Edición 10 de Noviembre de 2016

Diario Co Latino
6 NACIONALES
Daniel Trujillo
Transparencia Activa
L
os defensores del
expresidente de la
República, Elías Antonio
Saca, le pidieron al Juzgado
Cuarto de Paz de San Salvador
decretar la reserva del proceso
judicial que se desarrolla en
contra de su cliente por presuntos
delitos de corrupción.
El motivo de esa petición: que se
haría pública información sobre
el uso de la partida de gastos
reservados de la Presidencia de
la República durante el gobierno
del exmandatario (2004-2009)
el cual, según los abogados, se
utilizó para financiar trabajos
de seguridad e inteligencia del
Estado.
“Pedimos la reserva del caso,
porque podrían revelarse
secretos de Estado”, recalcó Luis
Adalberto Palencia durante el
primer día de la audiencia inicial.
Mientras, José Mario Machado,
otro de sus abogados, explicó
que el dinero por el que acusan
a su cliente y a los exsecretarios
Presidenciales Elmer Charlaix,
Julio Rank y César Funes, así
como a tres empleados de Casa
Presidencial, se destinó al pago
del personal del Organismo de
Inteligencia del Estado (OIE).
Los defensores añadieron que
existía un control de los $246
millones por el que señalan
de corrupción al expresidente
Saca, debido a que había un
reglamento de gastos reservados
en ese entonces que normaba su
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
S
obreseimiento definitivo
para Juzgador. “Por haber demandantes
cesado los efectos del acto
reclamado”, los magistrados de
la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) dijo estar imposibilitada de
continuar con un proceso contra el
Juez Levis Italmir Orellana.
Ante esta situacion, el juez Levis
Italmir Orellana fue sobreseído por
la Sala de lo Constitucional en el
proceso de amparo promovido por
Ramón Villalta, Bertha De León,
y otros abogados por la reserva
total que decretó dicho juzgador
en mayo de 2014 al proceso del
expresidente Francisco Guillermo
Flores.
“Este tribunal se ve imposibilitado
de continuar con su tramitación
debiendo rechazar la demanda
presentada mediante la figura del
sobreseimiento, por “haber cesado
los efectos del acto reclamado” se
detalla en la resolución notificada
al juez.
La demanda fue interpuesta en
mayo de 2014, cuando Orellana,
Defensa de Saca pide reserva
del proceso judicial
Oscar Ortiz, Vicepresidente de la República, espera que la Asamblea Legislativa apruebe la emisión de bonos, para que el Estado
tenga fluidez financiera. Foto Diario Co Latino/ Guillermo Martínez
administración. “Los controles de
la Corte de Cuentas son informes
limpios”, destacó Machado durante
Sala de lo Constitucional rechaza
demanda contra Juez Levis Italmir
en su calidad de Juez Primero de
Instrucción, ordenó la reserva total
del proceso contra el expresidente
Flores, por esta razón los bogados
interpusieron
un recurso de revocatoria y
solicitaron que se les proporcionara
información sobre ciertos
documentos, sin embargo, el juez
declaró improcedente el recurso,
pues a su juicio la publicidad del
proceso podría poner en riesgo en
esos momentos la detención del
imputado y su extradición.
Las organizaciones querellantes
consideraron que la decisión del
juez Orellana violentó los derechos
de acceso a la información y a la
verdad, en un proceso donde se
investigaba, en aquel momento,
al exmandatario por los delitos de
enriquecimiento ilícito, peculado y
desobediencia a particulares en la
administración de millonarios fondos
de la cooperación de Taiwán.
“En virtud de que las actuaciones
que limitaban a los peticionarios el
acceso al expediente del referido
proceso penal e incluso intervinieron
definitivamente como querellantes,
carece de sentido continuar con
la tramitación de este amparo”,
la defensa del exmandatario.
El expresidente Saca y los
exfuncionarios del último gobierno
establecieron los magistrados.
Los magistrados concluyeron que
“escapa del objeto de este amparo
controlar la actividad probatoria
del referido proceso penal, la cual
por tratarse de una cuestión de
legalidad debe ser controlada por
el juez que conoce del proceso y
eventualmente por los tribunales
superiores, en vía de recurso”.
Por consiguiente, corresponde
declarar sin lugar la petición de la
ampliación de la medida cautelar
planteada por los demandantes.
