REGISTRO OFICIAL - Andrade Veloz & Associates

Registro Oficial Nº 51 -- Miércoles 21 de Octubre del 2009 -- 35f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General.CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.-Revisado por: f.) Ilegible.- Quito, 13 de octubre del 2009.-f.) El Secretario General.VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES ALFONSOLUZ YUNES Y HERNANDO MORALES VINUEZADENTRO DEL CASO SIGNADO CON EL N.º 0541-2008-RAQuito, DM. 22 de septiembre de 2009Nos apartamos de la Resolución adoptada por lassiguientes:CONSIDERACIONES:PRIMERA.- La Corte Constitucional es competente paraconocer y resolver el presente caso, de conformidad con loprevisto en el art. 27 del Régimen de Transición, publicadocon la Constitución de la República del Ecuador, en elRegistro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008 y laresolución publicada en el Suplemento del Registro OficialN.º 451 del 22 de octubre del 2008.SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancialalguna que pueda incidir en la resolución del presente caso,por lo que se declara su validez.TERCERA.- La acción de amparo procede con el objetode adoptar medidas urgentes destinadas a cesar, evitar lacomisión o remediar inmediatamente las consecuencias deun acto u omisión ilegítimos de autoridad pública, queviolen cualquier derecho consagrado en la Constitución oen un tratado o convenio internacional vigente y que, demodo inminente, amenace con causar un daño grave.También se podrá interponer contra los particulares cuandosu conducta afecte grave y directamente un interéscomunitario, colectivo o un derecho difuso.CUARTA.- Es pretensión de los accionantes que se dejesin efecto la Resolución N.º DE-05-016 del 30 deseptiembre del 2005, publicada en el Registro Oficial N.º138 del 04 de noviembre del 2005, mediante la cual seotorgó la Licencia Ambiental N.º 004-05, solicitada por laEmpresa Hidrotambo S. A., para la construcción yoperación del Proyecto Hidroeléctrico San José del Tamboa ubicarse entre la Parroquia San José del Tambo y RecintoSan Pablo de Amalí, cantón Chillanes, Provincia deBolívar, y se ordene la salida de los militares del Cuerpo deIngenieros del Ejército de este sector con todas lasmaquinarias.QUINTA.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictadopor una autoridad que no tiene competencia para ello,cuando no se lo ha dictado observando los procedimientosseñalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenidosea contrario al ordenamiento jurídico vigente o, bien, quese lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;por lo tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnadono se basa solo en el estudio de competencia, sino tambiénen su forma, contenido, causa y objeto.SEXTA.- El ordenamiento constitucional de 1998 regulalo referente al medio ambiente, en el artículo 86 ysiguientes de la Sección Segunda del Capítulo V DE LOSDERECHOS COLECTIVOS, que consagran el derecho delos ecuatorianos a vivir en un ambiente sano, libre decontaminación y ecológicamente equilibrado,preservándose el medio ambiente, la biodiversidad yconservación de los ecosistemas. Es a partir de lasgarantías fundamentales y de la norma prevista en el art. 88de la Constitución Política de 1998, que se establece laconsulta previa a la Comunidad como una obligación delEstado, en todos los casos en los que una decisión oficialafecte al medio ambiente. Los accionantes impugnan, entreotros, la falta de consulta previa a la comunidad de SanPablo de Amalí y sectores circunvecinos de la “parte alta”del proyecto que no constan en el “Acta de ParticipaciónCiudadana”, a la que alude el numeral 4.3.- VIOLACIÓNDEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA de suacción de amparo, invocándose el art. 88 de laConstitución expedida en 1998. La citada norma estipula:“Toda decisión estatal que pueda afectar al medioambiente, deberá contar previamente con los criterios dela comunidad, para lo cual será debidamente informada.La ley garantizará su participación”. Esta obligaciónconstitucional se ha vertido a la Ley de Gestión Ambientalen cuyo art. 28 se establece: “Toda persona natural ojurídica tiene derecho a participar en la gestiónambiental, a través de los mecanismos que para el efectoestablezca el Reglamento, entre los cuales se incluiránconsultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas ocualquier forma de asociación entre el sector público y elprivado. Se concede acción popular para denunciar aquienes violen esta garantía, sin perjuicio de laresponsabilidad civil y penal por denuncias o acusacionestemerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso deconsulta al que se refiere el Art. 88 de la ConstituciónPolítica de la República tornará inejecutable la actividadde que se trate y será causal de nulidad de los contratosrespectivos”. (CURSIVA Y SUBRAYADO SON DE LACORTE). El ejercicio de la consulta previa se vincula alobjetivo de la gobernabilidad del Estado: la inclusión de lasociedad civil en la toma de decisiones que corresponden ala administración pública. En la medida en que se logre talparticipación social, se hablará de un mayor o menor nivelde ejercicio de la democracia.SÉPTIMA.- La gestión ambiental, teniendo su fuente denacimiento en la Constitución de la República, se norma enla Ley de Gestión Ambiental donde se vierten susprincipios: solidaridad, sustentabilidad, equidad,cooperación, coordinación, reciclaje, reutilización dedesechos, respeto a las culturas y prácticas tradicionales.La Constitución Política de 1998 introduce el mecanismode consulta como un avance real hacia la participaciónciudadana en los proyectos que atenten en contra del medioambiente y los derechos colectivos de las comunidades. Aestos derechos se les reconoce como difusos por cuantorecaen en un sujeto complejo de determinar, aunque laconsulta, en los términos previstos en la Constitución y laley, incorpora a la ciudadanía para que el Estado acoja suspronunciamientos. La Corte señala que el consentimientoprevio, libre e informado, como concibe nuestroordenamiento jurídico, es una forma de participación queasume el actor social, que tiene la capacidad de decidir enforma responsable y madura sobre un tema que le afecta.La participación de los actores sociales reduce los riesgosulteriores de rechazo de un proyecto por parte de lascomunidades involucradas. El consentimiento previo, libree informado es una oportunidad para el país, en virtud deque una comunidad consultada, plenamente escuchada ytomada en cuenta, dejará de acudir a paros ylevantamientos, trayéndole mayor estabilidad política al