V I S T O S

(…).
Pues bien, esa disposición normativa fue objeto de
control de constitucionalidad desde el 2005, apenas un año
después de expedido el actual Código de Procedimiento
Penal, en la sentencia C-591, resultado del cual aquélla fue
declarada exequible de manera condicional, precisamente,
para establecer límites precisos al ámbito material del
control que sobre la captura en flagrancia le es dable hacer
a la Fiscalía General de la Nación previo a acudir ante el
juez con función de control de garantías. Dijo en aquella
oportunidad la Corte Constitucional:
Luego de haberse conducido a la persona ante la Fiscalía, ésta
adelantará una doble valoración: examinará si el supuesto delito
comporta o no detención preventiva y si la captura fue o no
legalmente realizada. De tal suerte que si el comportamiento
delictivo no conlleva imposición de medida de aseguramiento de
detención preventiva o la captura en flagrancia fue adelantada de
forma ilegal, el fiscal procederá a dejar en libertad al
aprehendido, imponiéndole bajo palabra un compromiso de
comparecencia cuando sea necesario.
(…).
En lo que concierne a segmento normativo “no comporta
detención preventiva”, cabe señalar que el artículo 307 del C.P.P.
prevé la imposición de medidas de aseguramiento privativas o no
de la libertad. Dentro de las primeras, se señalan la detención
preventiva en establecimiento carcelario y la detención preventiva
en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa
ubicación no obstaculice el juzgamiento.
34