Edicion 13 de octubre 2020

MEMORIA HISTÓRICA
14 Martes 13 de octubre de 2020 Diario Co Latino
41 aniversario del Golpe de
Estado de la Juventud Militar
15 de octubre de 1979-2020.
Capitán Francisco Mena Sandoval
A
41 años del Golpe de
Estado de la Juventud
Militar del 15 de octubre
de 1979, la Memoria Histórica
me pone los muertos en mi
cabeza, al mismo momento en
que los colectivos de víctimas
sufren hasta hoy la impunidad
de un sistema que no ha querido
trabajar en la búsqueda de la
verdad, exigiendo las responsabilidades
a quienes abusaron del
poder para alcanzar la justicia
que es la única que nos llevará
en El Salvador a una verdadera
paz y por ello a la tan ansiada y
necesaria Reconciliación.
tes
y peligrosas señales que, dentro
de nuestras instituciones,
tanto la Fuerza Armada como la
Policía Nacional Civil, por el accionar
de sus máximos dirigentes
-el señor ministro de Defensa,
René Francis Merino Monroy
y el señor director de la
PNC, Mauricio Antonio Arriaza
Chicas- se está produciendo una
peligrosa deriva hacia comportamientos
del pasado. Con su
actuación, más como militantes
de un partido político que como
los máximos dirigentes de unas
instituciones que deben ser garantes
del ejercicio democrático
en el país, se olvidan de la historia
reciente en la que a los militares
y miembros de los Cuerpos
de Seguridad se nos ocupó
como si fuéramos militantes
del Partido de Conciliación Nacional
(PCN) y en nombre de la
Democracia fuimos parte de la
creación en nuestro país de un
caos político, económico y social
que nos llevó a una sangrienta
guerra que nos ha dejado resultados
difíciles de superar. Hoy bajo
el poder de ambos dirigentes, estamos
regresando a ese pasado tenebroso,
se está violando el Estado
de Derecho y se están poniendo
en riesgo los avances de ese difícil
proceso democrático realizado
en estos últimos veinticinco años.
En la vida de nuestras Instituciones
del Estado, principalmente
la Fuerza Armada y la PNC puedo
valorar categóricamente, por
conocer personalmente el interior
de estas y por tener buenos amigos
entre sus integrantes, que no todos
sus miembros militares y policías,
rárquicos,
estén de acuerdo con el
comportamiento de sus jefes. Hay
ñores
ministro de Defensa y director
de la PNC. No hemos terminado
de dilucidar las responsabilidades
de muchos integrantes de estas
instituciones que en el pasado,
al servicio de políticas corruptas
y asesinas, sembraron el dolor del
pueblo salvadoreño mediante las
capturas, torturas, desaparecimientos
y asesinatos de miles de ciudadanas
y ciudadanos entre los que
no hay que olvidar a los sacerdotes
jesuitas y a monseñor Romero.
En el reciente juicio llevado a
cabo en España ha quedado probada
la responsabilidad del alto
mando en el asesinato de los sacerdotes
Jesuitas y sus dos trabajadoras,
aunque por el momento solamente
el coronel Inocente Orlando
Montano ha sido condenado.
Ahora falta llegar más allá, recordando
que los efectos de las órdenes
cumplidas recaen en los superiores
que dieron esas órdenes.
La Masacre del Mozote, declarada
por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos como crímenes
de Lesa Humanidad y reconocida
en el mundo entero como
una de las más grandes masacres
acaecidas en la historia, quieren
defenderla hoy todavía negando
la información al juez. Pero estos
hechos terribles no se pueden,
ni se deben, ocultar ante la justicia.
La Memoria Histórica, imprescindible
para construir una cultura
de paz duradera, nos lleva a estas
muertes y las victimas esperan
-y exigen- verdad, justicia y reparación.
El dolor de las victimas está muy
presente en la celebración de este
41 aniversario del golpe de estado
protagonizado por nuestro movimiento
de la Juventud Militar, que
apoyaron tanto los sacerdotes jesuitas
asesinados como monseñor
Romero, como la última oportunidad
en el esfuerzo de detener la
guerra, terminando con la dictadura
militar para abrir el camino a la
libertad política.
Muchos de los que nos apoyaron
en ese 15 de octubre de 1979
están muertos, asesinados por una
unidad del Batallón Atlacatl, entrenado
en los Estados Unidos.
Hay que recordar que, en el período
comprendido entre octubre
de 1979 a septiembre de 1981,
la Comisión de Derechos Humanos
de El Salvador (CDHES), informó
que un total de 32,000 civiles
fueron asesinados por fuerzas
gubernamentales o por escuadrones
de la muerte vinculados al
Ejército. Ya no eran solamente los
cuerpos de seguridad, la situación
en defensa de intereses ajenos nos
había contaminado profundamente
en el enfrentamiento contra el
pueblo. No me lo contaron, lo
viví personalmente dentro de la
Institución.
En un pasado, no tan lejano,
los partidos políticos gobernantes
utilizaban descaradamente a
la Fuerza Armada para defender
sus propios intereses que nada
tienen que ver con el papel que
nuestra Constitución Política le
adjudica a la institución castrense
y que los Acuerdos de Paz le
determinan más claramente.
En el año 1972, cuando el
Partido de Conciliación Nacional
(PCN), al verse ante la posibilidad
de derrota en las elecciones,
utilizaron a la Fuerza Armada
para hacer campaña electoral,
aun siendo una institución apolítica
por ordenamiento constitucional.
En ese año de 1972, siendo
sub teniente de la Tercera Brigada
de Infantería en San Miguel,
en los meses anteriores al
día de las elecciones, me ordenaron
hacer campaña electoral en
el municipio de Sesori. A otros
otros municipios. Sin embargo,
aún con este esfuerzo inconstitucional,
el PCN perdió las elecciones.
El pueblo votó en ma-
Nacional Opositora (UNO) y
ante esa derrota, esa misma no-
nos ordenó cambiar el resultado
electoral. Por supuesto la razón
esgrimida para perpetrar ese
fraude fue la defensa de la “democracia”
y la defensa de la patria.
Bajo esos argumentos violentamos
la decisión electoral de
la mayoría de nuestro pueblo.