Garantías para el derecho humano al acceso al agua potable y ... - ISF

Dudas a nivel internacional
Aunque el DHAS haya sido reconocido expresamente a nivel internacional, es necesario remarcar
algunos aspectos de esta última resolución que no van en la línea del reconocimiento del
acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano universal.
Antes de entrar a analizar el contenido, ya chirría el título de la resolución. Se hace patente
aquí, la tensión entre aquellos Estados que defienden el acceso al agua potable como un
derecho humano, y aquellos que lo consideran únicamente como una obligación de garantía de
los derechos humanos derivada de diferentes tratados internacionales, posición que
actualmente tiene más peso en Naciones Unidas.
En esta línea, en el tercer párrafo de la resolución se afirma que el DHAS se deriva del derecho
a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel
posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y a la dignidad humana. Se
puede considerar aquí que el DHAS no se reconoce como derecho autónomo, sino como
derecho derivado. Aclarar que esta referencia es considerada como un recordatorio de que el
acceso al agua potable y al saneamiento es indispensable para la garantía de otros derechos
como la vida o la salud. No hay que confundir pues, dos aspectos diferentes como son el
reconocimiento del DHAS como derecho autónomo y la vinculación del mismo a otros
derechos, como los previstos en el art. 11 y 12 del PIDESC, en términos de justiciabilidad,
favorecida este mismo año con la aprobación del Protocolo Facultativo en el PIDESC.
Cuestiones a nivel nacional
Respecto a la forma de implementar este
derecho a nivel nacional, la resolución incluye
y deja a la discrecionalidad de los Estados la
posibilidad de que actores no estatales
participen en el suministro de agua potable
segura y servicios de saneamiento. Sorprende
que el máximo órgano de protección de los
derechos humanos de Naciones Unidas deje la
puerta abierta a los operadores privados y a las
transnacionales, en la garantía de este
derecho humano. Eso sí, obliga a los Estados a
asegurarse de que los proveedores de servicios
no estatales cumplan con sus responsabilidades de derechos humanos, enfatizando que el hecho
de delegar en terceros no los exime de sus obligaciones de derechos humanos.
En este sentido, lo que criticamos es que la propia resolución incluya el término de usuarios, y no
de titulares de derechos, cuando obliga a los Estados a elaborar mecanismos eficaces de
reclamación para los mismos en caso de que vean vulnerado este derecho, y los obliga a
abstenerse de obstaculizar su acceso a los mecanismos nacionales de rendición de cuentas. En
este sentido, que el CDH sólo se dedique a mencionar los mecanismos de queja de los usuarios
de los servicios de acceso al agua potable y al saneamiento, cuando expresa que el Estado es
el último garante de este derecho, es contradictorio, o al menos, da a entender que ya se
presupone que no todos los clientes tendrán garantizado este derecho.
Por último, hace mención a la forma en la que los Estados deben implementar el DHAS a nivel
nacional. Estos aprobarán leyes, reglamentos y políticas públicas que incluyan instrumentos y
mecanismos adecuados, para lograr paulatinamente la plena realización de las obligaciones de
derechos humanos referentes al acceso al agua potable segura ya los servicios de saneamiento.
Se ha criticado que se incluya la palabra paulatinamente en referencia a la realización de este
derecho, ya que lo que hace es graduar la obligación de los Estados o del resto de actores que