En su defensa, el Juzgador dijo que
los límites a la publicidad procesal
se justifican en el orden público y
la posible obstrucción a la justicia
e independencia judicial que esta
puede generar, además alegó que
bien la sociedad no tenía acceso a la
información sobre el expediente ello
no le restaba al proceso su carácter
público, pues las partes acreditas
tienen la facultad de consultarlo.
No obstante, señaló que los
peticionarios no tenía la calidad
de partes en el proceso en ese
tiempo ya que se habían limitado
a interponer la correspondiente
denuncia y no se habían mostrado
como querellantes.
de ARENA son procesados por
los delitos de agrupaciones ilícitas,
lavado de dinero, peculado y casos
especiales de lavado de dinero en la
administración de $246 millones de
los fondos públicos.
Jueves 10 de noviembre de 2016
La Fiscalía General de la
República (FGR) explicó que tiene
documentación suficiente para
demostrar que el exjefe de Estado
y sus exfuncionarios violaron la
Ley Orgánica de Administración
Financiera del Estado, así como el
manual técnico de administración
financiera integrado en el manejo
de los gastos reservados.
“Hay documentación financiera de
Casa Presidencial, del Ministerio de
Hacienda que prueban la apertura
de cuentas y del crecimiento del
dinero. Hay una desviación dolosa
e ilícita de recursos del Estado”,
afirmó el fiscal del caso en el
segundo día de la audiencia inicial.
El representante fiscal añadió que
la ilegalidad consiste en que las
cuentas que administran recursos
públicos deben estar a nombre de
la institución y no de una persona,
caso contrario al proceso que
actualmente se realiza en contra
de Saca y los exsecretarios
presidenciales, ya que ellos
utilizaron sus nombres para ello.
El proceso judicial pasó a la fase
de instrucción y el exgobernante
y los demás imputados guardan
prisión en las bartolinas de la
División Antinarcóticos de la
Policía Nacional Civil, mientras se
llega a la siguiente etapa, que está
programa a realizarse dentro de
seis meses.
La jueza Cuarto de Paz, Nelly
Pozas, ordenó el embargo de
las cuentas y de los bienes de
todos los procesados, excepto de
las que utilizan las empresas de
Saca para el pago de salarios y
demás derechos laborales de los
trabajadores. La aplicadora de
justicia no aceptó la petición de
reserva del caso de la defensa.
Guatemala, Honduras y El
Salvador ponen en marcha fuerza
conjunta contrapandillas
San Salvador/AFP
Guatemala, Honduras y El Salvador pusieron en marcha una fuerza
conjunta para el combate del crimen organizado, incluidas las
pandillas que siembran el terror en esos países y se desplazan por
las áreas fronterizas, informó el gobierno salvadoreño.
“La fuerza trinacional (contra el crimen organizado), las coordinaciones y
las operaciones ya están ejecutándose”, aseguró el canciller salvadoreño
Hugo Martínez, en una entrevista con varios canales de televisión locales.
La operatividad de esta fuerza fue acordada por los gobiernos de los tres
países centroamericanos más afectados por la violencia criminal y será
anunciada formalmente el 15 de noviembre por los presidentes Jimmy
Morales (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras) y Salvador
Sánchez Cerén (El Salvador) en un lugar por definir.
El canciller salvadoreño explicó que, gracias a esta fuerza, fue posible
detener en Guatemala a mediados de octubre a decenas de pandilleros,
debido a que El Salvador compartió información de inteligencia sobre
grupos criminales.
“Lo que vamos a tener el 15 de noviembre es el lanzamiento público de
esa fuerza trinacional y en donde los presidentes van a hacer públicas las
operaciones que estamos desarrollando”, indicó Martínez.
El jefe de la diplomacia salvadoreña agregó que, además de combatir a
las pandillas, la fuerza conformada por las policías y ejércitos de las tres
naciones participa en el combate al narcotráfico, tráfico de armas y otras
formas de crimen organizado.
“La fuerza trinacional no es una fuerza de cascos azules que vamos a
integrar a un batallón con guatemaltecos, hondureños y salvadoreños,
sino que es una fuerza coordinada de los tres países operando en sus
respectivos territorios con una plataforma de tecnología en donde se
comparte información de los grupos criminales”, precisó Martínez.
Con 17.422 homicidios en 2015, Guatemala, El Salvador y Honduras
conforman una las regiones sin guerra más violentas del mundo.