Parlamento y Constitución. Anuario núm. 11 (2008) - Cortes de ...

FRANCESC DE CARRERAS SERRAdel ordenamiento y la supremacía de la Constitución no toleran la consideraciónde ambos planos como si fueran mundos distintos e incomunicables. Ni la jurisprudenciaordinaria puede, al interpretar y aplicar la ley, olvidar la existencia dela Constitución, ni puede prescindir la jurisprudencia constitucional del análisiscrítico de la aplicación que la jurisdicción ordinaria hace de la ley, cuando talanálisis es necesario para determinar si se ha vulnerado o no alguno de los derechosfundamentales”.Así pues, esta dificultad, probablemente insuperable, en separar claramentelos planos de la constitucionalidad y de la legalidad, en el marco de unaConstitución normativa como es la española, no aconseja adoptar esta solución.El último conjunto de reformas propuestas intenta dificultar, en lo posible,por vías procesales, el acceso de los demandantes de amparo al TribunalConstitucional. Ha sido, sin duda, la opción mejor acogida en la doctrina españolay, como veremos, la que más decisivamente ha influido en la actual reforma.Además, tiene la garantía del precedente comparado, tanto norteamericanocomo alemán.El precedente norteamericano lo encontramos en la técnica del certiorari,consistente en atribuir al Tribunal Supremo de Estados Unidos la facultad dedecidir discrecionalmente, sin necesidad de justificar la opción escogida, cuálesson los recursos que el Tribunal admite a trámite y cuáles no 9 . La introducciónde un procedimiento como el norteamericano sería la forma más radical parasolucionar los problemas de sobrecarga del Tribunal por causa del exceso deamparos. Sin embargo, como la mayoría de la doctrina ha señalado, se trata deuna solución difícilmente encajable dentro de nuestro sistema constitucional. Escierto que no existe propiamente en nuestro sistema un derecho al recurso deamparo, que impida introducir el certiorari, así como existe un derecho a la tutelajudicial efectiva que impediría, en su caso, que el certiorari se introdujera enlos procesos ante la jurisdicción ordinaria.Ahora bien, no cabe duda que el recurso de amparo tiene un componente subjetivo(art. 53.2 CE) de tutela jurisdiccional de las personas cuya principal funciónes protegerlas ante posibles vulneraciones de sus derechos fundamentales yestas personas deben tener ciertas garantías legales de que sus derechos serán9. Sobre esta técnica, véase el excelente estudio de M. A. Ahumada, “El certiorari. Ejercicio discrecionalde la jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo de Estados Unidos”, REDC, núm. 41,1994.16