PDF 12012011 - Prensa Libre

16 Opinión :
P RENSA LIBRE : Guatemala, miércoles 12 de enero de 2011
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EDITORIAL
El crimen cobra
un elevado precio
No resulta fácil explicarse
que un grupo de
pandilleros actúe tan
fácil y abiertamente y se permita la libertad
de extorsionar a varios empresarios
guatemaltecos del transporte, a quienes,
en promedio, les exigen Q1 millón al mes,
aunque esa cifra se refiera apenas a unas
cinco empresas de rutas cortas que cubren
el trayecto entre la capital y Ciudad
Quetzal.
Es indudable que una estructura criminal
con esas características no puede
operar sola, y para ello ha de contar con
colaboradores entre los mismos empresarios
o gente muy cercana a ellos. Pero
lo que sí es certero es que más de alguna
organización de poder estatal ha de ser
partícipe de esas acciones, pues las autoridades
tendrían que ser de una inutilidad
absoluta como para que un grupo de
extorsionadores se movilice tan campante
y haga circular con tanta facilidad esas
cantidades de dinero.
Hoy en día el sistema financiero nacional
también cuenta con suficientes
mecanismos como para determinar quiénes
movilizan esas cantidades de recursos
sin que se hayan disparado las alarmas,
o que por lo menos las autoridades
financieras del país hayan alertado a Gobernación
sobre esas irregularidades. Al
menos, por supuesto, que tampoco estén
cumpliendo con sus atribuciones como
debe ser, porque en el caso de los transportistas
de rutas cortas, la cifra citada es
una mínima parte de las extorsiones, ya
que es claro que se mueve un volumen
mucho más cuantioso.
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De hecho, otros estudios de ese fenómeno
calculan que las extorsiones de
aquella actividad mafiosa menejan mensualmente
unos Q30 millones, cifra que
estremece y que solo la impunidad tolera
para dar así una perversa dinámica a esa
economía criminal, como la llamó recientemente
el sociólogo Edelberto Torres
Rivas, quien al citar el caso de los ladrones
de automóviles fue enfático al
afirmar que no se trata de unos simples
rateritos, sino que el fenómeno obedece
a una estructura bastante sofisticada que
permite que sus engranajes funcionen
adecuadamente.
Se deben sumar otros ingredientes
que agravan el panorama de las extorsiones
y la inseguridad en el país, porque,
como acaba de suceder en el más reciente
episodio, cuando al parecer no se cumplieron
las entregas de recursos a los extorsionistas
de Rutas Quetzal, se pasó a
la etapa más condenable, como fue atentar
con una bomba contra un autobús, y
apenas el domingo se producía la octava
víctima, con el fallecimiento de Jorge Enrique
Cac Zacarías, de 13 años, un suceso
que estremeció lo más hondo de la sociedad
y motivó las más profundas muestras
de repudio, pero también de exigencia
a las autoridades por esclarecerlo y
castigar a los autores.
Ningún Estado puede darse el lujo de
que los malhechores impongan su ley, ni
debe tolerarse que actúen bajo el manto
de la impunidad o que encuentren protección
en esferas oficiales —y sobre ello
abundan los ejemplos—; y ya es hora de
que el Gobierno dé muestras genuinas de
que puede tener un mínimo control sobre
estas bandas criminales que castigan
a la sociedad.
María Mercedes Girón de Blank
Mario Antonio Sandoval
Gonzalo Marroquín G.
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MIEMBRO DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
CATA LEJO
MARIO ANTONIO SANDOVAL
Otras maneras de
opinar sobre la CC
ME PARECE ADECUADO
comentar los aspectos de fondo
del artículo Asesinando al
Derecho, de Acisclo Valladares
Molina, con quien me
unen lazos de amistad desde
1967, cuando coincidimos en
Estocolmo para la entregadel
Premio Nobel a Miguel Ángel
Asturias. Ambos compartimos
hoy en día la preocupación
de evitar el empleo equivocado
o malintencionado del
texto constitucional, pero lo
hacemos con criterios distintos,
aunque sin duda coincidentes
en lo básico. Por esa
causa me parece válido hablar
de la Corte deConstitucionalidad,
cuyo interés popular
aumenta de manera progresiva
conforme se acerca la lucha
electoral y finaliza el período
de la actual CC. Esto incrementa
el interés sobre la integración
de la nueva.
