Parlamento y Constitución. Anuario núm. 11 (2008) - Cortes de ...

FRANCESC DE CARRERAS SERRAdecisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional”. Laprimera de estas razones ya figuraba en la ley tal como se aprobó en 1979; encuanto a la segunda, se había añadido, respecto a su redacción anterior, el significativoinciso “sobre el fondo”En realidad, ello posibilitaba una interpretación que liberara al Tribunal deentretenerse en fundamentar la inadmisión del recurso. Téngase en cuenta queen aquellos años –y hasta la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2001 queexige a las providencias una “sucinta motivación”– las providencias, a diferenciade los autos, no exigían motivación alguna. Sin embargo, llevado por su afángarantista en materia de derechos fundamentales, el Tribunal siguió motivandolas providencias de inadmisión, con lo cual no evitó la sobrecarga de trabajo quepretendía evitar dicha reforma. A pesar de las críticas doctrinales, y tras algúnintento de interpretar estrictamente el art. 50.1.c) en la nueva redacción de lareforma de 1988 11 , se desaprovechó lo que, interpretado en sentido estricto,podía haber remediado la situación, es decir, podía haber conseguido el desbloqueode la actividad del Tribunal.III. Los presupuestos de la reforma.Todas estas posibles opciones han sido tenidas en cuenta por el legislador ala hora de reformar el recurso de amparo con el objeto de reducir la excesivadedicación del Tribunal a los mismos y así no retrasar las sentencias en losdemás procedimientos.La reforma establecida en la LO 6/2007 parte de dos presupuestos previos alos que ya hemos aludido: primero, no debe implicar una previa reforma constitucional;y, segundo, debe reforzarse el carácter objetivo del recurso de amparodado que la finalidad del Tribunal Constitucional reside básicamente en el controlde constitucionalidad de las leyes y en la resolución de conflictos, y sólo demanera secundaria en la protección de las personas por vulneración de los derechosfundamentales, labor que ya efectúan en otras instancias los jueces y magistrados.El hecho de que se emprenda la reforma sin previa revisión de la11. Es el caso del ATC 248/1994, de 19 de septiembre, que no tuvo después continuación. Véase elcomentario de J. L. Requejo Pagés, “Hacia la objetivación del amparo constitucional (comentario alAuto de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 19 de septiembre de 1994)”, REDC, núm 42,1994.18