Edicion 11 de septiembre 2020

2 Viernes 11 de septiembre de 2020
Nacionales
Diario Co Latino
Inspección de archivos militares
relevante en Caso El Mozote
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“No tienen ninguna capacidad
legal de negarse
a cumplir una orden
judicial, no pueden deliberar
eso, ya lo dijo el juez Jorge
Guzmán, las órdenes judiciales
se imponen y se acatan”,
explicó David Morales,
abogado de la Unidad
de Litigio Estratégico de
CRISTOSAL.
Morales (CRISTOSAL)
junto al equipo de Tutela
Legal “Dra. María Julia Hernández”,
forma parte de la
acusación particular contra
un grupo de militares de
alto rango que durante el
cabo la Masacre de El Mozote
y sitios aledaños en diciembre
de 1981.
En un conversatorio con
la prensa, las organizaciones
que integran la Mesa contra
la Impunidad en El Salvador
y la Comisión de Trabajo
Pro-Memoria Histórica,
expresaron su postura
frente a la orden judicial, girada
por el Juzgado de Instrucción
de San Francisco
Gotera, Morazán, la que se
hará efectiva el próximo 21
de septiembre, en donde peritos
en archivística, tendrán
acceso a documentación militar
de esa época.
Para las organizaciones
en derechos humanos, este
evento es un “suceso histórico”
en resarcimiento a las
víctimas y sobrevivientes de
la Masacre de El Mozote y
sitios aledaños, en su más
de tres décadas de búsqueda
de la verdad, la aplicación
de justicia, el resarcimiento
moral y social, así como, la
promesa de no repetición de
este tipo de hechos que enlutan
aún a miles de familias.
Morales señaló que la diligencia
judicial los peritos buscarán
documentos, informes,
planes o cualquier otra evidencia
administrativa que respalden
las actividades que se llevaron
a cabo en esa época para
la movilización y articulación
de las órdenes en la cadena del
mando militar.
“Lo que vamos a encontrar
son documentos como en
que evidencian la actividad que
llevó adelante el crimen, entonces
los planes militares y toda la
ejecución que son plantes elaborados,
supervisados en tiempo
real. En esa época no había
todo este tipo de redes sociales,
pero esa información importante
era a través de llamadas
radiales, cables y telegramas. Y
el comandante en San Salvador
podía estar viviendo día a día
todo el teatro de la guerra, porque
recibía informes de todas
partes”, indicó.
Esta observación del abogado
se enmarca en las respuestas
que han recibido de los exministros
de Defensa y presidentes
de la república, que aducen
razones de inexistencia de
planes militares o son archivos
que fueron eliminados. Lo anterior
fue catalogado como improbable,
ya que toda la logística
o autorización de transporte
pasaba por el aval del comandante
en turno. Por tanto, este
sabía dónde se encontraba todos
los pelotones y los operativos
que estaban realizando, a
través de reportes de diario o
informes de inteligencia.
“Las autoridades militares
tampoco pueden decir -que
no habían reglamentos, en ese
momento de la historia-, eso
era imposible y muchos menos
decir, que estaba más organizada
la guerrilla clandestina que
ellos como ejército, esos documentos
y planes debe estar, deben
existir. Los jefes de archivo,
en 2018, declararon bajo
juramento que este tipo de documentos
no se destruyen y si
lo hacen sigue todo un proceso
legal de expurgo (eliminación
de documentos), que autoriza
el Estado Mayor y se
hace en presencia del Ministerio
de Cultura y se levanta un
ción
y lo que contenía el documento,
este tipo de cosas son
relevantes, si hay una evidencia
será muy fuerte y sólida”, argumentó.
Sobre la certeza que da la
“cadena de mando” para deducir
responsabilidades en los hechos,
Morales indicó que en la
doctrina militar el puesto más
elevado del “mando operativo”
es el jefe del Estado Mayor,
que en ese momento ostentaba
Rafael Flores Lima. Y el ministro
de la Defensa era un cargo
David Morales,
abogado de la
unidad de Litigio
Estratégico de
CRISTOSAL.
Foto Diario
Co Latino/GLoria
SiLvia oreLLana
más administrativo–político, y
el jefe del Estado Mayor es su
primer asesor, por tanto, el exministro
Guillermo García, tenía
mucho poder.
“La evidencia histórica ha
demostrado que existía también
sin entrar en contradicción
a esta cadena formal; la
cadena de mando de facto, que
con habilidad extraordinaria y
capacidades de alianzas Guillermo
García había logrado
articular el poder de una cúpula
represiva, muy brutal, sanguinaria
que pugnaban por el exterminio
de la población civil,
y de la oposición política, que
inclusive con la asesoría militar
estadounidense, les mintieron
ciaba
la guerra desde el gobierno
del presidente Ronald Reagan”,
argumentó.
Sobre ese “cadena de man-
nó
que era una estructura que
ostentaba un núcleo de poder,
que es común en los ejércitos,
no obstante, la relevancia
y fuerza en la historia salvadoreña,
este grupo fue inusual en
pleno Siglo XX, utilizando el
sistema de tandas, (promociones
militares) que se vuelven
por sí mismo, en núcleos involucrados
en hechos de violencia
extrema.
“El caso de la masacre de
las promociones más sanguinarias
que vio el Siglo XX, el
país, causaron la mayor tragedia
al pueblo salvadore-
-
nales de los años cincuenta
Flores Lima, Vides Casanova
y otros conocidos represores,
en la cúpula controlando
el alto nivel de la cadena
de mando. La tanda de 1963,
muy sanguinaria, como Roberto
d’Aubuisson, responsable,
según la Comisión de
la Verdad, del arzobispo Oscar
Arnulfo Romero. Domingo
Monterrosa, considerado
el gran masacrador. Sigifredo
Ochoa Pérez y otros miembros
prominentes de la cúpula
militar de aquellos tiempos.
Y la famosa Tandona, enjuiciada
y lamentablemente solo
uno de ellos, Inocente Orlando
Montano, enfrenta un
juicio formal en España por
el Crimen de los sacerdotes
No obstante la orden judicial,
las organizaciones aún
sopesan la incertidumbre del
comportamiento de las nuevas
autoridades militares, en
la cooperación de este proceso
penal, y dar un cierre a la
impunidad que han vivido las
víctimas por más de tres décadas.
“No sabemos que vamos
a encontrar, si será colaboración,
entorpecimiento o evidencias
de destruidas de un
determinado delito. Y si se
encuentran rastros que se está
ocultando documentos, ya
no estaremos en presencia de
una falta administrativa o co-
-
gura delictiva en las que incurrirían
los funcionarios, el ministro
René Merino, incluso el
presidente Nayib Bukele, todos
deben cumplir con la ley,
y de encontrar algún delito
será la Fiscalía General de la
República, quien deberá iniciar
una investigación penal”,
puntualizó.