Garantías para el derecho humano al acceso al agua potable y ... - ISF

participan en el sector del agua, en función de sus posibilidades. En este caso, cuando
hablamos de la garantía del acceso al agua potable y al saneamiento de forma progresiva,
parece que sólo sería aplicable a los actores no estatales, ya que como hemos dicho antes, los
Estados son siempre y en todo caso los últimos garantes, además de que las obligaciones
establecidas en la resolución son de carácter inmediato.
Próxima batalla: la forma de implementación del DHAS
Hasta ahora nos podía preocupar relativamente el hecho de que no estuviera reconocido
expresamente a nivel universal, ya que ningún sector discutía que este derecho no existiera.
Así pues, los operadores privados también han celebrado la aprobación de estas dos resoluciones.
Lo que nos diferencia a los dos movimientos, el de los operadores privados y el del movimiento
por la justicia global del agua, es que el agua se considere un bien común y un derecho
humano que debe gestionarse públicamente, o que el mismo sea considerado un bien
económico que se rige por las leyes del mercado, y consecuentemente pueda ser privatizado y
gestionado por el sector privado.
Como miembros del movimiento por la justicia global del agua pensamos que nuestra
responsabilidad como ciudadanía es exigir a nuestros Estados la garantía del DHAS para todos, con
independencia del nivel monetario y la clase social a la que se pertenezca.
A nivel nacional, primero debemos exigir la inclusión y el reconocimiento explícito del DHAS a
nuestros ordenamientos nacionales, como derecho fundamental y autónomo. En este caso,
nuestra tarea es que esta regulación excluya la posibilidad de que el sector privado participe en la
garantía de este derecho.
Sin embargo, las previsiones del DHAS a nivel nacional pueden que ya incluyan al sector
privado en su gestión. En este caso, hay que recordar al Estado que el agua es un bien común de
todos, y que como tal, debe ser gestionado por el sector público. La gestión pública del agua no
significa que la misma sea gratuita, sino que en su gestión no existe lucro, ni se siguen los
parámetros de recuperación de los costes totales del servicio. Sobre todo hay que recordar a
partir de ahora, que las personas son titulares del DHAS, y no usuarios, y que el Estado está
obligado a garantizarlo.
Puede que, sin embargo, muchos Estados opten por ceder este servicio al sector privado, bajo la
fórmula de los Partenariados Público-Privados, que no es más que una forma de privatización
encubierta del servicio de gestión del agua. En este caso, hay que recordar a los Estados que
deben velar por la transparencia en el proceso de planificación y ejecución en el suministro del
agua potable y servicios de saneamiento, y por la participación activa, libre y auténtica de las
comunidades locales afectadas y los interesados pertinentes. Deben integrar el parámetro de
los derechos humanos como herramienta de evaluación del impacto a largo plazo del proceso
de garantía de prestación del servicio. También deben establecer marcos reguladores eficaces
para todos los proveedores del servicio conforme a las obligaciones en materia de derechos
humanos, que permitan a las instituciones reguladoras públicas ocuparse de vigilar y hacer
cumplir esta reglamentación.
A nivel internacional, debemos continuar presionando a los diferentes órganos de Naciones Unidas
que se han comprometido a garantizar el DHAS. Esta garantía puede llevarse a cabo en
diferentes niveles, desde reclamar que el DHAS incluya los diferentes instrumentos de
protección de los derechos humanos aprobados por CDH, su previsión a las resoluciones
aprobadas por la AG, o incluso la necesidad de elaborar un tratado internacional sobre el
DHAS.