disidente y Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Rosa
Alejandra Macozay Saucedo.
Nota: Las tesis de jurisprudencia citadas, aparecen publicadas con la clave o
número de identificación 1a./J. 41/98 y 1a./J. 6/99 en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998 y
Tomo IX, febrero de 1999, páginas 129 y 72, respectivamente.
Tipo: Tesis Aislada

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PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS MORALES EN EL JUICIO LABORAL.
PARA TENERLA POR ACREDITADA BASTA LA RELACIÓN, INSERCIÓN O
AGREGADO AL APÉNDICE DE LAS CERTIFICACIONES DE LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES MERCANTILES EN EL TESTIMONIO NOTARIAL
EXHIBIDO, SIN QUE SEA FACTIBLE QUE EN EL JUICIO EN EL QUE
AQUÉLLA SE CUESTIONA SE EXAMINEN LOS POSIBLES VICIOS Y
CONSECUENCIAS DE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Conforme al artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, cuando
quien comparece al juicio laboral actúa como apoderado de una persona
moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta
poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien otorga
el poder está legalmente autorizado para ello; además, la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del
artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la
jurisprudencia 2a./J. 85/2000, visible en la página 112, Tomo XII, septiembre
de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
de rubro: "PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.
REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL TESTIMONIO NOTARIAL
RESPECTIVO, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES MERCANTILES.",
estableció que es necesario que en el instrumento notarial conste, entre otros
requisitos, la duración de la persona moral, lo que se cumple con el mero
registro por escrito, ya sea mediante relación, inserción o agregado al
apéndice de las certificaciones de los documentos que se exhiben, sin que
sea óbice que respecto de dicho tópico se haya especificado como
indeterminada, ya que la duración se establece, de conformidad con el
numeral 6o., fracción IV, de la citada ley, al constituir la persona moral, por
tanto, los vicios en cuanto a su especificación deben controvertirse, en todo
caso, directamente respecto del instrumento que consigna dicho acto
jurídico, por la vía correspondiente, es decir, no es factible que en un
procedimiento laboral cuya controversia es la personalidad que ostenta el
apoderado de una sociedad, se examinen los posibles vicios y consecuencias
de que la duración sea indefinida, que como mera formalidad el notario
hizo constar en el instrumento que consigna el otorgamiento del poder
pues, por un lado, se insiste, el lapso quedó indicado desde la creación de la

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persona moral y, por otro, basta la sola relación, inserción o agregado al
apéndice que de dicho tópico se asiente en el testimonio para tener por
satisfecha esa exigencia.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Clave: XVII.1o.C.T., Núm.: 5 L (10a.)
Amparo en revisión 205/2011. Grupo de Seguridad Privada Pretorian, S.A.
de C.V. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Torres
García. Secretario: Dante Orlando Delgado Carrizales.
Tipo: Tesis Aislada
POSESIÓN. EL RESPETO A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA, ANTES
DEL ACTO DE PRIVACIÓN SE TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE
AMPARO.
La acción de amparo intentada por un tercero extraño que reclame la falta
de emplazamiento y, como consecuencia, todo lo actuado en el juicio en el
que no figura como parte formal ni material, al momento en que presentó la
demanda de garantías, tiene por pretensión principal que se le conceda la
protección constitucional en tutela de la garantía de audiencia previa a fin
de que se le mantenga en la titularidad y goce del derecho que acredite
plenamente en el recurso constitucional, mientras tanto no se le oiga y venza
en un juicio que cumpla con el debido proceso legal. En ese contexto el
recurso de amparo y el juicio natural tienen pretensiones y objeto de tutela
diversa, porque en aquél la pretensión u objeto principal es lograr una
sentencia que declare la protección constitucional respecto de la garantía de
audiencia previa, en la que subyace como objeto indirecto el derecho de
posesión; y el efecto será que no se le prive de tal derecho mientras no se le
oiga y venza en juicio ante autoridad competente, que cumpla con el debido
proceso legal. En cambio, la pretensión principal en el juicio natural consiste
en la declaración de la existencia de un derecho de propiedad y sus
consecuencias jurídicas y materiales, frente a las excepciones y defensas que
pueda oponer el demandado, incluso éste tiene derecho a ejercer acción
principal en reconvención; de ahí que la sentencia que se dicte en ese juicio,
con las instancias respectivas, definirá la existencia o extinción del derecho
sustantivo de propiedad por la naturaleza y objeto de la acción

