V I S T O S

aparecen demostrados; el Tribunal asevera que la Fiscalía
no logró demostrar más allá de toda duda razonable, que la
decisión de liberar al capturado en flagrancia adoptada por
el acusado se hubiere adoptado sin motivación alguna, por
cuanto, (i) no ordenó la inspección del computador oficial ni
del particular del acusado, para comprobar que en la
madrugada del 30 de mayo de 2012 no se había elaborado
la orden y desvirtuar así lo dicho por aquél en cuanto a que
ésta no fue impresa en su totalidad o se traspapeló, y (ii) en
posterior inspección que se hiciere de la carpeta, se
encontró la orden de libertad motivada.
Afirma el A quo que la ley en modo alguno exige que la
orden de libertad proferida por la Fiscalía General de la
Nación se haga de manera escrita, pues, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 162, será suficiente con que se deje
un registro de la fundamentación fáctica, probatoria y
jurídica que respalde tal decisión, razón por la cual la
decisión liberatoria puede comunicarse verbalmente a quien
favorece por ser éste el único destinatario de la orden.
Luego, entonces, lo relevante es analizar los argumentos
atendidos por CARLOS ALBERTO HINCAPIÉ LONDOÑO
para proceder de la forma en que lo hizo.
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