"El camino para la gestión pública y participativa del agua" - ISF

"El camino para la gestión pública y participativa del agua"
Artículo de Lidia Serrano, miembro de la campaña de agua de ISF, sobre los intereses en la privatización
del agua en Italia y Alemania, en contra del bien común y de la voluntad de la población por una gestión
pública y transparente.
En 2010, como miembros del movimiento por la justicia global del agua, nos felicitamos
porque tanto la Asamblea General como el Consejo de Derechos Humanos habían reconocido
el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento. Ahora, en el 2011,
comenzamos a ver los efectos positivos a nivel nacional.
No a la privatización del agua: los referéndums a Italia.
En marzo del 2010, la Campaña de Agua de ISF participó en Roma, en una manifestación
en contra de la privatización del agua en Italia. Ésta tenía como objetivo iniciar el 23 de
abril la recogida de 500.000 firmas necesarias para presentar, delante del Tribunal
Constitucional italiano, una propuesta para celebrar tres referéndums en contra de
determinados preceptos de la normativa italiana que favorecen la privatización del servicio.
Después de haber recogido más de 1’4 millones de firmas y haber presentado su propuesta
ante el Tribunal Constitucional el 19 de julio del 2010, el pasado 12 de enero, éste emitió
una sentencia en que aprobaba la celebración de dos de los tres referéndums propuestos.
En concreto, contra el Decreto Ley -o Decreto Rochi- aprobado en el 2009 y que modificaba
una ley del 2008, también conocida como la ley de privatización del agua, y contra el
Decreto Ley del 2006, mediante el cual se aprueba el pago de un impuesto para el servicio
de agua -bajo los parámetros de la hoja recovery cost-. Que puede ir desde el 7 al 15% sobre
el importe de la tarifa, con independencia de si el operador es público o privado. Hay que
señalar que el referéndum que precisamente no se aceptó era el destinado a promover la
gestión del recurso -bien común- por parte de un operador público. De este modo, se seguirá
manteniendo la necesidad de crear una empresa mixta o pública, con accionistas privados,
para la gestión del agua.
Aún así, es necesario señalar la importancia de este movimiento en cuanto que ha
conseguido que la mayor instancia judicial del país haya obligado a celebrar dos
referéndums o procesos participativos donde la ciudadanía italiana puede expresar su
voluntad respeto a la gestión del agua.
La sentencia prevé que los referéndums se celebren un domingo entre el 15 de abril y el 12
de junio, y será el Presidente de la República, tras la deliberación en el Consejo de
Ministros, quien decidirá el día concreto.
Hay que tener en cuenta también que, para que el resultado de estos referéndums se
considere representativo y válido, tendrán que participar la mitad más uno de los votantes
(sobre el censo total).

Por este motivo, y para obtener las más de 25.000 firmas necesarias para conseguir la
derogación de las normativas antes mencionadas, el siguiente paso del Foro Italiano del
Agua es promover la celebración de estos referéndums el mismo día que las próximas
elecciones italianas, previstas para esta primavera. A estos efectos, desde el Foro se ha
promovido la posibilidad de firmar una carta dirigida al gobierno, para conseguir que la
propuesta de celebración conjunta de las elecciones administrativas y el referéndum sea
apoyada por el Consejo de Ministros y aprobada por el Presidente de la República. Si
embargo, no es fácil que aprueben esta propuesta ya que al gobierno no le interesa unir este
proceso al proceso electoral, porque esto significaría garantizar que el electorado acuda a las
urnas para votar la propuesta del Foro.
Siguiendo con el ejemplo del año pasado, se ha hecho un llamamiento, tanto a nivel
nacional como internacional, a la movilización de los movimientos por una justicia del agua,
a participar el próximo 19 de marzo en Roma en una nueva marcha contra la privatización del
agua y la defensa de un modelo de gestión pública y participativa del agua.
La posibilidad de que finalmente se pueda celebrar este referéndum en Italia se debe ver
como la victoria de un movimiento que aglutina diferentes asociaciones, personas e
instituciones que luchan por una alternativa a las políticas neoliberales establecidas a
finales de los 70 en Europa, que tendieron a privatizar los servicios básicos, entre ellos el
agua, y a introducir las leyes del mercado en su gestión.
Información pública y transparente en la gestión del agua: el referéndum de Berlín
Siguiendo con las victorias de la ciudadanía que reclama poder participar en el proceso de
decisión sobre cómo se gestionan sus bienes comunes, hay que remarcar la celebración, el
pasado 13 de febrero, de un referéndum en la ciudad de Berlín. Su demanda estaba
encaminada a solicitar a los poderes públicos poder conocer las condiciones del contrato de
gestión privada del agua que la misma ciudad tiene desde 1999, con Veolia y RWE.
Este caso es una muestra de cómo los contratos de concesión del servicio –casos de
privatizaciones-, además de ser generalmente por una duración no inferior a 25 años, se
celebran en condiciones desconocidas, información limitada y acaban creando situaciones
de monopolio sobre el sector. Esto provoca la subida del precio de la tarifa del agua -bajo la
lógica de recuperación total del coste- sin que se produzca una debida reinversión en el
servicio.
Cuando en 1999 el Senado de Berlín privatizó el sector del agua -en concreto un 49,9% de
la empresa pública, Berlin Water Works- junto con el sector privado, decidieron no publicar
la información de estos contratos. En 2004, el gobierno de Berlín decidiría junto con las
empresas privadas cambiar la normativa aplicable a los contratos de gestión del agua para
evitar proporcionar información sobre ellos. Así, éstos dejaban de estar regidos por el
derecho administrativo -público- para hacerlo según el derecho privado y según parámetros
de secreto profesional y de información.
Como consecuencia de esto, una iniciativa denominada “Berliner Wassertisch” clamaba,
además de por una gestión pública del agua, por la necesidad de que la información sobre la
gestión del agua sea en todo caso pública y transparente.