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reivindicatoria y como consecuencia el derecho de posesión. Entonces,
aunque la sentencia dictada en el juicio de amparo promovido por alguna
de las partes en el juicio natural en el que el quejoso es tercero extraño, tuvo
por efecto que se llamara a ese juicio a éste, tal circunstancia no constituye la
actualización de la causa de improcedencia relativa, puesto que con motivo
de esa concesión el tercero extraño tendrá intervención en el juicio natural y
podrá plantear lo que le convenga respecto del inmueble en litigio en el
juicio natural, en tanto que en la instancia constitucional, no se ventila la
propiedad de ese inmueble sino que se tutelará la posesión y en el juicio
natural se decidirá sobre el derecho de propiedad que afirma la actora,
frente a las excepciones y defensas y en su caso, reconvención, que oponga.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 33 C (10a.)
Amparo en revisión 251/2011. La Federación. 1o. de diciembre de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano
Suárez Reyes.
Tipo: Tesis Aislada
PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPIA Y CALIGRAFÍA. ES ILEGAL SU
DESECHAMIENTO SI SU OFERENTE OMITIÓ ANEXAR EL ORIGINAL O
COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL PERITO, AL NO
TENER OBLIGACIÓN, POR NO ESTAR REGLAMENTADAS DICHAS
MATERIAS COMO PROFESIONES.
De la interpretación literal de los artículos 1252 y 1253, fracciones I, II y III,
del Código de Comercio se advierte: 1. La prueba pericial tiene lugar
cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica,
oficio o industria sobre la que ha de versar el dictamen respectivo. 2. Los
peritos deben tener título, cuando la materia lo requiera para su ejercicio y
se encuentre reglamentada por la Secretaría de Educación Pública. 3. Al
ofrecerse dicha prueba debe señalarse con precisión la ciencia, arte, técnica,
oficio o industria sobre la cual debe procurarse, los puntos sobre los que
versará y las cuestiones a resolver. 4. Deberá anexarse el original o copia
certificada de la cédula profesional, cuando la materia sobre la que versará
se encuentre reglamentada, como la arquitectura, medicina, química,

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etcétera. 5. De no encontrarse reglamentada por la Secretaría de Educación
Pública, únicamente debe señalarse la calidad técnica del perito; y, 6. De
faltar cualquiera de los requisitos mencionados, se desechará de plano la
prueba pericial. Por tanto, como la grafoscopia y caligrafía, no se encuentran
reglamentadas como profesiones por la Secretaría de Educación Pública, el
oferente de la prueba en dichas materias no tiene la obligación de anexar el
original o copia certificada de la cédula profesional del perito designado,
sino únicamente su calidad técnica; consecuentemente, desechar la prueba
por la falta de tal requisito resulta ilegal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.
Clave: VI.1o.C., Núm.: 11 C (10a.)
Amparo directo 470/2011. Abdo Breydy Simon. 25 de octubre de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario:
Martín Amador Ibarra.
Tipo: Tesis Aislada
REASEGURO. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.
Existen diversos tipos de reaseguros, que derivan de sus elementos técnicos
y legales. Entre las clasificaciones más conocidas que plantea la doctrina y
que se retoman en la Circular S-9.2 por la que se dan a conocer a las
instituciones y sociedades mutualistas de seguros, las disposiciones de
carácter general respecto de la forma y términos en que deberán rendirse
informes y pruebas relativas a las operaciones de reaseguro, expedida por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece
de agosto de dos mil ocho, encontramos los reaseguros obligatorios y
facultativos, proporcionales y no proporcionales. En los proporcionales
aparece el de cuota parte y el de excedentes. En los reaseguros no
proporcionales, los de "stop less" agregado y de exceso de pérdida, y en este
último, el reaseguro por riesgo y por evento. En los obligatorios, la empresa
reaseguradora se obliga a aceptar una porción o la totalidad de los
excedentes de un ramo de seguros, que puede ser dentro de un periodo
determinado, y la aseguradora (reasegurada) se obliga a cederlos. Así,
cuando ésta celebre un contrato de seguro respecto de un ramo determinado

