Edición 21 de Abril de 2017

Diario Co Latino
16
REALIDAD NACIONAL
Viernes 21 de abril de 2017
Riesgos y responsabilidad gubernamental
Luis Armando González
El emjambre sísmico de la recién
pasada Semana Santa nos volvió
a recordar que vivimos en un país
en el que los riesgos medioambientales
están a la orden del día. Es algo que
lamentablemente siempre se nos olvida,
pero la naturaleza se encarga, de cuando
en cuando, de ponernos los pies sobre la
tierra. No es este el peor lugar del mundo
para vivir, al contrario: tiene en su clima
y geografía variadas cosas extraordinarias
que son la envidia de quienes no las
poseen en otras latitudes. Pero no todo
es miel sobre hojuelas: la naturaleza
nos suele jugar trampas a las que ya
deberíamos estar acostumbrados, pero
que usualmente nos sorprenden como
si nunca hubiésemos sabido de ellas.
Los temblores y terremotos hacen parte
de esas sorpresas poco gratas que nos
sacuden la vida y nos hacen sentir cuan
frágiles somos.
Al calor de la cultura neoliberal de los
años 90, se impuso la idea de que cada
quien, a nivel individual, era responsable
de su fragilidad (o fortaleza) ante la
arremetida de fenómenos naturales o
socio naturales. Es decir, cada quien era
responsable no solo de la dinámica de
vida que lo había llevado hasta el lugar
en el que se encontraba a la hora de tal
o cual fenómeno, sino de la forma en la
cual enfrentaba la situación y salía de ella.
No se esperaba que el Estado (o el Gobierno)
tuviera que ver algo en el asunto,
en el cual se entendía y aceptaba que
cada uno estaba solo, enfrentando sus
responsabilidades familiares con sus
propias fuerzas y recursos (a lo sumo
ayudado por instituciones caritativas, por
ejemplo, de la Iglesia o de organizaciones
internacionales). Esta visión de las cosas
se puede rastrear ya en los años ochenta.
En efecto, en el terremoto de 1986 que
sacudió violentamente la capital, miles
de familias enfrentaron la crisis con sus
propias fuerzas y recursos, sin esperar
ni recibir nada del Gobierno de turno.
En las dos décadas siguientes, se impuso
la lógica de que el Estado (y no solo el
Gobierno) no tenía responsabilidad social
alguna, pues era el mercado el que
“Pero para que el círculo se cierre positivamente
es importante no caer en el extremo
de creer que todo lo que les sucede a las personas
es responsabilidad del Gobierno”.
determinaba la suerte de cada cual, según
sus propios recursos y capacidades. El individualismo,
el mercantilismo, la privatización
y el consumismo hicieron de las suyas. Se
erosionó la convivencia social, las familias
quedaron desprotegidas ante amenazas de
todo tipo (no solo naturales, sino también
sociales) y la violencia social prosperó a sus
anchas, sin que desde el Estado se asumieran
compromisos con el bienestar de la gente.
Fue hasta 2009 que la lógica anterior comenzó
a ser superada por otra en la que el
Estado, a través del Ejecutivo, comenzó a
asumir una responsabilidad indelegable con
el bienestar, la seguridad y la convivencia
sociales. Comenzó a cobrar vigencia la tesis
de que las personas, sobre todo las más débiles
y vulnerables, no pueden ser dejadas a
la intemperie solo con sus propios recursos
y energías. Desde entonces se comenzó
a hablar de políticas públicas (de lo cual la
gente no tenía idea), lo mismo que de mecanismos
de protección social impulsados
por el Gobierno no solo ante situaciones de
emergencia, sino en la vida cotidiana. Es
decir, se comenzó a entender que la suerte
de las personas no solo dependía de lo que
individualmente pudieran o no hacer, sino
también de lo que hicieran para su protección
las instituciones del Estado.
A partir de 2014 se potenciaron extraordinariamente
los mecanismos de protección social,
dando lugar, entre otras cosas, a un eficaz
sistema de protección civil que se hace cargo
de las situaciones de emergencia desde el
Gobierno.
Estamos lejos de aquellos momentos en los
cuales las familias, ante una calamidad, se
quedaban solas, a la espera de lo que la
suerte o una mano caritativa dieran el auxilio
esperado. En estos momentos –tal como fue
puesto en evidencia durante la Semana Santa—
hay un claro compromiso del Gobierno
ante situaciones que afectan la vida de los
salvadoreños.
Ciertamente, no se trata de un sistema de
protección civil perfecto que ofrezca solución
a todo y siempre lo haga de la mejor manera.
Hay notables fallas de coordinación
en el manejo y difusión de la información;
se hecha en falta una voz de mando que
sea el referente principal para todas las
instancias involucradas; se corre el riesgo
de que el protagonismo excesivo de algún
funcionario se confunda con el necesario
liderazgo; debe haber una mayor claridad
y separación entre los mensajes políticos
(de orden, de confianza, de tranquilidad) y
la información técnica que se ofrece a la
población…
En fin, son retos superables, que no desdicen
la eficacia, compromiso y responsabilidad
de quienes integran nuestro sistema
de protecciòn civil.
Una cosa es clara: las familias salvadoreñas
del presente, a diferencia de las del pasado,
cuentan con un aparato de Gobierno
que se sabe responsable de su bienestar
y seguridad. Pero para que el círculo se
cierre positivamente es importante no caer
en el extremo de creer que todo lo que les
sucede a las personas es responsabilidad
del Gobierno. Hay asuntos que sí, naturalmente,
y sobre ellos se le debe pedir
cuentas. Hay asuntos que no, es decir,
que son responsabilidad de las personas,
de las familias y de las comunidades. El
autocuido, el autocontrol, la moderación,
el respeto a nuestros semejantes, el cuido
del entorno, la prudencia, el respeto a las
leyes… Esas son esferas en la que cada
quien, personalmente, debe actuar correctamente,
pues si de fallas personales se
derivan situaciones peligrosas y lamentables
la responsabilidad no puede ser menos
que personal. Por ejemplo, el tema de los
accidentes de tránsito hay que preguntarse
cuántos pudieron haber sido evitados
con una dosis de prudencia, moderación
y respeto a las leyes por parte de quienes
los padecieron.
Cuidémonos, pues, de no pasar de una
lógica en la cual el Gobierno no tenía responsabilidad
social alguna a otra en la cual
descargamos toda la responsabilidad por
el bienestar social en aquél.