Entrelíneas 83

Sociedad
Violencia social: también en el aula
Camila Espinoza
Desde la revolución pingüina en 2006 los distintos gobiernos han denominado las formas de expresión de las
demandas ciudadanas como artísticas, agresivas y hasta terroristas. Los establecimientos educacionales no son
la excepción, ahí confluye un pequeño Chile en diálogo con sus autoridades más próximas.
El proyecto de ley Aula Segura,
aprobado por la Cámara de
Senado, busca agilizar el proceso de
expulsión de estudiantes involucrados
en hechos de violencia en colegios
públicos y privados. El objetivo es
separar al alumno de la comunidad
educativa de manera inmediata y
posteriormente dar paso a la penalidad
del delito.
El problema radica en que
considera sólo un tipo de violencia
reducida a situaciones puntuales en
escuelas emblemáticas de Santiago,
distante de la realidad nacional y las
particularidades demográficas de cada
zona.
Si bien los docentes y trabajadores
de la educación han exigido
intervención estatal, esta tiene que ver
con reinserción y apoyo psicosocial
para niños, jóvenes y sus familias.
Todo lo contrario a la propuesta del
ejecutivo, considerando que el sistema
judicial dictamina la reincorporación
al contexto escolar como parte de la
sanción a menores de edad infractores
de ley.
Gabriela Hormazábal, trabajadora
social de un liceo municipal en la
comuna de Coronel, es explícita en
decir que Aula Segura “va contra del
principio mismo de la educación,
entendida como un derecho humano
universal”. Además “desplaza al
alumno a otro lugar sin resolver la
problemática de fondo”, señala.
A lo largo de Chile son 8 colegios
los que registran hechos de violencia
criminal, sin embargo, la televisión
exacerba imágenes que contribuyen
a la generalización de situaciones
específicas “generando temor y miedo
en los ciudadanos, y al mismo tiempo
adquiriendo respaldo en un juego
con la apelación emocional a nivel
popular”, explica Ernestro Treviño,
director del Centro para la Formación
La vulneración de los derechos de la infancia está a vuelta de la esquina. Fotografía por Camila
Espinoza.
Educativa e investigador del Centro de
Justicia Educacional de la Universidad
Católica. “Estamos confundiendo la
violencia colegial con la proliferación
de las armas, no hay una anarquía ni
tampoco una organización detrás”,
dice, opuesto a lo argumentado por el
oficialismo.
“El proyecto no elimina las
agresiones en las escuelas, tampoco
analiza su origen ni se pregunta porqué
los estudiantes recurren a ella”, señala
Gastón Flores, profesor de historia,
geografía y ciencias sociales. “También
se transgrede a nuestros jóvenes
con promesas de éxito que nunca
llegan, es que somos una sociedad tan
individualista que queremos cárceles
para menores de edad, pero sólo para
los pobres”, agrega en relación a la
idea de subdividir el Servicio Nacional
de Menores.
En términos prácticos, el único
espacio de reeducación que existe es
el colegio “y cuando expulsamos a ese
joven o ese niño que está cometiendo un
acto vandálico, potenciamos el círculo
de la violencia pero desde otro contexto
y al largo plazo lo transformamos en
un delincuente que tiene como futuro
la cárcel”, explica Gabriela. Además, si
se trata de expulsión por actos graves,
los directores ya están facultados para
tomar decisiones en conjunto con la
comunidad educativa, y del mismo
modo se activa el protocolo judicial
que otorga la punibilidad.
No podemos desentendernos del
fenómeno sin comprender que vivimos
en una sociedad que es en esencia
violenta, sobretodo con los niños
y jóvenes más vulnerables, ahora
llamados terroristas. No podemos
desconocer que la desigualdad cala
hondo en los colegios, barrios y familias
estigmatizadas por el romanticismo de
la élite.
“Va contra del principio
mismo de la educación,
entendida como un derecho
humano universal”.
Gabriela Hormazábal,
trabajadora social.
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