Ni Seguridad, Ni Derechos - Human Rights Watch

En febrero de 2009, por ejemplo, las familias de cinco víctimas de presuntas desaparicionesforzadas en Nuevo León realizaron protestas públicas frente a la legislatura estatal, paraexigir al gobierno que investigara a fondo sus casos 355 . Tras meses de protestas sin obtenerresultados, en septiembre de 2009, las familias de las víctimas iniciaron una huelga dehambre, que llevó a que el Procurador General de Justicia del estado se comprometierapúblicamente a redoblar los esfuerzos de su institución en las investigaciones. Como partede un acuerdo con los familiares, los agentes del Ministerio Público acordaron mantenerreuniones semanales con ellos para brindarles información actualizada sobre los avances enlas investigaciones. Al principio, eran más de 20 las familias de víctimas que participaban enlas reuniones. Pero según varios participantes entrevistados por Human Rights Watch, lasreuniones no lograron ningún avance en las investigaciones 356 . En diciembre, comenzaron areunirse una vez cada dos semanas, y en febrero de 2010, una vez por mes. En septiembre de2010, se llevó a cabo la última reunión. En ninguno de los casos se condenó a funcionariosestatales por las presuntas desapariciones forzadas 357 .De manera similar, en 2008, las familias de los desaparecidos de Baja Californiaorganizaron protestas públicas para exigir que se creara una fiscalía especial del estadopara la investigación de personas desaparecidas 358 . Cuando finalmente se creó estafiscalía, se nombró solamente un agente del Ministerio Público para tratar más de 200casos denunciados por las familias y las organizaciones de la sociedad civil. Más de dosaños después de que se creara esta oficina, la presidenta de una organización quecongrega a familias de víctimas expresó a Human Rights Watch: “No hay un avance real enningún caso” 359 .Omisiones y falencias en las investigaciones militaresEs habitual que agentes del Ministerio Público militar no lleven a cabo investigacionesadecuadas sobre las presuntas desapariciones forzadas y, por ejemplo, no interroguen atestigos clave, no se hagan presentes en el lugar de los hechos y no investiguen posiblespruebas. Como se indicó anteriormente, ningún militar ha sido condenado por el delito dedesaparición forzada en el sistema de justicia militar.355 Entrevista de Human Rights Watch con Consuelo Morales, directora de la organización de derechos humanos Ciudadanosen Apoyo de Derechos Humanos (CADHAC), Monterrey, Nuevo León, 9 de diciembre de 2010.356 Ibíd.357 Ibíd.358 Entrevista de Human Rights Watch con Cristina Palacios, presidenta de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad, yFernando Ocegueda Flores, secretario general, Tijuana, Baja California, 29 de abril de 2010. Entrevista telefónica de HumanRights Watch con Cristina Palacios, Tijuana, Baja California, 26 de mayo de 2011.359 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Cristina Palacios, Tijuana, Baja California, 26 de mayo de 2011.NI SEGURIDAD, NI DERECHOS 146