Edición 25 de Octubre de 2016

Diario Co Latino
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NACIONALES
Martes 25 de octubre de 2016
Las injusticias de la sala de lo constitucional
Diario Co Latino
A
ntonio Vega Castañeda es
un economista y auditor
salvadoreño, graduado
en prestigiosas universidades
norteamericanas, quien vive en
carne propia las arbitrariedades
de las instituciones financieras y la
complicidad de la administración
de justicia salvadoreña: lleva más
de 30 años en una batalla jurídica
librada desde el año 1996, producto
de un contrato de administración
de la empresa QUIMAGRO, S.A
DE C.V., y en aquel entonces el
BANCO DE COMERCIO, y que
luego de varias batallas legales
favorables, ahora el resultado
se le ha complicado por un fallo
al que llama “bochornoso”, de la
Sala de lo Constitucional.
Diario Co Latino comparte la
siguiente entrevista sobre el caso
con el empresario salvadoreño
para que nos relate con mayores
detalles lo que llama su “calvario
judicial’.
- Señor Vega, ¿Cómo se origina
su problema con el Banco de
Comercio y los tribunales de El
Salvador?
En 1980 QUIMA GRO, S.A.
DE C.V., hace un crédito por
300.000.00 Colones con el
objeto de invertir en maquinaria
y modernizar la planta de
producción de los químicos
industriales. Fue en ese entonces
que el Banco de Comercio dio
un crédito por esa cantidad. Sin
embargo, la crisis económica
llevó a la empresa al impago del
compromiso y fue entonces que
en 1984 ejecutivos del Banco de
Comercio nos señalaron que la
única salida era la firma de un
contrato de administración, por la
que el Banco administraría bajo su
total responsabilidad los ingresos
de nuestra empresa.
- Es decir que ¿su empresa
quedó en manos de ejecutivos
del Banco de Comercio?
Exacto. El contrato de
administración consistía
prácticamente en que el Banco
delegaría la administración de
nuestra empresa en todos los
sentidos: comprando y vendiendo
los productos de QUIMAGRO, y
con las ganancias de las ventas,
el banco se cobraría la deuda del
préstamo, así hasta que el crédito
quedara completamente saldado.
Pero no fue así. La historia es
que la empresa reportó ingresos
y ganancias, pero lo extracto es
que la deuda no se lograba cubrir,
y es porque los administradores
del banco se recetaron jugosos
honorarios, e inflaban costos Y
gastos a punto que las ganancias
de la empresa servían únicamente
para pagarles sus honorarios, Y
por ello no se reportaban abonos
a la deuda. De esa manera, la
empresa quebró y es entonces
que inician las batallas en los
juzgados del país.
- ¿Entonces el banco llevó
Antonio Vega Castañeda es un economista y empresario.
a la quiebra a la empresa
QUIMAGRO?
Fue una especie de administración
fraudulenta. A través de la figura
del contrato de administración
en la que fuimos despojados de
las decisiones del manejo de la
empresa, el banco prácticamente
la saqueó y como le comenté antes,
la administración únicamente
sirvió para que ellos durante más
de 10 años devengaran honorarios
sustanciosos. Imagínese que
ganaban mensualmente miles de
dólares e inflaban los costos de
materias primas a través de las
importaciones. De esa manera,
disfrazaron la no sostenibilidad
financiera de QUIMAGRO, y
lograron el cierre de operaciones,
dejándola en total abandono;
hasta en el año 2013 que la
Sala de lo Ovil dio por terminado
el contrato de administración y
condena al Banco de Comercio,
ahora Scotiabank, al pago de
daños y perjuicios, proceso que
ha sido iniciado pero que en esta
oportunidad no podré darle detalle
de este juicio en específico,
por existir una orden judicial
de prohibición de publicidad,
prohibición que no aplica a este
tema que nos ocupa por tratarse
de pretensiones relacionadas pero
diferentes.
- Usted dice que la declaración
de terminación del contrato fue
en el año 2013, pero dice que
la demanda la presentó el año
1996, es decir, más de veinte
años después de iniciarse el
reclamo judicial.
Así es. Lamentable pero cierto.
Mire, por este caso han pasado
más de cuatro abogados, todos
fallecieron en el transcurso
del mismo. Por ejemplo, el Dr.
Francicsco Lima y Dr. Federico
Flamenco, ambos de grata
recordación, fueron quienes me
acompañaron y me motivaron
a seguir adelante en este
desgastante litigio.
Pero ahora le explico el detalle
del por qué, este juicio tiene
más de treinta años de vida y de
cómo esos señores de la Sala
de lo Constitucional vienen a
contradecirse recientemente con
un fallo que me ha provocado
perjuicios, y que el decir de los
abogados, a quienes les he
planteado el caso, consideran
que esta resolución es totalmente
bochornosa e inaceptables.
- Explíqueme
Al ver cerrada las operaciones
de la empresa producto de la
mala administración del banco,
y ante los reclamos crediticios,
mis abogados me asesoraron
en demandar al entonces Banco
de Comercio, ya que a raiz de
su administración fraudulenta la
empresa quebró. Fue en el año
1996 que se presentó la demanda,
y es entonces que el Juez de la
causa pronunció sentencia en el
año 2001, siendo esa sentencia
favorable a QUIMAGRO. Los
abogados del banco apelaron
esa sentencia y la Cámara varios
años después resolvió a favor
del Banco; fue entonces que nos
presentamos ante la Sala de lo
Civil en curso de casación y ésta
resolvió en el año 2003 a favor del
banco.
