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NacionalReportajeNacionalReportajeel Centro Histórico y serán para lareubicación de ambulantes; el restoestá disperso en siete delegacionesy consiste en edificios ocupadospor la delincuencia comoguaridas.Para ejecutar dichas órdenes deexpropiación, el gobierno local sebasó en el artículo 22 de la ConstituciónPolítica y en la Ley de Expropiacionesexpedida en 1936.El caso de la expropiación enTepito se ejecutó con la intenciónde “interrumpir el círculo económicoderivado del narcomenudeoy terminar con la comercializaciónde drogas y armas”, según un informedel GDF.Más aún: la causa verdadera porla que el GDF expropió bienes es elcombate a la delincuencia, por lotanto, está obligado a cumplir esteobjetivo o devolver el bien expropiado.Pero aunque el gobierno local seha valido de los pocos instrumentosjurídicos que existen para realizarexpropiaciones en el país, noson los métodos más adecuadospara hacer frente a la delincuencia,y de ello da cuenta el mismosecretario de Seguridad Públicadel DF, Joel Ortega.El jefe policiaco explicó, en entrevista,que con la expropiaciónexiste la obligación de indemnizara los afectados, que no sean delincuentesy no salgan en la auditoríafiscal que se practica, pero se tratade un mecanismo que toma sutiempo.Además, consideró que debeampliarse el concepto de utilidadpública cuando se trate de cuestionesde seguridad y cuando tengacomo finalidad el reciclamiento deespacios urbanos para vivienda.Un Estado frágilPor su parte, y al participar enel Foro sobre Extinción de Dominiode los Bienes Propiedad delCrimen Organizado y su Aplicaciónen México, el coordinadorde los diputados del PRI, EmilioGamboa Patrón, resaltó la “pocatransparencia por parte del gobiernoen el manejo de los bienesdecomisados”.Puso en relieve “el excesivotiempo de desincorporación porparte de la administración federaluna vez decomisado, lo que haceque los bienes pierdan su valor comercialo se deterioren”.Emilio Gamboa manifestó quehay “incertidumbre de la sociedadmexicana en relación a qué se adjudicao se destina, el resultado dela venta de los recursos decomisados”.A su vez, César Camacho Quiroz,uno de los diputados federalesque impulsa la reforma en lamateria, señaló que utilizar el mecanismode la expropiación y nouna legislación específica en lo referentea la Extinción de Dominio,provoca que el Estado se sustenteen mecanismos jurídicamente frágiles.El Estado, agregó, no puedecombatir la ilegalidad con medidasde dudosa legalidad o que estén enriesgo de que una impugnación lashaga caer en la Corte.La ejecución de las expropiacionescomo medida gubernamentalpara abatir los altos índices delincuencialesen la ciudad ha resultadopolémica.Para Israel Alvarado Martínez,profesor investigador del InstitutoNacional de Ciencias Penales(Inacipe), los grandes beneficioseconómicos deben ser neutralizadospor el Estado, suprimirlos mediantemecanismos adecuados quepermitan sustraer los bienes delos delincuentes en favor de él. “Lavía no es la expropiación que, porcierto, el Constituyente la previópara causas totalmente distintasa las que se está aplicando actualmente.Pero mientras contemoscon una reforma de esa índole, lasautoridades no deben aplicar medidasque se desnaturalizan al seraplicadas a fenómenos delictivos”.Además, el académico enumeralos problemas prácticos que sehan presentado en los casos de lasexpropiaciones: la falta de notificacióna los inquilinos anterior ala expropiación, la indemnizaciónprevia y la justificación de las causasde utilidad pública, incluso, laviolación a los derechos humanos.Por ello, subraya que a pesar deque tienen un fin legítimo, las expropiaciones“resultan ineficaces ala luz de la normatividad que rigea la figura”.Los especialistas coinciden enque la delincuencia organizadatiene como una de sus característicasprimordiales operar comoempresa, es decir, responder a necesidadesconcretas del mercado,ofreciendo los bienes o serviciosque un grupo determinado de individuosdemanda y que se encuentrafuera de la ley, por lo quela finalidad económica es la principalde sus objetivos.Urge modificar la legislación,crear alguna especie de decomisocivil, una