sent-c-741-15

tales compromisos se destacan: i) promover y llevar a cabo los cambios o las
adiciones legislativas y/o reglamentarias que resulten necesarias para remover
las barreras culturales, normativas o de cualquier otro tipo, que al momento de
entrar en vigencia la Convención obstruyan el real ejercicio de tales derechos;
ii) abstenerse de cualquier acto o práctica de discriminación, o que resulte
contrario al propósito de la Convención, y de tomar las medidas pertinentes
para que ninguna persona u organización privada los ejecute; iii) promover la
investigación, la formación profesional y las demás acciones necesarias para
el diseño e implementación, con consulta y participación de las personas
discapacitadas, de políticas públicas conducentes a la plena efectividad de sus
derechos; iv) proporcionar a la población discapacitada información adecuada
y suficiente sobre la disponibilidad de mecanismos diseñados para mejorar sus
condiciones de movilidad, y en general, la plena accesibilidad a los bienes y
servicios que disfruta la generalidad de la población. El mismo artículo
consagra en su numeral 2° el compromiso de los Estados miembros para
garantizar la progresiva ampliación del disfrute de los derechos sociales,
económicos y culturales hasta el máximo de sus recursos disponibles y,
cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional. 67
Con la CDPD se modificó el entendimiento de la discapacidad hacia el
paradigma del modelo social. Esta Corte ha establecido que “Esta concepción
se basa en admitir que la discapacidad no es un asunto que se derive
exclusivamente de las particularidades físicas o mentales del individuo, sino
que también tiene un importante concurso en la misma las barreras que
impone el entorno, de diferente índole, las cuales impiden que la persona con
discapacidad pueda ejercer adecuadamente sus derechos y posiciones
jurídicas”. 68
8.2 En el ámbito interno, la Constitución Política de 1991 consagra en
múltiples disposiciones –artículos 13, 47, 54 y 68- la especial protección de
que gozan las personas con limitaciones o con discapacidad, y la
jurisprudencia constitucional ha tenido la oportunidad de referirse
ampliamente al tema de la protección de los derechos de personas con
limitaciones o con discapacidad.
La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en relación con la
marginación de que son víctimas las personas con limitaciones o con
discapacidad, reconociendo que dicha marginación ha sido una constante
histórica y ha tenido unas características singulares debido a particulares
características de esta población. 69 Es así como ha reconocido las diferentes
barreras y disímiles obstáculos de todo orden, jurídicos, socioeconómicos,
políticos y culturales que han tenido que padecer las personas con limitaciones
67 Ibidem.
68 Sentencia C-066 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
69 Ver Sentencias T-207 de 1999 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, y C-804 de 2009, M.P. Maria Victoria
Calle Correa.
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