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(vida, responsabilidad civil, por ejemplo) se efectuará un contrato de
reaseguro, y ni una ni otra podrán oponerse a no celebrarlo. En el reaseguro
facultativo, se reasegura riesgo por riesgo, la reaseguradora toma una parte
o la totalidad del excedente sobre un riesgo en concreto o categoría de
riesgo, y la asegurada lo cede. En el proporcional, existe una distribución
entre el riesgo retenido y el cedido por la reasegurada a la reaseguradora, lo
que da como resultado que compartan la suerte de los riesgos reasegurados.
Dentro de esa clasificación está el reaseguro de cuota, en el cual la
reaseguradora toma una parte o fracción determinada de todos los riesgos
pertenecientes a un ramo. En los de excedente la reaseguradora asume los
riesgos que exceden el pleno de retención de la reasegurada. En el no
proporcional, el reasegurador auxilia a la aseguradora cuando el pago
relativo a un contrato de seguro supera determinado importe. En éstos se
encuentra, entre otros, el de exceso de pérdida en el cual la reaseguradora se
obliga a tomar parte de los costos de los siniestros que rebasen cierto monto,
previamente pactado por las partes. Superado ese monto, el reasegurador
asume cubrir a la reasegurada el excedente. Mientras el siniestro no supere
cierta cantidad, la reaseguradora no tendrá obligación de cubrirlo, pues esta
obligación estará a cargo de la cedente; sin embargo, una vez rebasado ese
límite, el exceso de la cantidad fijada por las partes, será a cargo de la
reaseguradora.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 1034 C (9a.)
Amparo directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company. 25 de agosto
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:
Sandra Luz Marín Martínez.
Tipo: Tesis Aislada
REASEGURO. CORRESPONDE A LA REASEGURADORA PROPORCIONAR
LOS RECURSOS A LA REASEGURADA PARA QUE ÉSTA CONSTITUYA LA
RESERVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS.
De conformidad con el artículo 54 de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, primer párrafo, en la operación de

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reaseguro practicado con una aseguradora, como reasegurada, que emitió el
seguro directo en el país, por ser la institución cedente, deberá retener e
invertir también dentro del país, en los términos de esta ley, la reserva
técnica por obligaciones pendientes de cumplir. Esa retención será
considerada como depósito a cargo de la reasegurada y la inversión
correspondiente se tendrá hecha por cuenta de la reaseguradora, a quien se
le deberá reintegrar dicho depósito y los rendimientos respectivos de
acuerdo con lo que se convenga. En el segundo párrafo se encuentran dos
oraciones principales, separadas por la conjunción "y", nexo coordinante
que une palabras y oraciones que tienen la misma función. La primera
oración: "La retención a que se refiere el párrafo anterior será considerada
como depósito a cargo de las instituciones cedentes". La segunda oración:
"La inversión correspondiente se tendrá hecha por cuenta de los
reaseguradores a quienes se les deberá reintegrar dicho depósito y los
rendimientos respectivos de acuerdo con lo que se convenga.". Ambas
oraciones tienen como función indicar los efectos de la retención y de la
inversión a que alude el primer párrafo, en relación con el reaseguro de un
seguro directo cedido en el país. La segunda oración señala qué debe
hacerse, en concreto, con la inversión y alude a dos situaciones: 1. Que la
inversión se tendrá hecha por cuenta de los reaseguradores; 2. Que a la
reaseguradora se reintegrarán: a) el depósito; y, b) los rendimientos de
acuerdo con lo que se convenga. La expresión "de acuerdo con lo que se
convenga" se refiere a la manera en que los rendimientos y el depósito de la
inversión respectivos se reintegrarán a la reaseguradora. Eso, porque el
propio precepto señala que la retención a que se refiere el párrafo previo, se
hará por la institución cedente, pero por cuenta de la reaseguradora, a quien
se le restituirá ese depósito. Ese precepto deja a potestad de las partes
convenir las bases en que la reasegurada reintegrará a la reaseguradora los
rendimientos de la inversión, pues en caso de controversia respecto de
quién de las dos debe participar de los rendimientos de la inversión y en
qué medida, se atenderá a lo que se hubiera acordado. De ahí que la
expresión "de acuerdo con lo convenido", debe adjudicarse a la inversión y
no a la retención, pues va precedida de la conjunción "y" dentro de una
oración que habla de la inversión. Además de lo anterior, no debe soslayarse
que el efecto ordinario del contrato de reaseguro es que la reaseguradora
otorgue cobertura a la reasegurada frente al riesgo de su propio
endeudamiento, como consecuencia de la obligación de indemnización que
la reasegurada tiene frente al asegurado primario. Consecuentemente, si la
reaseguradora otorga cobertura a la reasegurada, proporcionando los
recursos para que la primera pague a su asegurado, eso obliga a la

