NORMAS DE COLABORACIÓN

El elenco de infracciones y sanciones muestra una cierta graduación en cuya cúspide estarían los
denominados “atentados contra la Divinidad de la Sagrada Hostia o semejante sacrilegio” del art. 4 del
Título VII de la Ordenanza, castigados, de forma pública e inmediata, con doscientos azotes en el cañón
de corrección y la posterior entrega del infractor a la Inquisición. La fuga es castigada con la imposición de
50 azotes, con una recarga de la tercera parte del tiempo que le reste de condena y con la “regresión” a
la primera clase de peonaje. Cabe el concurso si para la fuga hubiere hecho algún otro desorden tal como
disponía el art. 5 del Título VII.
Los recargos penales, o recargas gubernativas de condena, venían limitadas a partir de la Real
Orden de 31 de octubre de 1795 en tanto que para su imposición era necesario la formación del correspondiente
proceso al preso.
También se sancionaba al que violentase las prisiones,
o lo hubiera intentado. Si el infractor estaba clasifi cado en
la tercera categoría, regresaba a segunda clase a peonaje
con ramal, y si era de esta le eran aplicados 50 azotes (art.
7, Título VII). También los alborotos y faltas de subordinación
para los internos de primera y segunda clase eran
castigados con el número de azotes o palos que merecía
la entidad de la falta cometida y con días de peonaje si el
infractor era de tercera categoría según el art. 8 del Título
VII. En el fi nal de la escala de graduación, como falta leve,
el artículo 9 del mismo Título establecía una sanción de
resarcimiento para el extravío de las prendas del penado.
Auditor de la Armada
La férrea disciplina que se aplicaba en los buques de
guerra en aplicación de la Real Ordenanza Naval de 1802
fue causa de que los castigos corporales fueran la principal
y más recurrida de las sanciones contempladas en la Ordenanza
de 1804 para los internos en los presidios y arsenales
de la Armada.
La pena de azotes se infl igía estando el preso atado en un cañón, en el cabestrante o en la obencatura
del buque, todo ello de forma pública e infamante; así como la paliza, consistente en propinar golpes
de palo al infractor sin estar sujeto al cañón, las carreras de baquetas o los rebencazos, constituían junto
con la fi gura del recargo y el resarcimiento antes citado, las sanciones impuestas por la comisión de las
faltas cometidas en el interior del presidio. Estas brutales sanciones como la carrera de baquetas no fueron
derogadas hasta 1821, mientras que los azotes fueron abolidos como sanción en 1874.
No obstante, la Ordenanza de 1804 supuso un auténtico avance penal en cuanto a lo contemplado
en su art. 3 Título VII en tanto que expresamente proscribía el uso del tormento en los presidios navales:
“prohíbo que para cualquiera averiguación o cualquier motivo se use de tormentos, sea bajo este nombre
u otro como apremios, etc., cuyo inhumano y durísimo recurso es sólo inventado para omitir el trabajo de
prudentes diligencias a pesar del conocimiento de que con aquellos estímulos nunca puede deducirse la
verdad”. Aún tardarían 10 años más en llegar la proscripción legal y absoluta de la tortura como instrumento
judicial por Real Cédula de 25 de julio de 1814.
La Ordenanza de Presidios de los Arsenales de la Marina tuvo muy poca vigencia práctica, escasamente
un año. La derrota de la Armada española en Trafalgar y la falta de navíos y buques que pertrechar
en los arsenales dejaron sin sentido la utilidad de los presidios de los arsenales de la marina.
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