sent-c-741-15

consentimiento, estableciendo entre otros aspectos el examen mental. En caso
de que se encuentren indicios o el diagnóstico de una enfermedad o trastorno
mental la autoridad administrativa solicita la certificación por parte del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la cual se
determina tanto la enfermedad o anomalía psíquica, como la aptitud o
capacidad para otorgar el consentimiento para la adopción. Por tanto, es
necesario acudir al dictamen pericial especializado como medio para
determinar el alcance de la condición mental o psíquica de quien debe otorgar
el consentimiento.
(iv) Para el Instituto no es relevante la diferenciación que hace el actor entre
personas con discapacidad mental temporal o permanente, curables o no
curables, sino que lo importante es la valoración que en cada caso concreto
haga la autoridad competente. Lo anterior, puesto que pueden existir casos de
personas con discapacidad mental temporales o curables que para el momento
de dar su consentimiento son incapaces de emitir una manifestación de
voluntad válida respecto de la adopción; y personas en estado de discapacidad
mental absoluta, que respecto de las relaciones familiares pueden emitir
válidamente su voluntad y entender los efectos de la misma.
Por ello, no puede tratarse de cualquier enfermedad mental, sino de aquella
que de conformidad con el dictamen o certificación expedida por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses afecte gravemente a la
persona, a tal punto que le impida tomar una decisión tan transcendental como
la adopción. El ICBF insiste que el punto central es la aptitud que tenga la
persona en situación de discapacidad mental, la cual no se presume, ni se
elimina por su condición.
(v) Según el ICBF el aparte demandado puede generar una interpretación que
no se ajuste a la Constitución, en cuanto a lo que certifica el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en atención a que si se entiende que
dicho dictamen solo se limita a certificar la enfermedad, carecería de
importancia y generaría una violación directa a la Constitución al entender que
con ésta, se podría prescindir del consentimiento de la persona en situación de
discapacidad mental.
Esta no es la interpretación que en criterio del Instituto debe hacerse del aparte
mencionado, pues la certificación del Instituto Nacional de Medicina legal y
Ciencias Forenses, no solo dará fe de la existencia de enfermedad mental o
grave anomalía, sino que deberá realizar una valoración y dictaminar sobre la
aptitud y capacidad de la persona en situación de discapacidad mental para
emitir su consentimiento sobre la adopción. Estima que esta última
interpretación se encuentra acorde con la Constitución y garantiza los
derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y permanecer
en ella, así como los de las personas en situación de discapacidad mental de
ejercer sus derechos en el ámbito familiar en igualdad, sin discriminaciones
basadas en su condición. Por tal razón solicita el condicionamiento enunciado.
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