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reaseguradora a asumir las obligaciones concomitantes, inherentes a su
obligación principal, como es la de proporcionar los recursos a su
reasegurada para que constituya e invierta la reserva por obligaciones
pendientes de cumplir. Es decir, si derivado del contrato de reaseguro, es la
reaseguradora quien tendrá que indemnizar a la reasegurada por haberse
actualizado su propio riesgo, es decir, pagar la suma que aseguró al
asegurado primario; entonces, es la reaseguradora la obligada a
proporcionar a la reasegurada los recursos para que constituya esa reserva,
pues está en función de su obligación principal, de asumir el riesgo de su
reasegurada. Esto encuentra fundamento también, en el artículo 1796 del
Código Civil Federal, supletorio al Código de Comercio, que establece que
desde que se perfeccionan los contratos obligan no sólo al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su
naturaleza, son conforme a la buena fe, el uso o a la ley. En suma, el
conjunto de aspectos consistentes en la interpretación del artículo 54, la
finalidad que persigue el reaseguro (dispersión de riesgos); el momento en
que se constituye la reserva y si se invierte por obligaciones pendientes de
cumplir, así como su naturaleza (garantía de pago de la reclamación),
arrojan la convicción de que en términos del precepto mencionado, la
reaseguradora está obligada a proporcionar a su reasegurada los recursos a
fin de que constituya la reserva e invierta las obligaciones pendientes de
cumplir, pues de otro modo no se cumpliría con la finalidad de que la
reasegurada diversifique sus responsabilidades, cuando excedan su
capacidad de pago, al tener que ser ella quien desembolsaría la suma que
implica garantizar el pago por una reclamación. Por tanto, si el reaseguro
tiene por objeto lograr la sana operación técnica y financiera de las
instituciones de seguros, busca garantizar la solvencia y estabilidad de éstas
en aquellas operaciones en que excedan su capacidad de retener un riesgo,
dispersándolo a través de diversos mecanismos, entre los que se encuentra
el reaseguro. No se cumple esa finalidad, ni lo que dispone en concreto el
artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros cuando la reaseguradora no proporciona a su reasegurada los
recursos atinentes a garantizar la obligación que enfrenta, en cuanto a que el
depósito es a cargo de la reasegurada y la inversión se tendrá por hecha a
nombre de la reaseguradora, cuyo depósito se le reintegrará con los
rendimientos de acuerdo con lo que hubieran pactado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

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Clave: I.3o.C., Núm.: 1036 C (9a.)
Amparo directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company. 25 de agosto
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:
Sandra Luz Marín Martínez.
Tipo: Tesis Aislada
REASEGURO. SU NATURALEZA.
El reaseguro es un contrato de seguro entre aseguradores. En éste el
asegurado es la compañía aseguradora que directamente ha tomado un
riesgo de un asegurado (asegurado original) y la aseguradora es la
reaseguradora de la empresa aseguradora. Por virtud de ese acto jurídico, la
aseguradora cede a la reaseguradora el riesgo que ha asumido con un
asegurado primario, a fin de que al actualizarse aquél sea la segunda quien
cubra el pago de la suma asegurada. Con el reaseguro se busca compartir
ese riesgo a través de varias aseguradoras (reaseguradores) al dispersar el
riesgo que significa el monto asegurado o el cúmulo de contratos celebrados
respecto de un mismo ramo, que de actualizarse el riesgo se ponga en
peligro la solvencia de una institución aseguradora. La institución
aseguradora transfiere a un reasegurador una parte o la totalidad de un
riesgo, o de varios riesgos, en los que de realizarse el siniestro pueden llegar
a superar su capacidad de pago, por ende es un mecanismo de solvencia, en
el que la aseguradora renuncia a la utilidad que le reportaría si ella por sí
cubriera el seguro, a fin de que a la reaseguradora le resulte atractivo tomar
el reaseguro, que la reasegurada le transferirá; le transfiere también la prima
pagada por el asegurado primario a la aseguradora. La reaseguradora, a su
vez, paga una comisión a la reasegurada, por haberle cedido el riesgo, el
cual se calcula principalmente de la prima pagada por el asegurado
primario.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 1031 C (9a.)
Amparo directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company. 25 de agosto
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:

