sent-c-741-15

Constitución y el sistema integral de Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad, si se tiene en consideración que: (a) no es el concepto de
enfermedad, deficiencia o minusvalía mental o psíquica la causa
preponderante para determinar la posibilidad de otorgar un consentimiento
válido; (b) ese consentimiento solo cobrará validez con la acreditación de los
requisitos establecidos por la propia Ley respecto de la manifestación de
voluntad; (c) no resulta ser determinante la condición de tener una enfermedad
mental parcial o curable, sino la concepción de la personalidad jurídica de la
persona con discapacidad, los apoyos que se le brinden, y el que con ello
pueda otorgar un consentimiento válido e idóneo; (d) resulta necesario que el
Estado adopte los ajustes razonables y los apoyos necesarios para el acto de
consentimiento, y es el Defensor de Familia quien primordialmente debe
brindarlos; (e) el acto se debe celebrar a través de la obligación del Estado
como garante, rodeando de salvaguardias al mismo; (f) debe evaluarse la
afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la
prevalencia del interés superior del menor, así como la idoneidad de los padres
o de quienes detenten la patria potestad para ejercer la función parental; y (g)
debe valorarse durante el proceso administrativo y en cada caso concreto el
ejercicio de la patria potestad, que en principio es ejercida por ambos padres,
teniendo en cuenta aquellos casos en que sólo uno de ellos se encuentre
afectado por enfermedad mental o grave anomalía psíquica.
Por estas razones, se condicionará la exequibilidad de la norma incorporando
en ella el entendimiento del alcance normativo ajustado a la Constitución en
cuanto a la protección de los derechos de la familia y a no ser separado de ella
–art. 42 CP-, los derechos de los niños y la prevalencia del interés superior del
menor –art. 44 CP-, así como de los derechos a la igualdad y a la no
discriminación, y demás derechos de las personas en estado de discapacidad –
arts. 5, 13 y 47 CP-. De esta manera, la expresión demandada debe
interpretarse en el sentido que para el otorgamiento del consentimiento de los
padres o de quienes detenten la patria potestad y se encuentren en situación de
discapacidad por razones de enfermedad mental o graves anomalías psíquicas
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