sent-c-741-15

(i) En su escrito se refiere a la adopción y consentimiento, afirmando que la
adopción “resuelve una situación que proviene de circunstancias extremas de
vulnerabilidad donde la madre biológica debe decidir la entrega de su
niño/a”. Esta es una institución que debe proteger y permitir el desarrollo de
los niños/as. Menciona que en el Código colombiano art. 66 se establece como
una medida de protección, y que en los países latinoamericanos la adopción
puede ser plena o simple, dependiendo de la irrevocabilidad del vínculo.
(ii) En cuanto al consentimiento para dar en adopción menciona que éste debe
ser libre e informado, expresado sin presiones y con el debido asesoramiento
sobre las consecuencias de esa manifestación de voluntad, de manera que se
debe otorgar en un ámbito de libertad, de conformidad con la Convención de
la Haya de 1993 y otros instrumentos internacionales sobre la materia. En este
sentido, indica que el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad aprobó la Observación General No. 1, que establece la
diferencia entre capacidad mental y legal, e indica a los Estados las medidas
que deben adoptar en tanto ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad
jurídica y el establecimiento de los apoyos.
(iii) En cuanto a los apoyos y la toma de decisión por los padres en estado de
discapacidad, advierte que éstos requieren de estas ayudas para evitar una
eventual situación de abuso de hecho o de derecho en la toma de la decisión,
de conformidad con el art. 12 de la CDPD.
(iv) Acerca del consentimiento sostiene que la adopción debe ser autorizada
por autoridad competente, y que debe asegurarse que los padres o
responsables biológicos tengan la debida asesoría, conozcan las consecuencias
de esta decisión, y den su consentimiento por escrito.
8.4 Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) de
Argentina
Esta Red internacional coadyuva la demanda en tanto considera que se vulnera
el interés superior de un niño si se lo separa de sus padres o madres con
motivo de la discapacidad de éstos, para lo cual expone los siguientes
argumentos:
(i) La Ley 1098 demandada asimila la situación de un padre o madre a quien
“…lo aqueja una enfermedad mental o grave anomalía psíquica certificada
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses· con el
fallecimiento o falta del dicho/a progenitor/a. En este sentido asimila la
condición de discapacidad con la muerte, lo cual implica una verdadera
“muerte civil” y conlleva una dimensión tanto material como simbólica de
gravedad inusitada.
(ii) En consecuencia, esta norma consagra una discriminación por motivos de
discapacidad, ya que desconoce el artículo 2º de la CDPD que entiende por
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