DEBATE No. 24

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
prácticas corruptas en la conducta de los servidores públicos en el Estado de México”,
admite el documento denominado “Políticas de Gobierno para el Estado de México”,
editado por el Instituto de Administración Pública de la entidad (IAPEM) en noviembre de
2015.
En el rubro de ética y transparencia dicho documento cita a la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI, quien midió las
experiencias de la población al enfrentar una situación de corrupción. En dicho estudio el
Estado de México fue la tercera entidad con mayor corrupción, sólo superado por San Luis
Potosí y el Distrito Federal (en 2014).
Dicho documento del IAPEM, que propone políticas públicas para su implementación,
aclara que es pertinente comenzar con la elaboración de un diagnóstico sobre la corrupción
en el Estado de México.
“Es necesario revisar exhaustivamente el diseño institucional de las instituciones
mexiquenses (sic) en relación con los instrumentos normativos y prácticos que se han
utilizado para combatir la corrupción, y promover una cultura ética, también deben revisarse
las evaluaciones que al respecto se han realizado, ello brindará un panorama ilustrativo
sobre las políticas de formación en ética, combate a la corrupción y transparencia en las
organizaciones públicas mexiquenses”, refiere el texto que ya debería estar aplicando el
gobierno mexiquense.
DE DICHO
La corrupción es un tema que al Gobernador Eruviel Ávila Villegas le ha ocupado al
momento de hacer sus propuestas electorales, pero que en los hechos deja un saldo
pendiente.
Por ejemplo, durante su campaña electoral la coalición que lo postuló al cargo, registró una
plataforma comicial que incluía un sistema público de medición y evaluación de la gestión
pública, la divulgación de bases de datos puras para promover un gobierno abierto, la
publicación del gasto del gobierno en tiempo real, fortalecer atribuciones del Órgano
Superior de Fiscalización y darle autonomía de gestión, además de crear un tablero de
control de adquisiciones, entre otras propuestas que la fecha han sido soslayadas.
El gobierno estatal también ha buscado instrumentar medidas publicitarias y de corto
alcance, como evitar que los policías varones apliquen las multas de tránsito o restringir las
causas para enviar un vehículo al corralón, iniciativas que atacan a los sectores más bajos
de la administración pública, pero sin incidir en los funcionarios de primer nivel, donde se
gestan las mayores irregularidades en perjuicio del presupuesto público.
Otra medida anunciada por el actual gobierno mexiquense fue la reforma al artículo 38 bis
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y al 52 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el objetivo
de habilitar funcionarios encubiertos que detectaran actos de corrupción en las diferentes
áreas de gobierno, sin embargo, a la fecha se desconocen resultados o avances logrados.
Al respecto el documento “Políticas de Gobierno para el Estado de México”, del IAPEM,
aclara que una forma fundamental para desincentivar la corrupción es la instrumentación
de la ética pública, “que obviamente se enriquece con la política de transparencia de
todos aquellas entidades que reciban recursos públicos en su funcionamiento”.
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