El derecho electoral y el derecho parlamentario. Los límites de la ...

Luis Raigosa Sotelo31su interpretación “se ha distanciado de la doctrina consolidada delos ordenamientos jurídicos comparados, en los que no se duda enconsiderar al parlamentario como un cargo público representativoque ejerce funciones públicas en el seno de un órgano del Estadoque encarna al poder legislativo, funciones que no son consideradasen ningún caso como un derecho fundamental”. 12 Éste ya es unasunto crítico que afectaría la aplicabilidad de la tesis en nuestromedio, toda vez que, en realidad, antes que un argumento de autoridadsólido, es un contraejemplo de una postura doctrinal queinterpreta la posición jurídica de los derechos de los legisladores ysu eventual justiciabilidad. Esto es así porque si la doctrina españolanavega “a contracorriente” —porque construye estos derechos demanera diferente a las doctrinas que son imperantes en el contextodel derecho parlamentario europeo—, entonces haría falta, en miopinión, argumentos para defender el porqué es mejor esta doctrinaindividual que el resto de la doctrina europea que le es contraria.Además de las dos diferencias que he apuntado entre la experienciaespañola y la mexicana sobre este tema, es decir, la queen España se refiere a la existencia de una norma constitucionalexpresa que regula el ejercicio del cargo público como un derechofundamental, y la creación de una doctrina emitida por el TribunalConstitucional acorde con esta norma constitucional, la doctrina españolaha resaltado la existencia de algunos problemas, pero de ordenteórico, que debilitan la postura del ejercicio del cargo de legisladorcomo un derecho fundamental sometido a tutela por vías de controlde constitucionalidad electoral. Así, por ejemplo, se ha señalado queel derecho fundamental de los legisladores, extrañamente, tienetambién una dimensión de deber jurídico, lo que resulta ajeno alas características que definen a los derechos fundamentales, salvo12Ídem.derecho electoral »