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Sandra Luz Marín Martínez.
Tipo: Tesis Aislada
RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO. PARA
SU PROCEDENCIA NO DEBE ATENDERSE AL CRITERIO DE CUANTÍA.
Para la procedencia del recurso de apelación, contra las decisiones
interlocutorias dictadas en un juicio de divorcio por manifestación unilateral
de voluntad, el legislador no previó el criterio de cuantía como un
parámetro, sino que únicamente estableció un supuesto de improcedencia y
otro genérico para fijar su procedencia; indicando que la sentencia dictada
en el juicio de divorcio es inapelable mientras que las interlocutorias
pronunciadas en los incidentes sobre las materias en que las partes no llegan
a celebrar un convenio, podrán recurrirse en apelación. En ese sentido y en
armonía con las reformas al Código Civil y al de Procedimientos Civiles,
ambos para el Distrito Federal, publicadas el tres de octubre de dos mil ocho
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que reglamentaron el juicio de
divorcio por manifestación unilateral de la voluntad, se previó de modo
preciso qué resoluciones interlocutorias eran apelables, sin distinguir si
además debía cumplirse con el requisito de la cuantía, pues se privilegiaron
los bienes jurídicamente tutelados en esas normas que atañen a los derechos
y deberes inherentes a la familia, que no pueden ser susceptibles de ser
valorados pecuniariamente. Por lo anterior se concluye que sí son apelables
las sentencias interlocutorias dictadas en estos juicios sin necesidad de
atender al principio de la cuantía.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 1046 C (9a.)
Amparo en revisión 155/2011. Aarón José Caballero Quiroz. 9 de junio de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José
Luis Evaristo Villegas.
Tipo: Tesis Aislada

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RECURSO DE REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA
INTERLOCUTORIA QUE DECLARA SIN MATERIA EL DIVERSO DE
APELACIÓN HECHO VALER CONTRA EL AUTO QUE APRUEBA EL
REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).
El artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Sonora, es inaplicable cuando se trata de una sentencia interlocutoria que
declara sin materia el recurso de apelación hecho valer contra el auto que
aprueba el remate y adjudicación en un juicio especial hipotecario; porque
de su contenido se advierte que el recurso de reposición a que se contrae,
procede únicamente contra proveídos y autos del Supremo Tribunal y no
contra una sentencia interlocutoria, ya que constituye una decisión que
resuelve un punto procesal que implica contradicción entre partes en
términos del numeral 156, fracción III, del citado código. Por su parte, el
artículo 13, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad,
prevé que son atribuciones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
entre otras, conocer de ese recurso, y si la resolución reclamada fue emitida
por el Pleno de la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Sonora, reviste la categoría de interlocutoria, en tanto no es
factible que el presidente revoque una determinación de tres Magistrados.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
Clave: XII.3o.(V Región), Núm.: 4 C (10a.)
Amparo en revisión 354/2012. Carmen Yolanda Olea Briones. 10 de mayo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Erik Silva González.
Secretaria: Verónica Araceli Loera Raudales.
Tipo: Tesis Aislada
RESERVA EN LAS OPERACIONES DE REASEGURO. SU NATURALEZA Y
CONSECUENCIAS.

