"El camino para la gestión pública y participativa del agua" - ISF

La culminación de esta petición sería la celebración del referéndum del pasado 13 de
febrero, donde los berlineses decidieron votar sobre la necesidad de que el gobierno
publicara los contratos de privatización del servicio de aguas en Berlín.
Los resultados de la votación final, publicados el 18 de febrero, decían que el 27,5% del
total del electorado votó y, de éstos, un 98,2% de los participantes lo hizo a favor de la
publicación de estos contratos. En total, según las encuestas, votarían un total de 678.507
personas y, por lo tanto, de acuerdo con el art. 36 pr.1 de la ley electoral, un proyecto de ley
es aprobado en referéndum si la mayoría de los participantes vota que sí y, además, representan
a una cuarta parte del electorado (superado con creces con un 27%).
Asimismo, esta victoria comportó la reacción de los poderes políticos alemanes, pues el
Comisario Federal por la Protección de Datos y Libertad de Información, Peter Schaar,
declaró que no se trataba sólo de una cuestión que afectaba a Berlín, sino a todo el país. Y
que no sólo afectaba a la gestión del agua sino a la necesidad de una mayor transparencia
en la gestión de los servicios públicos, evitando que el secreto profesional y de información
constituyan un obstáculo para la publicación de la información sobre los mismos, en la cual
se incluyen desde las condiciones de los contratos hasta la calidad del agua . Y, por este
motivo, se comprometía a mejorar la información sobre la gestión de los servicios al Estado
alemán.
Conclusiones
Estos procesos se deben poder reforzar con lo previsto a nivel internacional respeto a la
gestión de los servicios del agua. La experta independiente sobre la cuestión de las
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al
saneamiento, Catarina de Albuquerque, en su último informe dispone que el proceso de
oferta, licitación y negociación de los contratos de gestión del agua, así como todas las
gestiones posteriores, deben ser transparentes y las atribuciones y el contrato definitivo han
de estar a disposición del público para que los pueda examinar y comentar. La
confidencialidad comercial (o el antes mencionado secreto profesional) no puede poner en
peligro los requisitos de transparencia previstos en el marco de los derechos humanos. Tanto la
oferta como la licitación se deben basar en información exacta, teniendo en cuenta todos los
hechos pertinentes.
En caso de que se dé una renegociación del contrato, se deberá justificar un cambio de
circunstancias y de disponibilidad de datos que puede hacer necesaria la adaptación o
enmienda del contrato anterior. Incluso podría ser necesaria la renegociación para adaptar el
contrato a las necesidades de derechos humanos. No obstante, cuando las renegociaciones
sean el resultado de una licitación tácita de las condiciones del contrato y las empresas
obtengan condiciones más favorables en esta negociación bilateral posterior -como por
ejemplo el aumento de los precios de las tarifas, atrasos o reducciones de las obligaciones
de inversión-, el contrato será contrario a la debida diligencia.