DEBATE No. 24

Editorial
El año que se extingue deja en el Estado de México uno de los
capítulos más emblemáticos de la corrupción que carcome desde
hace lustros al gobierno mexiquense, quien no es el único, ni el
solitario responsable de ese mal uso de los recursos públicos, sin
embargo, en 2015 fue exhibido como nunca antes había ocurrido
en otra administración estatal.
Si bien la corrupción es un fenómeno endémico de la sociedad
mexicana y podría considerarse que todos la han padecido o
provocado, lo cierto es que una excelente herramienta para
combatirla sigue siendo el generar buenos gobiernos, con
eficientes políticas públicas que catapulten una convicción ética
de los servidores públicos.
Herramienta fundamental en esta tarea es la verdadera
transparencia gubernamental, no la del discurso a la que todos
recurren cuando es la ocasión, sino la del real compromiso de
permitir que el ciudadano indague hacia el interior de las añejas
burocracias, con el riesgo de percibir vicios e inercias.
A partir del primero de enero de 2016 inicia formalmente la
gestión de las nuevas administraciones municipales del Estado
de México, momento propicio para que los Ayuntamientos que
gobernará el PRD marquen diferencia en el camino para combatir
a la corrupción, con la consolidación de prácticas que garanticen
el derecho de acceso a la información pública, como un garantía
individual; la transparencia, como un bien jurídico que tutela a
toda la sociedad; y la rendición de cuentas, que es una obligación
constitucional de todo gobierno de comparecer ante el ojo
ciudadano.
De ahí el compromiso de los Cabildos perredistas para no sólo
alentar la capacitación de los funcionarios municipales en las
buenas prácticas del servicio público que erradiquen la corrupción,
sino que también adviertan los beneficios democráticos de
consolidar gobiernos abiertos.