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Garantías para el derecho humano al acceso al agua potable y
el saneamiento
El 30 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció el
derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento. Lidia Serrano, miembro de la
Campaña “Agua de todos, un derecho y no una mercadería”, analiza esta resolución.
Antecedentes: un derecho explícita o implícitamente previsto en la legislación internacional
El derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento (DHAS) se preveía ya en
múltiples declaraciones y tratados internacionales, como por ejemplo y, sin ánimo de ser
exhaustivos, en el derecho internacional humanitario, en el Convenio sobre los derechos de los
niños y en el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer.
Si bien, hasta entonces, el fundamento del mismo había sido la Observación General nº15 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2002, donde se definía como “el
derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para
el uso personal y doméstico” y a servicios de saneamiento de buena calidad y en cantidad
suficiente, incluido posteriormente por Catarina de Albuquerque, Experta Independiente sobre la
cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y
al saneamiento, en su informe del 2009.
2010: un paso adelante en el reconocimiento del DHAS
Este año ha sido positivo para aquellos
movimientos que defendemos el agua como
derecho humano, ya que por primera vez a
nivel universal se ha reconocido el acceso
al agua potable y al saneamiento como tal.
El pasado 28 de junio la Asamblea General
(AG), por 142 votos a favor, 22
abstenciones y ningún voto en contra,
aprobó la Resolución el derecho humano al
agua y al saneamiento, ahora legitimada
por el Consejo de Derechos Humanos
(CDH).
El hecho de que se haya reconocido
explícitamente es un paso adelante, ya que obliga a todos los Estados a garantizarlo. En el caso
de la resolución de la AG, sin ningún voto en contra, es una legitimación del DHAS por parte
de toda la comunidad internacional. En el caso de la resolución del CDH, fue aprobada
unánimemente por los 47 Estados miembros.
El reconocimiento de este derecho incluye siempre, tanto el acceso al agua potable como su
saneamiento, a pesar de que países como Reino Unido, Austria o Turquía, entre otros, se opongan
a incluir el saneamiento en su formulación.

Dudas a nivel internacional
Aunque el DHAS haya sido reconocido expresamente a nivel internacional, es necesario remarcar
algunos aspectos de esta última resolución que no van en la línea del reconocimiento del
acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano universal.
Antes de entrar a analizar el contenido, ya chirría el título de la resolución. Se hace patente
aquí, la tensión entre aquellos Estados que defienden el acceso al agua potable como un
derecho humano, y aquellos que lo consideran únicamente como una obligación de garantía de
los derechos humanos derivada de diferentes tratados internacionales, posición que
actualmente tiene más peso en Naciones Unidas.
En esta línea, en el tercer párrafo de la resolución se afirma que el DHAS se deriva del derecho
a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel
posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y a la dignidad humana. Se
puede considerar aquí que el DHAS no se reconoce como derecho autónomo, sino como
derecho derivado. Aclarar que esta referencia es considerada como un recordatorio de que el
acceso al agua potable y al saneamiento es indispensable para la garantía de otros derechos
como la vida o la salud. No hay que confundir pues, dos aspectos diferentes como son el
reconocimiento del DHAS como derecho autónomo y la vinculación del mismo a otros
derechos, como los previstos en el art. 11 y 12 del PIDESC, en términos de justiciabilidad,
favorecida este mismo año con la aprobación del Protocolo Facultativo en el PIDESC.
Cuestiones a nivel nacional
Respecto a la forma de implementar este
derecho a nivel nacional, la resolución incluye
y deja a la discrecionalidad de los Estados la
posibilidad de que actores no estatales
participen en el suministro de agua potable
segura y servicios de saneamiento. Sorprende
que el máximo órgano de protección de los
derechos humanos de Naciones Unidas deje la
puerta abierta a los operadores privados y a las
transnacionales, en la garantía de este
derecho humano. Eso sí, obliga a los Estados a
asegurarse de que los proveedores de servicios
no estatales cumplan con sus responsabilidades de derechos humanos, enfatizando que el hecho
de delegar en terceros no los exime de sus obligaciones de derechos humanos.
