sent-c-741-15

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la
Constitución Política, el señor Procurador General de la Nación, mediante
concepto 5937 del 5 de agosto de 2015 solicitó a la Corte declarar la
exequibilidad condicionada del aparte acusado del artículo 66 de la Ley 1098
de 2006 en el entendido de que (i) la expresión “sino también cuando lo
aqueja una enfermedad mental o grave anomalía psíquica” deba ser
interpretada como una sola proposición jurídica, es decir, que la “grave
anomalía psíquica” califica el concepto de “enfermedad mental”; y bajo el
entendido que (ii) la expresión “grave” no puede ser entendida solo en
relación con la imposibilidad para otorgar el consentimiento sino, también, en
relación con la dificultad para el ejercicio de la paternidad, de tal manera que
la ruptura del vínculo biológico y la posterior adopción resulte en la medida
más idónea conforme al interés superior del niño.
La Vista Fiscal presentó los siguientes argumentos:
(i) La disposición solo resulta constitucional cuando se entiende que la
expresión “sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental o grave
anomalía psíquica” constituye una sola proposición jurídica, pues resultaría
contrario al ordenamiento superior que se pueda prescindir del consentimiento
para dar en adopción por el solo hecho de existir una enfermedad mental que
no sea grave, o lo que es lo mismo, que no imposibilite para decidir libre e
informadamente sobre la paternidad.
(ii) La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al sostener que la
adopción es medida de restablecimiento del derecho fundamental de las niñas,
niños y adolescentes a tener una familia y no ser separado de ella, en cuyo
proceso debe primar el interés superior del menor. La medida debe ser
necesariamente de naturaleza subsidiaria, solo sería procedente cuando la
familia biológica es incapaz de satisfacer los derechos del niño.
(iii) La figura del consentimiento regulada por el artículo 66 resulta ser una
garantía para evitar que el Estado pueda romper los vínculos sin contar con la
anuencia de los progenitores, al menos cuando su consentimiento resulta ser
necesario en el proceso de adopción. Por la misma razón, las excepciones al
consentimiento, como la que se demanda, requieren de la existencia de una
justificación suficiente de cara a la satisfacción del derecho a tener una
familia, aún a costa de la filiación natural misma.
(iv) Colige que la inconstitucionalidad de la norma acusada desaparece si se
integran en una misma proposición jurídica las dos expresiones de
“enfermedad mental” y “grave anomalía psíquica”. La disposición resulta ser
condicionalmente exequible en el entendido que la expresión “enfermedad
mental” deba ser interpretada como una sola proposición jurídica con el texto
normativo “grave anomalía psíquica”.
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