ALGUNAS DE LAS afirmaciones
de Acisclo son cuestionables.
Cuando un magistrado
aplica la ley, cuyo
texto necesariamentedebe
ser general,
amplio, muchas
veces debe interpretarla.
Y
uno de los factores
para hacerlo
con certeza
es tener conocimiento
exacto del significado de las
palabras, para no tomar decisiones
lingüística y lógicamente
absurdas, y por ello
contrarias a la razón. Un caso
claro fue el de “optar”en el caso
Ríos Montt, cuyo significado
aplicable no es “escoger”,
sino “entrar en la dignidad
(cargo honorífico o de autoridad)
ala que se tenga derecho”.
Permitir su participación
como candidato implicó
un absurdo: alguien puede ser
candidato, pero no entrar en la
presidencia. El fallo fue equivocado
al no consultar al diccionario.
LA INTERPRETACIÓN de
la ley no siempre puede ser calificada
como creación, porque
esto equivale a establecer,
fundar. Pero cuando ocurre,
no es ajeno a los fines de la CC.
Estoen casos como pedir participación
de ex presidentes
como candidatos, porque ello
es reelegir, es decir, “volver a
elegir”. Tres palabras… pero si
no fuera suficiente, entre los
delitos contra la Constitución
Acerca de la labor
de la Corte de
Constitucionalidad
se puede comentar
de maneras
muy distintas.
se encuentra la propaganda
reeleccionaria. Según el
artículo 382, quien hiciere…
“actividades tendientes a la
reelección… oaaumentar el
término fijado por la Constitución
para el ejercicio de la
Presidencia… será sancionado
con prisión de dos a seis años
y multade 200a200mil quetzales”.
Se aplica a Arzú y a
quienes firmen peticiones solicitadas
por el alcalde.
RESPECTO A LA ILEGA-
LIDAD de participación de la
esposa de un presidente, Acisclo
y yo coincidimos, por razones
distintas. Ami criterio,
porque ya ha habido un fallo
anterior adverso y lo impiden
el espíritu de la ley, y su análisis
lógico ycorrectoasí lo dictan.
A criterio de él, porque los
jueces constitucionales, “sujetos
ala Constitución, deben
resolver así, sin más…” Por eso
este criterio jurídico escrito
por un abogado con capacidad
se ha convertido en un argu-
mento(“razonamiento para
demostrar una
proposición o
convencer a alguien
de aquello
que se afirma
ose niega)”
a favor de la vigencia
yla defensa
de la Constitución, actividad
a la cual no se le puede
calificar de prevaricato (dictar
un juez asabiendas una resolución
injusta).
TAMBIÉN CONCUERDO
con el pensamiento de que “la
ley es lo que es y no lo que a
uno se le antoje”. Esto deben
recordarlo los proponentes
de las candidaturas ilegales a
la presidencia. Es importante,
eso sí, tener cuidado con
preparar bien los silogismos
jurídicos, a fin deno caer en
falacias, cuyo efecto peor es
engañar a quienes no son
abogados. Es importante
también pedir el cumplimiento
de la ley —al cual no
se le puede calificar de estricto
o de flojo: se cumple ono.
Pero cuando un juez interpreta
es exagerado calificarlo
de “pretensiones diabólicas
con ínfulas de santidad”. Este
año habrá muchos artículos
periodísticos sobre la Constitución
y la CC. Para beneficio
nacional me parece necesario
mantener la serenidad en la
argumentación.