Memorias de Nómada # 3

Opinión
Hace poco más de ciento cuarenta años, Ignacio
Manuel Altamirano denunciaba insistentemente las
condiciones de vida de los maestros en general, y de
los rurales en particular. La década de los setenta del
siglo XIX era un momento propicio para ello: tras la
caída del segundo imperio con pies de barro, los
liberales tenían el camino abierto para hacer volar su
imaginación acerca del tipo de país que requerían sus
intereses de grupo, siendo Estados Unidos y la
Europa occidental las premisas de un silogismo que,
contra toda lógica, esperaba construir un conocimiento
nuevo.
Altamirano, en este ir y venir de ideas, modelos,
estrategias, valores y prebendas futuras, pugnó
porque el Estado mexicano dirigiera la vista hacia la
educación, esfera sepultada por el fango de tierra y
sangre de la lucha civil, que había durado más de
cincuenta años. En diversos órganos de difusión, el
tixtleco publicó artículos como aquel cuyas palabras
empleo como epígrafe en esta colaboración. Altamirano
pensaba que era obligación del Estado mexicano
solidificar las bases del sistema educativo, y acción
inaplazable era trabajar por la conquista de la dignidad
del profesorado, figura eclipsada por el oscuro
brillo de la educación monacal.
Dignidad. Las novelas del siglo XIX solían presentar
a tres personas como las más reputadas por las comunidades
donde se desarrollaban sus historias: médicos,
abogados y maestros. Desempeñarse en alguna
de estas profesiones era sinónimo de tener un estatus
reconocido y admirado por el resto de los personajes,
incluso por los mismos protagonistas. Sin embargo,
buena parte de la novela decimonónica mexicana era
aspiracional, es decir, creaba mundos posibles deseados
por sus autores, quienes usualmente pertenecían a
una élite política. La realidad era distinta para el
maestro mexicano: sin las bases de un sistema educativo
funcional, aquél se veía condenado a ejercer una
profesión sin mayor retribución que alguna compensación
económica ocasional por parte del Estado. Ser
maestro estaba lejos de ser una profesión deseada.
Triste es reconocerlo, pero a más de un siglo de
distancia, dedicarse a la docencia aún no es reconocido
por la sociedad como una profesión digna de
respeto. Muchos factores han incidido en esta percepción,
pero resulta lamentable que sea la propia escuela,
como institución, la que se encargue de menospreciar
la labor docente. Hablo específicamente de un
buen número de escuelas particulares.
Existentes desde hace mucho tiempo en México, no
fue sino hasta la década de los noventa, con las reformas
en el ámbito de la educación, que se dio un boom
en la creación de escuelas particulares, mismas que
debían encargarse de satisfacer la demanda de estudiantes
que no encontraban sitio en las del Estado.
Este fenómeno, históricamente, se ha enquistado en
los niveles medio superior y superior, pues el sistema
educativo mexicano no ha podido crear alternativas
para dar cabida a las nuevas generaciones de estudiantes
que concluyen sus estudios en los niveles
respectivos.
Desde luego, la creación de escuelas privadas dista
mucho de ser un hecho censurable: éstas son necesarias
para brindar opciones de superación a miles de
jóvenes que por diversas causas no pudieron seguir
sus estudios en escuelas del Estado. Sin embargo,
considero que, en el mejor de los casos, no existe una
regulación efectiva hacia estos centros educativos,
específicamente en las condiciones laborales del
personal docente.
Al margen de la ley o usando vericuetos legaloides,
miles de maestros mexicanos laboran en escuelas
particulares bajo un esquema de contratos fantasma,
es decir de palabra, dejándolos en la más absoluta
incertidumbre al acercarse el final del periodo para el
cual fueron requeridos sus servicios; otros tantos no
han conocido los conceptos de aguinaldo o pago de
vacaciones por su práctica docente y sí los de reducción
de horas por falta de alumnado o el “apoyo”
obligado en los eventos que la escuela lleva a cabo
fuera del horario laboral del docente.
De igual modo, los directivos de estas instituciones
privadas suelen escamotear derechos laborales bási-
15