DEBATE No. 24

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
La negligencia en materia de Transparencia
no es privativa de municipios rurales, pues en
los gobiernos priistas, con una calificación de
0.1 a 59, están Tecámac, Zumpango, Tultitlán,
Tenango del Valle, Metepec, Chimalhuacán,
Capulhuac y Cuautitlán, entre otros.
En la trinchera del PAN, que gobierna 16
municipios mexiquenses, la realidad es similar.
Cuatro de sus Ayuntamientos simplemente no
publican nada de la información revisada, lo
cual significa el 25 por ciento del total, y los
restantes 12 gobiernos (75%) registran una
calificación reprobatoria.
Los cuatro gobiernos panistas que tienen
nulo interés en informar a la ciudadanía
sobre las finanzas públicas son Apaxco,
Hueypoxtla, Tequixquiac, y Texcaltitlán. Entre
los Ayuntamientos con mayor calificación,
pero que también están reprobados están
Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Coatepec
Harinas, Huehuetoca, y Valle de Bravo.
En el PRD de los 11 gobiernos locales, tres
no publican nada de la información revisada
(27.2%), seis tienen una puntuación reprobatoria
de 0.1 a 59 (54.5%), y dos registraron una
calificación entre 60 y 80 (18.1%).
Adicional a los tres principales partidos, el
PT gobierna en dos municipios, Calimaya y
Xonacatlán, quienes logran una calificación
entre 60 y 80 puntos, mientras los dos
Ayuntamientos de Movimiento Ciudadano,
Temamatla y Texcoco, están reprobados al
tener una calificación menor a 60.
Para obtener tales cifras se utilizó la
metodología descrita en los “Lineamientos
por los que se establecen las normas que
habrán de observar los sujetos obligados en
la identificación, publicación y actualización
de la información pública de oficio”,
documento aprobado por el Instituto de
Acceso a la Información del Estado de
México (Infoem) y publicado el 2 de abril de
2013 en la Gaceta del Gobierno.
La revisión consistió en analizar la
información que los 125 Ayuntamientos
publican en 18 rubros, que tienen relación
con datos financieros de sus gobiernos,
incluido el salario de los alcaldes.
Para la ponderación también se siguió la
metodología de dicho documento, donde por
cada rubro se asignan calificaciones de 0 a
1, dependiendo del grado de cumplimiento.
Los rubros revisados fueron el salario de
los alcaldes, programas anuales de obras,
procesos de licitación de obra pública,
estadística sobre solicitudes de información y
datos personales, presupuestos asignados,
informes de ejecución de presupuestos,
programas sociales, situación financiera,
deuda pública, licitaciones y contrataciones;
autorizaciones, permisos, licencias,
certificaciones y concesiones; informes de
auditorías, trámites y servicios, y cuentas
públicas.
El artículo 12 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de México y Municipios obliga a que los
gobiernos municipales publiquen dichos
datos, pues se consideran como información
pública de oficio, y no de hacerlo se incurre en
responsabilidades administrativas y penales.
A su vez el artículo 15 de la misma Ley también
incluye la obligación de los Ayuntamientos
para publicar información sobre el desarrollo
de obras, la hacienda pública, los valores
unitarios de suelo y construcción, y el reporte
de participaciones y aportaciones recibidas,
conceptos que también fueron incluidos en
la revisión instrumentada.
SÓLO LO FÁCIL
Destaca que sólo en el concepto de trámites
y servicios se obtiene una evaluación
positiva.
Del total de los 125 Ayuntamientos, 86
sí transparentan servicios y trámites
que proporcionan a los ciudadanos,
especificando las características de los
mismos, sin embargo, el resto no lo hacen.
Este rubro se consideraría el más fácil para
revelar, pues no implica ninguna información
comprometedora para el gobierno municipal
e incluso es indispensable para orientar a los
vecinos de cada localidad.
No obstante, en una ponderación que implica
la suma de las calificaciones obtenidas en
cada rubro por los 125 Ayuntamientos, se
obtiene que los conceptos más ocultados
por los gobiernos municipales son el
desarrollo de obras públicas (22.4%), los
reportes de la deuda pública (23.6%),
las licitaciones y contrataciones (24%), la
hacienda pública (24%) que consiste en el
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