Revista CEPAL no. 125

) Acceso a los servicios de salud
En México, la derechohabiencia a servicios de salud, en instituciones de salud públicas o
privadas, se vincula al trabajo, el servicio militar y la adquisición de seguro voluntario, así como a los
familiares designados como beneficiarios en cualquiera de las tres modalidades anteriores (INEGI, s/f).
Entre 2000 y 2015, este fue el ámbito en que se observó la mayor disminución de la brecha entre la
población indígena y la no indígena, lo que sugiere que, en el marco de la mejora de toda la población,
el avance de la cobertura fue relativamente más acelerado en el caso de la población indígena. En
2015, sin embargo, solo 88 de cada 100 personas de la población indígena tenían derechohabiencia
en instituciones de salud, frente a 91 de cada 100 en el caso de la población no indígena (véase el
cuadro 6). Es necesario considerar el Seguro Popular, que concede el acceso a los servicios de salud
públicos a la población no asegurada.
El Perú registra el mayor porcentaje (63%) de población indígena sin seguridad social, 20 puntos
porcentuales más que México en el año más cercano (2010), mientras que en Colombia el 33% de
la población indígena y el 22% de la población afrodescendiente carece de este derecho. En Chile,
según la encuesta CASEN de 2013, el 87,3% de la población indígena y el 77,4% de la población
no indígena pertenece al sistema público de previsión de salud, pero las cifras se refieren solo a la
derechohabiencia, que no implica acceso efectivo ni calidad en el servicio ofrecido (véase el cuadro 6).