Nosotros presentamos una
demanda de amparo en contra de
esa sentencia de la Sala de lo Civil
en el año 2005, y en el año 2010,
la Sala de lo Constitucional declaró
a nuestro favor el amparo, anuló
la sentencia de la Sala de lo Civil
y le ordenó a que pronunciaran
nueva sentencia ya sea en sentido
“estimatorio o desestimatorio ”.
- ¿Y se cumplió la orden de la
Sala de lo ConstitucIonal?
Sí se cumplió. La Sala de lo Civil,
conformada en su mayoría por
otros magistrados distintos a los
que se pronunciaron la primera
sentencia, en un reexamen,
producto de lo ordenado por
la Sala de lo Constitucional de
pronunciar nueva sentencia en
el sentido que fuere, advirtió
que en efecto lo denunciado por
nosotros en contra del entonces
Banco de Comercio, ahora
Scotiabank, era procedente.
Es decir, que logramos probar la
administración fraudulenta del
banco y los consecuentes daños
y perjuicios provocados de esa
negligencia. Por ello la Sala de
lo civil en el año 2013 pronunció
una nueva sentencia favorable a
QUIMAGRO, y condena al Banco
de Comercio, ahora Scotiabank,
al pago de daños y perjuicios,
ordenando a su vez que se iniciara
el respectivo proceso común para
fijar la cuantía de dichos daños y el
pago del mismo.
- Si la Sala de lo Constitucional
y la Sala de lo Civil han resuelto
a favor de QUIMAGRO ¿por qué
se le ha incumplido el reclamo
del pago de daños y perjuicios?
Porque ahora es la misma Sala de
lo Constitucional la que en un fallo
totalmente inaudito pronunciado
hace un mes, ha anulado lo que
ella misma resolvió en el año
2010, y anula la nueva sentencia
de la Sala de lo Civil.
- Es decir que ahora que existe
una sentencia de condena en
contra de un banco, entiendo
de sus palabras que la Sala
de lo Constitucional se quiere
contradecir en su propio fallo
!Claro! Aquí precisamente es
donde le pido toda su atención.
Resulta que es incomprensible lo
que ha pasado. Nadie le encuentra
lógica jurídica a las decisiones que
la Sala de lo Constitucional ha
tomado en este caso en particular,
y es donde nos genera sospechas
razonables de la actuación de
esos magistrados. Resulta que tal
y como le he comentado, en el año
2010, la Sala de lo Constitucional
resolvió anular la sentencia de la
sala de lo Civil por violaciones a
derechos fundamentales de mi
representada; de esa manera,
en cumplimiento a lo ordenado
en la sentencia de amparo, La
Sala de lo Civil pronuncia una
nueva sentencia de casación en
el año 2013, en la cual condena
al banco. Contra esta sentencia
condenatoria, en ese año los
abogados del banco, el Or. Ángel
Góchez Marín y el Dr. Enrique
Anaya, presentan una demanda
de amparo.
Y es justo acá donde empiezan a
advertirse las irregularidades de
las actuaciones de los magistrados
de lo Constitucional. La demanda
de amparo presentada por el
banco es declarada improcedente,
es decir, la pretensión del
banco no tenía asidero para un
pronunciamiento sobre el fondo del
asunto. Sin embargo, los mismos
magistrados de lo Constitucional,
haciéndole el favor al banco, de
oficio acumulan esa demanda
cuya pretensión fue declarada
improcedente, al amparo donde
anteriormente le habían ordenado
a la Sala de lo Civil pronunciar una
nueva sentencia.
-Entiendo que dos casos de
amparo ya finalizados por la
misma Sala de lo Constitucional,
¿son acumulados para una
nueva sentencia?, ¿es eso
legalmente posible?
Totalmente imposible. Pero la
Sala es la Sala y resuelve a su
antojo. Saben que nadie les
detiene. Si la pretensión del
amparo presentado por el banco
fue declarada improcedente, ya no
había cosa que juzgar. Pero la sala
de lo Constitucional-haciéndole
el favor-, decide remitir esa
improcedencia de oficio, es decir,
sin que el banco se lo pidiera,
para dar inicio a un “proceso
de verificación de sentencia”,
en el amparo ya sentenciado
definitivamente.
-En qué consiste ese proceso
de verificación de sentencia
que ordena la Sala de lo
Constitucional
Primeramente consiste en un
invento de la misma Sala. Es un
abuso de ellos al crear de hecho
procedimientos que la ley no
regula, pero ellos disfrazan sus
decisiones en decir que deben de
verificar que no existan violaciones
a derechos constitucionales, pero
en ese parecer, son ellos mismos
los que cometen arbitrariedades y
terminan violando derechos. El art.
36 de la Ley de Procedimientos
Constitucionales regula un
parecido a ese proceso de
verificación, con la enorme
diferencia que la ley establece
que únicamente se le faculta a