manejo comunitario de recursos naturales - Sistema de Información ...

familias extensas, la autoridad de los dirigentes locales perdió legitimidad. Esto, a su vez,
afectó su capacidad para hacer cumplir las normas de manejo y sancionar a los infractores.
Estos conflictos internos implican un debilitamiento de los lazos sociales basados en
normas de reciprocidad que son el fundamento de las relaciones sociales de la comunidad.
La fortaleza del intercambio recíproco y el agradecimiento guarda una relación directa con
el nivel de organización política de la comunidad y su capacidad para resolver los
conflictos internos. En alguna medida, el incremento de la importancia de la pesca como
actividad comercial para las unidades domésticas individuales sugiere que las relaciones
entre ellas con respecto a la pesca están moviéndose de una esfera basada en la confianza y
la reciprocidad a una basada en la competencia.
Al mismo tiempo, la existencia de amenazas externas puede ser un estímulo para la
cohesión incluso de familias extensas en pugna, como ocurrió en la fase inicial (1986-
1988). Sin embargo, cuando la amenaza externa desaparece dejando sólo una amenaza
interna, la cooperación entre las familias extensas se torna más difícil y puede requerir un
árbitro externo. Esto puede explicar porqué nuestros informantes perciben al pasado como
los “buenos viejos tiempos”, pues durante este período de apogeo del sistema de manejo los
líderes tenían mayor capacidad para ejercer su autoridad y los miembros de la comunidad
eran menos renuentes a cumplir las normas.
Intervención externa y desempoderamiento
Uno de los principales desincentivos que surgieron durante la última fase (1998-1999)
resultó de la intervención de funcionarios del Ministerio de Pesquería llevados a la
comunidad por la ONG. La comunidad de El Chino había ejercido derechos de propiedad
de facto, control y uso tradicional de una docena de lagos por más de tres generaciones. La
percepción de estos derechos de propiedad fue un fuerte incentivo para organizar y
controlar el acceso a los lagos durante las primeras fases del manejo (1974-1988). El
Ministerio de Pesquería, a través de la ONG, informó a la comunidad que según la ley los
lagos eran propiedad pública y como tales la comunidad no tenía ningún derecho o
autoridad para excluir a otros de su acceso. Esto confundió y desempoderó a la población
local y, en el análisis final, actuó como un fuerte desincentivo para continuar invirtiendo en
los esfuerzos de manejo.
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