Parlamento y Constitución. Anuario núm. 11 (2008) - Cortes de ...

FRANCESC DE CARRERAS SERRA(a pesar de su equívoco nombre) si no que se trata de una acción procesal autónomade naturaleza constitucional que se limitar a proteger personas a las cualesse les han vulnerado derechos fundamentales. En unos casos por desconocimiento,en otros por malicia – del abogado respecto del cliente– o temeridad omala fe procesales, muchos amparos han sido interpuestos con muy poco fundamentoy con notorias deficiencias técnicas. La prueba de ello son las desmesuradascifras que dábamos al principio: en el año 2006 sólo el 4,07% de losrecursos han sido admitidos a trámite. Pues bien, las facilidades se han acabadoporque ahora se les exigirá un esfuerzo mucho mayor: deben convencer alTribunal de que el asunto tiene trascendencia constitucional, lo cual implica unconocimiento detallado de la jurisprudencia y doctrina elaborada por el mismoy un cierto nivel de preparación en razonamiento constitucional.En relación con estos obstáculos disuasorios para interponer demandas pocofundadas debe mencionarse también el aumento de las sanciones. En efecto, elnuevo artículo 95.3 LOTC establece: “El Tribunal podrá imponer a quien formulaserecursos de inconstitucionalidad o de amparo, con temeridad o abuso dederecho, una sanción pecuniaria de 600 a 3.000 euros”. En el redactado anteriora la reforma –que data de 1979– estas conductas se sancionaban con multas de5.000 a 100.000 pesetas. Sin haber hecho un cálculo preciso de la equivalenciaentre las cantidades fijadas en 1979 y en 2007, a primera vista no creo que elvalor en moneda constante de estas sanciones haya aumentado o disminuidomucho. Ahora bien, si comparamos el valor de las multas actuales con el valorde las fijadas en 1979 durante los años inmediatamente anteriores a 2007, elaumento en moneda constante es, sin duda, muy considerable. Por tanto, aunqueel procedimiento ante el Tribunal sigue siendo gratuito (art. 95.1 LOTC), elencarecimiento de las sanciones respecto de los últimos años puede ser disuasoriopara interponer recursos temerarios o maliciosos.Además, sigue vigente el art. 95.2 LOTC: “El Tribunal podrá imponer lascostas que se derivaren de la tramitación del proceso a la parte o partes quehayan mantenido posiciones infundadas, si apreciase temeridad o mala fe”. Yadesde el ATC 22/1985, el Tribunal ha sostenido que las costas y sanciones seextienden al trámite de admisión. Es más, en dicho Auto se mantiene que:“el momento procesal más adecuado para la apreciación de la posible temeridades el trámite del art. 50, precisamente por examinarse en él si se dan lospresupuestos procesales y si concurre o no la carencia manifiesta de contenidoconstitucional, pues la superación de esa fase constituye ya por sí misma una30