V I S T O S

sin autorización de su propietario violentaba su derecho a la
intimidad, tornando en ilegal el procedimiento en cuestión y por
ende la prueba recaudada dentro del mismo.
(…)
Todo lo anterior indica que, si se violan las formalidades
sustanciales de cada medio probatorio o estos se practican con
detrimento de los derechos fundamentales, la sanción es la
inexistencia de la prueba, y, aunque no se generaría una nulidad
de toda la actuación sino de la prueba obtenida irregularmente,
en este caso, por tratarse del elemento esencial del tipo,
precisamente del arma de fuego cuyo porte o tenencia sin
permiso de autoridad competente es castigado por la ley, queda
la investigación huérfana de ese elemento que en este caso
estructura la conducta punible en cita.
Dentro de este contexto, lo que aflora de esta falencia en el
procedimiento policial adelantado en este asunto es la atipicidad
de la conducta desarrollada por el señor ISRAEL TABARES
CORTÉSZ, lo que deriva en la restauración de su libertad y en el
archivo de las diligencias. Por lo anterior, se deberá darle libertad
a ISARAEL TABAREZ CORTÉZ y ARCHIVAR estas diligencias.
Pues bien, sabido es que con la implementación de la
Ley 906 de 2004, que acentúa la garantía de los derechos
fundamentales del inculpado, para la definición de la
verdad y la realización efectiva de la justicia, la Fiscalía
General de la Nación se convirtió en parte dentro del
proceso penal, y, en consecuencia, desprovista de la
mayoría de las funciones jurisdiccionales que en el pasado
ejercía, de manera que toda la afectación de los derechos
fundamentales del investigado es definida por un juez que
debe autorizarla o convalidarla en el marco de las garantías
constitucionales, guardándose el equilibrio entre la eficacia
del procedimiento y los derechos del implicado mediante la
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