Edición 14 de Octubre de 2018

14 DE AGOSTO DE 2018
Quincenario editado por prensa Latina
POLÍTICA
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GUATEMALA
Modernos esclavos con amplio perfil
Por Maitte Marrero Canda
Corresponsal/Ciudad de Guatemala
La prevención es uno de los ejes de trabajo de la Secretaría
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
(Svet) en Guatemala, donde niños, adolescentes y mujeres
constituyen las principales víctimas.
Según Claudia Ordoñez, al frente de la Svet, lo más importante
es evitar caer en las redes de los traficantes porque el
proceso de reinserción y regeneración de vidas que han sido
destruidas se hace muchísimo más difícil.
Estadísticas de esa institución gubernamental reflejan que
entre enero y abril de este año se rescataron 135 víctimas, 125
de ellos menores de edad. Del total, 121 son mujeres y la
mayoría eran explotadas sexualmente. Sin embargo, anualmente
superan los 500 casos.
A juicio de analistas, el espejismo del Estado de Derecho,
la falta de cumplimiento de las leyes y un sistema patriarcal
ubican a Guatemala en una de las más alarmantes posiciones
en el mundo con índices de trata de personas.
El artículo 202 del Código Penal tipifica el delito como “la
captación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción
de una o más personas con fines de explotación”, sin
embargo, estas modalidades muchas veces no son tan fáciles
de probar.
Pueden aparecer bajo la oferta de empleos en el extranjero,
pero luego resulta una falsa promesa y son parte de redes de
explotación sexual o laboral.
Ese tipo de captación se da incluso a través de anuncios en
medios de comunicación donde se lee: “Se contrata personal
con un excelente salario, prestaciones y ambiente laboral, no
importa qué grado académico tenga”, alerta Ordoñez en una
entrevista publicada por la agencia de noticias guatemalteca.
Otra forma de captación es a través de las tortillerías.
Niñas o adolescentes del interior del país vienen a la capital
Los niños, adolescentes y mujeres constituyen las principales
víctimas de los traficantes de personas.
a trabajar en esos puestos, les ofrecen pagarle determinado
salario mensual y crearles condiciones de vivienda, lo cual
no se cumple.
Después, ya son víctimas de trata de personas en la modalidad
de explotación laboral, debido a las condiciones a que
son sometidas con jornadas de trabajo exhaustivas.
Pero lo peor es que muchas veces las familias son en cierta
medida cómplices, pues cuando esas niñas son rescatadas y
se les entrega a los padres pueden incluso no estar de acuerdo,
ya que esa situación para ellos es “normal”.
Ello sin contar que todavía en muchas partes del país el
pago de una deuda o el mejoramiento económico del hogar
descansa en el matrimonio forzado de las mujeres, a edades
muy tempranas.
VULNERABILIDADES
De acuerdo con la Svet, las acciones apuntan a informar
y conocer en qué consiste el delito y cuáles factores de
vulnerabilidad llaman la atención de los tratantes.
Por eso, recomiendan a los padres de familia estar muy
atentos, conversar sobre el tema con sus hijos y, ante
cualquier indicio, presentar la denuncia.
Aunque los especialistas reconocen que el flagelo afecta
más a las personas que viven en extrema pobreza, este
no distingue un perfil específico, pues involucra también
a jóvenes con formación académica y aspiraciones laborales
y de mejor vida en el extranjero.
La ubicación estratégica de Guatemala favorece condiciones
para que hombres y mujeres migrantes sucumban
en las redes de coyotes a lo largo de los corredores de
internación rumbo a Estados Unidos.
Desde 2016, Guatemala se unió a la campaña Corazón
Azul de las Naciones Unidas en contra de la trata de personas
con el fin de informar y sensibilizar a la población
sobre el impacto de este flagelo a nivel de país, pues
nadie está exento del peligro.
Las víctimas se denominan esclavos modernos, ya
que carecen de derechos y están a merced de sus
captores. A nivel mundial, aproximadamente un 30 por
ciento son niños y un 70 por ciento representan mujeres
y niñas.
Guatemala no es una excepción y preocupa en estos
momentos las alarmantes cifras de menores que viajan
solos e ilegalmente a México y Estados Unidos, una oportunidad
de oro para los propósitos de los traficantes.
CHILE
Protestas contra la impunidad
Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile
Cientos de personas se congregaron recientemente en el
umbral de los Tribunales de Justicia de Chile, para protestar
contra la liberación de cinco violadores de los derechos
humanos, condenados por crímenes de lesa humanidad.
Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos (AFDD), calificó de vergonzosa
e indignante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de
Chile, de liberar a asesinos de la dictadura de Augusto Pinochet.
“No puede ser que las víctimas directas y familiares de los
crímenes de la dictadura (1973-1990) tengamos que enfrentarnos
a estos vaivenes centrados en los acuerdos políticos y
no en doctrinas de derechos humanos”, afirmó Pizarro.
“Lo ocurrido muestra a un poder del estado que no respeta
el derecho internacional humanitario y que no tiene ningún
pudor en complacer a un gobierno que busca liberar a trasgresores
de derechos humanos”, apostilló.
Señaló directamente al presidente de la República, Sebastián
Piñera, y a su ministro de Justicia, Hernán Larraín, de
fomentar acuerdos para enviar a sus casas a criminales sentenciados
a largas penas por sus actos en la Junta Militar.
Recordemos que el ministro Larraín llegó a defender a Paul
Schaefer, ex nazi que lideró una secta en Colonia Dignidad
autora de actos de pedofilia, torturas y crímenes en contubernio
con su amigo Pinochet.
A una pregunta de Orbe, la titular de la AFDD respondió
que se trata de una decisión política de un Gobierno de
derecha. “Es consecuencia de 28 años de arreglos para
relativizar el genocidio y no hacer justicia”, acotó.
“Pero hoy día llegó la derecha, la misma que apoyó el
golpe de estado en 1973, y está devolviendo favores a la
mal llamada familia militar que en el fondo busca establecer
el precedente de amenazar la estabilidad democrática en
Chile”, añadió.
Asimismo, admitió que la AFDD y otras organizaciones de
derechos humanos esperaban que con el regreso de Piñera
al Palacio de La Moneda la derecha hiciera acciones, pero
no calcularon que ocurriera “algo tan obsceno como lo de
la Corte Suprema”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos, deploró la liberación de personas
que no sólo cometieron crímenes de lesa humanidad, sino
que justificaron sus acciones y jamás mostraron arrepentimiento.
“Nosotros, familiares y abogados, acudiremos a las instancias
internacionales pero lamentablemente se demoran
mucho en pronunciarse. De todas formas, seguiremos en
pie de lucha con manifestaciones en Chile denunciando lo
sucedido”, apuntó.
Los chilenos no olvidan a a sus muertos y desaparecidos.
Los cinco sentenciados, exmilitares en libertad condicional
cumplían penas en la exclusiva prisión de Punta Peuco, señalada
como lugar donde los reos disfrutan de numerosos privilegios.
En un comentario lleno de paradojas, la Corte Suprema dijo
que dar la libertad “no conlleva desconocer la particular gravedad
de los crímenes de lesa humanidad”, pero “era
momento de dar el nuevo paso”.