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CEPAL gasto anual per cápita aún no supera los 300 dólares, mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Venezuela sobrepasa los 1.000. Gráfico 4. América Latina y el Caribe: Coeficiente de Gini y gasto público social per cápita. 1990-2012 Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEPALSTAT y Panorama Social 2013. El gasto destinado a seguridad y asistencia social pasó de 5% del PIB en el período 1990-1994 a 8,2% en 2011-2012. Destaca además el aumento del gasto público en educación que llegó a representar un promedio de 5,3% del PIB en 2011-2012. Esta evolución positiva se observa en todos los países de América Latina, donde el gasto público per cápita en educación pasó de US$ 134 a comienzos de los noventa a 304 dólares por habitante en los últimos años. El gasto público en salud también se incrementó en las últimas dos décadas a nivel regional, pasando de 2,7% del PIB a comienzos de los noventa a 3,9% puntos en 2011-2012, por lo que se duplicó en términos per cápita hasta llegar a un valor promedio de 228 dólares. De acuerdo con CEPAL (2013b), esta evolución del gasto público social durante el segundo quinquenio de la década del 2000 se relaciona con el reforzamiento de los programas sociales en varios países, en particular los orientados a la lucha contra la pobreza, que incluyen mecanismos de transferencias directas a los hogares. También tienen relación con los esfuerzos relativamente generalizados por universalizar la educación primaria, extender la cobertura en la educación secundaria y universalizar el acceso al sistema público de salud. A su vez, su crecimiento se debe a medidas implementadas para hacer frente a diversos choques externos (los aumentos de los precios de los alimentos y combustibles, la crisis financiera mundial de 2008-2009 y sus secuelas recientes). 12
Los efectos de la política fiscal sobre la redistribución en América Latina y la Unión Europea Como se observa en el cuadro siguiente, los programas de transferencias condicionadas (PTC) están presentes en prácticamente todos los países de la región. Si bien no representan montos muy significativos en términos del PIB, estos programas son un importante alivio para la pobreza, ya que en la mayoría de los casos se trata de transferencias acotadas a los primeros deciles de ingresos y dirigidas a hogares encabezados por mujeres y con menores de 18 años. Los PTC entregan recursos monetarios y no monetarios y establecen condicionalidades relacionadas principalmente con las áreas de educación, salud y nutrición. Por ejemplo, estos compromisos pueden establecerse con relación a la matrícula, asistencia o permanencia de los niños en el sistema educacional o de acuerdo con el cumplimiento del calendario de vacunación o de los controles preventivos de salud. Según información de la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe de la CEPAL, los PTC operan en 16 países de la región y benefician a más de 31 millones de familias (alrededor de 130 millones de personas), lo que equivale al 22% de la población de América Latina, a un costo que ronda el 0,4% del PIB regional. 4 Cuadro 1. Principales Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en América Latina (último año disponible) País Programas Presupuesto (% del PIB) Cobertura efectiva de personas (% de la población) Argentina Asignación Universal por Hijo para Protección Social (2009-) 0.60% 8.62% Bolivia Bono Juancito Pinto (2006-) 0.33% 17.50% Brasil Bolsa Familia (2003-) 0.47% 28.45% Chile Chile Solidario (2002-) 0.11% 6.82% Colombia Familias en Acción (2001-) 0.39% 24.55% Costa Rica Avancemos (2006-) 0.39% 3.91% Ecuador Bono de Desarrollo Humano (2003-) 0.92% 41.36% El Salvador Comunidades Solidarias (ex Red Solidaria) (2005-) 0.33% 10.15% Guatemala Mi Familia Progresa (2008-2011) 0.32% 22.60% Honduras México Programa de Asignación Familiar (PRAF) (1990-) Oportunidades (Programa de Desarrollo Humano, ex Progresa) (1997-) 0.20% 8.96% 0.51% 26.44% 4. Para un análisis detallado sobre la experiencia de América Latina y el Caribe con los programas de transferencias condicionadas durante los últimos 15 años, véase Cecchini y Madariaga (2011). 13
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