Parlamento y Constitución. Anuario núm. 11 (2008) - Cortes de ...

JUAN MARÍA BILBAO UBILLOSEl folleto, que podría catalogarse como una muestra de literatura revisionista,daba a entender que no se había probado que seis millones de judíos fueron asesinadosantes y durante la II Guerra Mundial y que el holocausto es un mito frutode un complot judío a escala mundial.Zundel fue declarado culpable en primera instancia, fallo que sería confirmadoposteriormente por el Tribunal de Apelación de Ontario. Presentó entoncesun recurso ante el Tribunal Supremo en el que cuestionaba la compatibilidaddel art. 181 del CP con el derecho a la libertad de expresión garantizado por elart. 2.b) de La Carta canadiense de derechos y libertades. El Tribunal Supremo,por una apretada mayoría (cuatro contra tres) estimó el recurso y declaró inconstitucionalel precepto en cuestión por violación de la libertad de expresión. Ensu opinión, dicho precepto no guardaba relación directa con la lucha contra laintolerancia, y había sido redactado de forma excesivamente amplia, hasta elpunto de producir un efecto disuasorio o paralizante (chilling effect) del discurso,ya que algunas personas podrían dejar de exponer y defender sus propiasideas por miedo a la persecución penal. Así pues, el debate en este asunto no secentró tanto en el contenido de las ideas antisemitas de Zundel y en su eventualprotección constitucional como en los defectos de la norma incriminadora, cuyaaplicación podría comprometer los valores centrales de la libertad de expresión.Para los Jueces que suscribieron la sentencia, el art. 2.b) de la Carta protegeel derecho de la minoría a expresar su opinión, por impopular que pueda ser. Estaprotección se extiende por tanto a las creencias minoritarias que la mayoría consideraerróneas o falsas. No cabe duda, por tanto, de que el art. 181 CP, quepuede implicar la condena a una pena de prisión, tiene por efecto la restricciónde la libertad de expresión.De acuerdo con la interpretación que se ha venido haciendo de este derecho,a quienes publican deliberadamente falsedades no se les puede impedir, por esasola razón, que se prevalgan de la garantía constitucional. Antes de negar a unapersona la protección del art. 2.b), hay que estar bien seguros de que no hay nadaque justifique dicha protección. El criterio de la falsedad no permite alcanzar esacerteza, dado que una declaración falsa puede tener a veces un cierto valor y ademásresulta difícil determinar de forma concluyente la completa falsedad.La mayoría considera que no existe un objetivo “real y urgente” que justifiqueuna medida tan drástica. A falta de un objetivo suficientemente importantepara justificar un atentado a la libertad de expresión, el art. 181 no puede man-44