Vernos con nuestros propios ojos - Editorial 'El perro y la rana'

La experiencia colombianaEn el Senado se hizo notar que entre 2003 y 2006 los miembrosde las bandas paramilitares tuvieron un crecimiento exponencial,pasando de 15 mil a 41 mil integrantes.En el Congreso se denunció asimismo que muchos campesinosdesempleados y sumidos en la miseria han sido utilizadospara hacerlos pasar como paramilitares y de esa manera cobrarel sustento mensual que les brinda el Estado, auxilio que asciendeen los últimos dos años a cien millones de dólares, que obviamentesale de los impuestos que pagan todos los colombianos.Mientras el Estado subsidia esta maquinaria paramilitar,los principales cabecillas de las Autodefensas, acogidos a la malllamada Ley de Justicia y Paz, están alojados (supuestamente detenidos)en el centro vacacional de La Ceja, en Antioquia. Para juristascolombianos, esta ley es un instrumento de impunidad con elcual se pretende, incluso, burlar una posible intervención de laCorte Penal Internacional, catalogando a las Autodefensas dentrodel esquema de delito político.El senador Parmenio Cuéllar recordó que los delincuentes políticosson aquellos que se rebelan contra el Estado. Obviamente, losparamilitares no están luchando por derribar el orden establecido,por derribar al gobierno. La Comisión Colombiana de Juristas hademostrado que en los dos años de esta política de “desmovilización”los distintos bloques paramilitares han cometido más de tresmil asesinatos, en su gran mayoría de campesinos indefensos, dirigentessociales, sindicales y políticos, y también de empresarios enel afán de quedarse con sus negocios.Solo el bloque Norte de las Autodefensas ha perpetrado 558asesinatos, cifra confirmada por el computador incautado al jefeparamilitar “Jorge 40”, y denunciados en el Senado el 18 de octubrede 2006. Al mismo tiempo, las Autodefensas siguen narcotraficandoy mantienen dominio territorial, político y económico en ampliaszonas del país.Pero quizá las denuncias más fuertes fueron las realizadas por elsenador Gustavo Petro, a mediados de abril de 2007, cuando afirmóque cuando era gobernador, el presidente Álvaro Uribe autorizó la195