Edición 12 de junio de 2018

Diario Co Latino
Nacionales Martes 12 de junio de 2018 5
17 imputados son enviados
a prisión preventiva
La corrupción
debe ser
denunciada
investigada y
judicializada
El juzgado 5 o de Paz envía a prisión a los imputados en el caso denominado “Saqueo público” y giró orden de captura en contra
de la exprimera dama Vanda Pignato. Foto Diario Co Latino/Juan CarLos ViLLaFranCo.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
l Juzgado Quinto de
Paz resolvió instrucción
con detención provisioal
contra 17 imputados que se
resentaron personalmente o
ediante representante legal a
a audiencia inicial en el caso coocido
como “Saqueo público”.
obre el resto el juez resolverá
n una audiencia especial.
Además, el juzgador giró orden
e captura judicial en contra de la
ecretaria de Inclusión Social y exrimera
dama Vanda Pignato, meida
que no había sido solicitada
or la Fiscalía.
A juicio de la defensa, el juzgaor
se extralimitó en la decisión, ya
ue se tomó atribuciones que no
staba solicitando la Fiscalía Geneal
de la República (FGR).
Manuel Chacón, abogado del
mpresario Miguel Menéndez, dijo
ue era sorprendente la decisión
el juzgador, sobre todo, porque
izo una argumentación muy peronal
que podía dar pie a una reusación.
“Si hubiéramos sabido cuál era
l criterio de él, hubiéramos recuado.
Al final hizo una valoración
uy personal, que era un acto para
l repudiable y que veía que estos
echos denunciados por FGR haían
afectado a los pobres”, relató
el abogado.
“Puede ser que tenga razón o
no, fueron argumentos fuera de
la sentencia lo que a mí personalmente
y con todo respeto me llama
la atención que él mostró prejuicio
en la resolución, si hubiéramos sabido
esto a lo mejor lo hubiéramos
recusado”, reiteró Chacón.
Miguel Menéndez es uno de
los seis imputados que estuvieron
presentes durante la audiencia,
y que junto a otros fue enviado a
un centro penitenciario por parte
del juez. Chacón aseguró que evaluarán
la situación para presentar
un recurso, ya que el caso pasa a
la etapa de instrucción y tendrá 6
meses.
Con respecto a la exprimera
dama Vanda Pignato, el juzgador
decidió dar orden de captura a pesar
que la Fiscalía no lo había solicitado
por el estado de salud de
Pignato.
“No se dijo absolutamente
nada de la detención durante la audiencia
en el caso de Pignato pero
de repente el juez sorpresivamente
ha tomado la decisión de ordenar
la detención de ella, por supuesto
que haremos uso de los medios y
recursos pertinentes”, dijo la abogada
Francis Vaquero.
La defensora de Pignato recalcó
que tal decisión no se la esperaba
“porque quien está haciendo la
solicitud de la petición en concreto
Juzgador se
extralimitó en su
decisión: Manuel
Chacón.
de medidas sustitutivas era la Fiscalía,
y quien tiene el conocimiento
total y certero de la investigación y
de la situación de la doctora hasta
este momento es la Fiscalía”, argumentó.
La abogada comentó que Pignato
ha enfrentado las acusaciones
en juzgados, como el caso civil, “es
ella quien estaba a disposición y a
la orden de los juzgados presentándose
voluntariamente”, dijo.
Durante la audiencia inicial, Vaquero
presentó las constancias médicas
que le imposibilitaron presentarse
a esa audiencia, ya que
su estado de salud es grave. “No
comprendo por qué el juez ha tomado
esa decisión excesiva, contraria
a la petición de la Fiscalía”,
enfatizó.
Por su parte, la Fiscalía General
de la República se mostró satisfecha
por la resolución del juez
de paz.
“Tenemos un resultado en beneficio
de la población, el juez dijo
que era indignante y así lo manifestó
él con esas palabras, que funcionarios
públicos se están quedando
con el dinero del pueblo”, dijo el
fiscal del caso.
“El juzgador manifestó que
se ha establecido una serie de hechos
en las cuales ese dinero malversado
podría haber sido utilizado
para personas como vendedores
de agua u otras personas, que
podrían haber sido beneficiadas”,
expresó el fiscal del caso.
Ese mismo discurso fue sostenido
por el fiscal general de la República
Douglas Meléndez en una
entrevista televisiva.
El fiscal dijo que en los próximos
días se presentará la solicitud
a las autoridades pertinentes para
interponer la difusión roja en contra
de todos los imputados que
no están capturados. De la misma
forma, se solicitará la extradición
desde Nicaragua del expresidente
Mauricio Funes y su grupo
familiar.
El expresidente Mauricio Funes
y una treintena de sus exfuncionarios
y su grupo familiar son acusados
por los delitos de peculado y
lavado de dinero por 351 millones
de dólares.
El expresidente de la República
Mauricio Funes cuestionó al juez
Quinto de Paz, junto al fiscal general
de la República Douglas Meléndez,
por las declaraciones de este
último en las que el Ministerio Público
seleccionaba muy bien a qué
juzgado presentar el requerimiento
de acusación.
Mauricio Funes
“Ahora entiendo por qué el fiscal
dijo que ellos decidían los jueces
adonde enviar los casos luego de investigarlos”,
sostuvo el exmandatario
a través de redes sociales.
Para Funes “no es extraño que
el juez quinto de Paz haya ordenado
la detención de Vanda, pasando
por alto su delicado estado de
salud y que no representa ningún
riesgo de fuga”.
Funes recalcó que la Fiscalía no
tiene pruebas en su contra, sino
que las acusaciones contra él, familiares
y amigos son el resultado
de las declaraciones de dos testigos
criteriados: Leonel Flores y Jorge
Hernández, “quienes tampoco han
presentado pruebas en mi contra”,
dijo.
Yaneth Estrada
@caricheop
Ante el proceso judicial
en contra del
expresidente de la
República Mauricio Funes y
un grupo de exfuncionarios,
el Gobierno de El Salvador
(GOES) expresó su rechazo a
cualquier acto de corrupción,
venga de donde venga, y que
apoyará todas las acciones necesarias
para la defensa de los
recursos públicos.
“La lucha contra la corrupción
es una obligación, no solo
del Gobierno y los organismos
de control, sino de toda
la sociedad. Cualquier acto de
corrupción debe ser denunciado,
investigado y judicializado,
siempre en el marco del
debido proceso y el irrestricto
respeto a las leyes”, señaló el
GOES mediante un pronunciamiento.
El viernes pasado, la Fiscalía
General de la República informó
de la orden de captura
contra el expresidente Funes,
actualmente en Nicaragua,
y más de 30 presuntos
implicados por la supuesta extracción
de fondos públicos
que sumarían $351 millones.
Reto de los tribunales
Agregó que “luego de haber
conocido detalladamente
el relato de los hechos por
parte de la Fiscalía General de
la República, consideramos
que esta institución tiene el
reto de sustentar jurídicamente
las acusaciones y presentar
las pruebas técnicas pertinentes
para demostrar la culpabilidad
de los imputados”.
También, el Gobierno manifestó
que tienen toda confianza
en el funcionamiento
de nuestra institucionalidad
y en nuestro propio ordenamiento
jurídico, por lo que, en
el marco del debido proceso,
“confiamos que se le respetará
el derecho a la defensa a las
personas requeridas”.