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En las operaciones de reaseguro, en términos del artículo 54 de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la inversión
que se haga de esa reserva se tendrá por hecha a nombre de la
reaseguradora, a quien deberá reintegrarse con los rendimientos de acuerdo
con lo convenido. En términos de las Reglas para la inversión de las reservas
técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto de dos mil, las
reservas técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros
representan las provisiones necesarias que deben ser respaldadas con
inversiones para hacer frente a los riesgos asumidos en condiciones
adecuadas de seguridad, rentabilidad y liquidez. En función de ese objetivo,
las citadas reglas buscaron propiciar la diversificación adecuada del
portafolio de inversiones de las instituciones y sociedades mutualistas de
seguros y la obtención de los mayores rendimientos financieros posibles. De
ahí que se constriñe a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros
a mantener sus reservas invertidas, en todo momento, con lo cual se busca
un mejor control sobre el régimen de inversión de dichos recursos,
limitando los riesgos financieros a los que puedan estar expuestos mediante
la creación de un comité y requiriendo que las inversiones en instrumentos
financieros privados estén calificadas.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 1028 C (9a.)
Amparo directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company. 25 de agosto
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:
Sandra Luz Marín Martínez.
Tipo: Tesis Aislada
RESERVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS.
El artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros alude a dos figuras: la retención, a fin de constituir las reservas a
que se refieren las fracciones I y II del diverso artículo 46, y la inversión de
esas reservas. Ambos preceptos establecen algunas reglas que regirán la
constitución de las reservas de riesgo en curso y las reservas para

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obligaciones pendientes de cumplir. Tales directrices se fijan para ser
aplicadas al reaseguro celebrado con empresas del país o con empresas
extranjeras e implican en términos generales lo siguiente: 1. La retención la
efectúa la empresa cedente; 2. La retención se realiza en México; 3. La
inversión la hace la empresa cedente; 4. Igualmente la inversión se efectúa
en México.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 1029 C (9a.)
Amparo directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company. 25 de agosto
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:
Sandra Luz Marín Martínez.
Tipo: Tesis Aislada
RESOLUCIÓN DICTADA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
QUE ORDENA LA ENTREGA DEL DINERO EMBARGADO AL
BENEFICIARIO DEL DOCUMENTO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN. AL SER
SEMEJANTE A LA QUE APRUEBA UN REMATE, EN SU CONTRA PROCEDE
EL AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO AGOTAR EL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO.
Conforme al artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo: 1) El juicio de
amparo sólo es procedente contra la última resolución dictada en el
procedimiento de ejecución de sentencia, y 2) Tratándose de remates,
únicamente procede contra la resolución definitiva en que se aprueben o
desaprueben; y, si se considera que la expresión "última resolución" a que se
refiere el párrafo segundo de la citada fracción III, debe entenderse como
aquella en la que se apruebe o reconoce expresa o tácitamente el
cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o
jurídica para darle cumplimiento; se concluye que la resolución dictada en
la etapa de ejecución, en la que se ordena la entrega del dinero embargado a
la parte vencedora de la litis, deba estimarse semejante a la que aprueba un
remate, pues no habrá más trámite que el de entregar el numerario al
beneficiario, siendo innecesario agotar el procedimiento de remate (avalúo y
almoneda) para hacer efectivo el pago. Por tanto, la regla de procedencia del
juicio de amparo indirecto es especial, aun cuando el acto reclamado se

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encuentre comprendido dentro de la etapa de ejecución de sentencia.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.
Clave: VI.1o.C., Núm.: 25 C (10a.)
Amparo en revisión 396/2011. Ruth Esbeydi Mar Murrieta. 20 de octubre de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido.
Secretario: José Ignacio Valle Oropeza.
Tipo: Tesis Aislada
RETENCIÓN DEL RIESGO EN EL CONTRATO DE REASEGURO.
De acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, la retención en este caso, es la parte del
riesgo que no se transfiere a una reaseguradora, por lo que es la porción que
asume la aseguradora dependiendo de su capacidad de pago, de sus
reservas y de su solvencia económica. Eso no impide, desde luego, que en
ese último caso la aseguradora reparta el cien por ciento del riesgo entre
diversas reaseguradoras, por lo que en esta hipótesis habrá transferido la
totalidad del riesgo, reteniendo el cero por ciento. El reaseguro pues, reduce
el costo del capital requerido, dado que la aseguradora, de actualizarse el
riesgo, no tendrá que desembolsar la totalidad de la suma asegurada (si es
que retuvo una parte del riesgo).
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Clave: I.3o.C., Núm.: 1033 C (9a.)
Amparo directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company. 25 de agosto
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria:
Sandra Luz Marín Martínez.

Tipo: Tesis Aislada
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