sent-c-741-15

discapacidad, intervención que debe estar plenamente justificada por razones
extremadamente graves que afecten la integridad y el bienestar de los niños,
niñas y adolescentes.
(viii) Sobre el consentimiento para dar en adopción, esta Corporación
recuerda, como lo expuso de manera detallada en el apartado 7 de esta
providencia, que de conformidad con el ordenamiento jurídico actualmente
vigente, las normas internacionales sobre la materia, y los pronunciamientos
de esta Corte, la manifestación de voluntad para dar en adopción a un menor
de edad es válida civilmente e idónea constitucionalmente cuando se cumplen
los requisitos de ser un consentimiento informado, libre, voluntario, asesorado
y apto, exento de error, fuerza y dolo, y con objeto y causa lícitos.
En relación con la validez del consentimiento para la adopción por parte de las
personas en situación de discapacidad mental y los requisitos que prevé el
artículo 66 del Código de Infancia y Adolescencia, la Sala coincide con la
intervención presentada por el ICBF en cuanto que (a) siempre se debe partir
de la presunción de la capacidad mental del ser humano, que solo puede ser
desvirtuada a través de una autoridad pública como el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses; (b) no cualquier enfermedad mental
afecta de manera total la capacidad mental para otorgar el consentimiento; (c)
se debe demostrar una alteración importante de la función mental que necesita
una persona para dar un consentimiento, tanto en la cognición que es la
capacidad de comprender lo que está sucediendo, como en la volición que es
la voluntad sobre la gravedad de lo que se está decidiendo; (d) el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, una vez le solicitan
certificar la capacidad mental de una persona con una enfermedad mental o
grave anomalía psíquica, siempre requiere que se especifique el motivo de la
valoración para así emitir un concepto que concluya si falta o no, capacidad
para otorgar el consentimiento.
Igualmente, se comparte que no se trata de determinar el tipo de enfermedad,
esto es, si se trata de una enfermedad mental relativa o absoluta, o de si es
curable o no, sino de establecer en cada caso concreto si los padres o quienes
detenten la patria potestad, en el momento de dar el consentimiento para la
adopción, se encuentran en capacidad cognoscitiva, psíquica y emocional para
manifestar válida e idóneamente su voluntad, esto es, de dar un
consentimiento informado, pleno, libre, asesorado y apto, libre de yerros, de
fuerza o de dolo, así como de causas u objetos ilícitos.
(ix) Respecto de los derechos de los personas en estado de discapacidad, tema
que fue desarrollado en el numeral 8 de la parte motiva de este
pronunciamiento, y en este caso en particular de los padres en estado de
discapacidad por sufrir de enfermedad mental o de graves anomalías
psíquicas, y en cuanto a la posibilidad de que éstos puedan dar un
consentimiento válido civilmente e idóneo constitucionalmente con el lleno de
los requisitos de Ley, para esta Corporación es claro, en primer lugar, que la
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