La culminación de esta petición sería la celebración del referéndum del pasado 13 de
febrero, donde los berlineses decidieron votar sobre la necesidad de que el gobierno
publicara los contratos de privatización del servicio de aguas en Berlín.
Los resultados de la votación final, publicados el 18 de febrero, decían que el 27,5% del
total del electorado votó y, de éstos, un 98,2% de los participantes lo hizo a favor de la
publicación de estos contratos. En total, según las encuestas, votarían un total de 678.507
personas y, por lo tanto, de acuerdo con el art. 36 pr.1 de la ley electoral, un proyecto de ley
es aprobado en referéndum si la mayoría de los participantes vota que sí y, además, representan
a una cuarta parte del electorado (superado con creces con un 27%).
Asimismo, esta victoria comportó la reacción de los poderes políticos alemanes, pues el
Comisario Federal por la Protección de Datos y Libertad de Información, Peter Schaar,
declaró que no se trataba sólo de una cuestión que afectaba a Berlín, sino a todo el país. Y
que no sólo afectaba a la gestión del agua sino a la necesidad de una mayor transparencia
en la gestión de los servicios públicos, evitando que el secreto profesional y de información
constituyan un obstáculo para la publicación de la información sobre los mismos, en la cual
se incluyen desde las condiciones de los contratos hasta la calidad del agua . Y, por este
motivo, se comprometía a mejorar la información sobre la gestión de los servicios al Estado
alemán.
Conclusiones
Estos procesos se deben poder reforzar con lo previsto a nivel internacional respeto a la
gestión de los servicios del agua. La experta independiente sobre la cuestión de las
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al
saneamiento, Catarina de Albuquerque, en su último informe dispone que el proceso de
oferta, licitación y negociación de los contratos de gestión del agua, así como todas las
gestiones posteriores, deben ser transparentes y las atribuciones y el contrato definitivo han
de estar a disposición del público para que los pueda examinar y comentar. La
confidencialidad comercial (o el antes mencionado secreto profesional) no puede poner en
peligro los requisitos de transparencia previstos en el marco de los derechos humanos. Tanto la
oferta como la licitación se deben basar en información exacta, teniendo en cuenta todos los
hechos pertinentes.
En caso de que se dé una renegociación del contrato, se deberá justificar un cambio de
circunstancias y de disponibilidad de datos que puede hacer necesaria la adaptación o
enmienda del contrato anterior. Incluso podría ser necesaria la renegociación para adaptar el
contrato a las necesidades de derechos humanos. No obstante, cuando las renegociaciones
sean el resultado de una licitación tácita de las condiciones del contrato y las empresas
obtengan condiciones más favorables en esta negociación bilateral posterior -como por
ejemplo el aumento de los precios de las tarifas, atrasos o reducciones de las obligaciones
de inversión-, el contrato será contrario a la debida diligencia.

Por lo tanto, los ciudadanos de Berlín y de Italia han decidido reivindicar la garantía
de estas condiciones mínimas que todo contrato de servicio de agua debe seguir.
Podemos considerar la celebración de estos dos referéndums como una victoria de
los movimientos de justicia global del agua que defendemos un proceso
participativo, transparente y democrático en la gestión pública del agua (y del
tratamiento de residuos) que debe ser promocionada y defendida en cualquier parte
del mundo, en favor de la remunicipalización de los servicios de agua. No hay que
olvidar tampoco que, como miembros de este movimiento, tenemos que reivindicar
también en nuestro país que se cumplan estos mínimos requisitos en la gestión del
servicio, que en todo caso debe ser pública. Defendemos que un derecho humano, un
bien común como es el agua, no sea gestionado por los operadores privados, sino garantizado
en todos estos términos por los poderes públicos.