En este sentido, lo que criticamos es que la propia resolución incluya el término de usuarios, y no
de titulares de derechos, cuando obliga a los Estados a elaborar mecanismos eficaces de
reclamación para los mismos en caso de que vean vulnerado este derecho, y los obliga a
abstenerse de obstaculizar su acceso a los mecanismos nacionales de rendición de cuentas. En
este sentido, que el CDH sólo se dedique a mencionar los mecanismos de queja de los usuarios
de los servicios de acceso al agua potable y al saneamiento, cuando expresa que el Estado es
el último garante de este derecho, es contradictorio, o al menos, da a entender que ya se
presupone que no todos los clientes tendrán garantizado este derecho.
Por último, hace mención a la forma en la que los Estados deben implementar el DHAS a nivel
nacional. Estos aprobarán leyes, reglamentos y políticas públicas que incluyan instrumentos y
mecanismos adecuados, para lograr paulatinamente la plena realización de las obligaciones de
derechos humanos referentes al acceso al agua potable segura ya los servicios de saneamiento.
Se ha criticado que se incluya la palabra paulatinamente en referencia a la realización de este
derecho, ya que lo que hace es graduar la obligación de los Estados o del resto de actores que

participan en el sector del agua, en función de sus posibilidades. En este caso, cuando
hablamos de la garantía del acceso al agua potable y al saneamiento de forma progresiva,
parece que sólo sería aplicable a los actores no estatales, ya que como hemos dicho antes, los
Estados son siempre y en todo caso los últimos garantes, además de que las obligaciones
establecidas en la resolución son de carácter inmediato.
Próxima batalla: la forma de implementación del DHAS
Hasta ahora nos podía preocupar relativamente el hecho de que no estuviera reconocido
expresamente a nivel universal, ya que ningún sector discutía que este derecho no existiera.
Así pues, los operadores privados también han celebrado la aprobación de estas dos resoluciones.
Lo que nos diferencia a los dos movimientos, el de los operadores privados y el del movimiento
por la justicia global del agua, es que el agua se considere un bien común y un derecho
humano que debe gestionarse públicamente, o que el mismo sea considerado un bien
económico que se rige por las leyes del mercado, y consecuentemente pueda ser privatizado y
gestionado por el sector privado.
Como miembros del movimiento por la justicia global del agua pensamos que nuestra
responsabilidad como ciudadanía es exigir a nuestros Estados la garantía del DHAS para todos, con
independencia del nivel monetario y la clase social a la que se pertenezca.
A nivel nacional, primero debemos exigir la inclusión y el reconocimiento explícito del DHAS a
nuestros ordenamientos nacionales, como derecho fundamental y autónomo. En este caso,
nuestra tarea es que esta regulación excluya la posibilidad de que el sector privado participe en la
garantía de este derecho.
Sin embargo, las previsiones del DHAS a nivel nacional pueden que ya incluyan al sector
privado en su gestión. En este caso, hay que recordar al Estado que el agua es un bien común de
todos, y que como tal, debe ser gestionado por el sector público. La gestión pública del agua no
significa que la misma sea gratuita, sino que en su gestión no existe lucro, ni se siguen los
parámetros de recuperación de los costes totales del servicio. Sobre todo hay que recordar a
partir de ahora, que las personas son titulares del DHAS, y no usuarios, y que el Estado está
obligado a garantizarlo.
Puede que, sin embargo, muchos Estados opten por ceder este servicio al sector privado, bajo la
fórmula de los Partenariados Público-Privados, que no es más que una forma de privatización
encubierta del servicio de gestión del agua. En este caso, hay que recordar a los Estados que
deben velar por la transparencia en el proceso de planificación y ejecución en el suministro del
agua potable y servicios de saneamiento, y por la participación activa, libre y auténtica de las
comunidades locales afectadas y los interesados pertinentes. Deben integrar el parámetro de
los derechos humanos como herramienta de evaluación del impacto a largo plazo del proceso
de garantía de prestación del servicio. También deben establecer marcos reguladores eficaces
para todos los proveedores del servicio conforme a las obligaciones en materia de derechos
humanos, que permitan a las instituciones reguladoras públicas ocuparse de vigilar y hacer
cumplir esta reglamentación.
A nivel internacional, debemos continuar presionando a los diferentes órganos de Naciones Unidas
que se han comprometido a garantizar el DHAS. Esta garantía puede llevarse a cabo en
diferentes niveles, desde reclamar que el DHAS incluya los diferentes instrumentos de
protección de los derechos humanos aprobados por CDH, su previsión a las resoluciones
aprobadas por la AG, o incluso la necesidad de elaborar un tratado internacional sobre el
DHAS.