figura jurídica que estudiey valore la propiedad que esobjeto, instrumento o productode las actividades delictivas. Así loseñala Eloisa Quintero, especialistadel Inacipe.A decir de la experta, lo importantede los cambios legales esdelimitar con precisión su naturaleza,objeto y alcance. Sólo asíse podrá evitar su uso abusivo yserá una herramienta idónea enel combate contra la delincuenciaorganizada.Al referirse a la posibilidad decrear la Ley de Extinción de Dominio,parecida a la que se usa enColombia, la académica señala queno son las condiciones políticas osociales las que detonan el cambiode leyes. “Cada figura jurídicanació para algo determinado y porello tienen una naturaleza especial.Así, la expropiación naciópara quitar la propiedad a un sujetoparticular porque hay un interéspúblico como una carretera,una escuela, un parque público, esdecir, un fin social”.La desventaja de esta medida,dice, es la indemnización, por ellose piensa en la Extinción de Dominio,una figura jurídica que nace enColombia y que consiste en que losbienes pasan al Estado, y el titulardel bien pierde absolutamente eldominio de la cosa, y, por ello, norecibe contraprestaciones.Esa medida, señala Quintero,se obtiene directamente de unjuez. Es una medida que se llama“de naturaleza real”, va contra lacosa directamente, no tiene unorigen penal, es decir, “la figurade Extinción de Dominio es unaherramienta que se usa para combatirlos bienes que son el objeto,instrumento o ganancia de la delincuencia”.Las reformas congeladasEn marzo de este año, el presidenteFelipe Calderón envió unLas cifras que muestra elServicio de Administración yEnajenación de Bienes no sonalentadoras. En los primeroscuatro meses de 2005 seaseguraron más de 713 milbienes y se decomisaron 5mil 220, mientras que en elmismo periodo de 2007 seaseguraron 11 mil 157 bienesy se han decomisado, 12bienes. Ello quiere decir que,de los bienes asegurados enesos meses, sólo se han decomisado0.1 por ciento.paquete de reformas en materiade procuración e impartición dejusticia, en el cual se incluye aprobarla Extinción de Dominio, comoinstrumento judicial.Cuatro meses después, el Jefede Gobierno, Marcelo Ebrard, hizolo propio y presentó una iniciativapara reformar los artículos 22y 27 de la Constitución, con el finde incluir la figura de la Extinciónde Dominio.Por su parte, los diputados CésarCamacho Quiroz y GerardoVillanueva también presentaronmodificaciones en la materia. Sinembargo, la parálisis legislativamantiene en la congeladora todaslas propuestas y la justicia debetrabajar con las herramientas jurídicasque tiene al alcance.Actualmente, la legislación señalaque aquellos bienes que seanabandonados por sus titularespueden ser aplicados al Estado, yse adjudicarán en caso de que el titularsea miembro de la delincuenciaorganizada.Y aquí es donde comienzan losproblemas pues, según los especialistasconsultados, un delincuentepuede tener bienes por otro lado,por herencia o que se ganó en unpremio; entonces “lo que se debebuscar es atacar los bienes que estánsiendo utilizados para cometerdelitos”.Pero no todos los interesadosestán a favor de la Extinción deDominio. Gerardo Villanueva Albarrán,presidente de la Comisióndel DF en la Cámara de Diputados,señala que México no vive las mismascondiciones que Colombia,que justifiquen la aplicación de laExtinción.Por ello, le apuesta a la expropiación,porque en la ciudad “sobranlos casos de utilidad pública”.Más aún, asevera que muchos deesos inmuebles tienen problemasde titularidad, es decir, no tienendueño, de ahí que los casos en elDF han sido un éxito.Aunque no niega la utilidad dela Extinción de Dominio, dice queprefiere reforzar el instrumentode la expropiación; una herramientaque utilizó el GDF y que,incluso, ha sido reconocido por lospartidos de oposición.“Sobre todo porque cuando unEstado, como el nuestro, muestrainstituciones tan frágiles, se correel riesgo de que sea utilizada comouna herramienta de represióncontra garantías individuales. Actualmente,la misma ProcuraduríaGeneral de la República (PGR)funciona más como policía políticaque como perseguidora de delitosfederales”.10 de septiembre de 200710 de septiembre de 2007