Edición 15 de julio de 2021

2 Jueves 15 de julio de 2021
Nacionales
Diario Co Latino
UNES: Ley de Agua debe contar con
la dimensión ambiental de país
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El equipo técnico
de la Unidad Ecológica
Salvadoreña
(UNES) presentó una serie
de valoraciones de las decisiones
que está tomando el
Estado, sobre la Ley General
del Agua y otros temas
relacionados al medio ambiente,
que en lo jurídico,
político y ecológico, tendría
repercusiones en extensas
poblaciones que viven en
situación de vulnerabilidad
y los bienes naturales, que
muchos los acecha la crisis
ambiental.
La UNES abordó también
el tema de la “minería
del Bitcoin y el consumo
de energía eléctrica. Las últimas
reformas al Código de
Salud, que toca la sustentabilidad
del recurso hídrico y
la tercera resolución de amparo
de la Sala de lo Constitucional,
sobre la concesión
de aguas subterráneas en inmuebles
privados.
La UNES tiene en su haber
toda una historia de 34
años de lucha ambientalista,
que lo ha caracterizado la
propuesta y la protesta social.
Además de haber contribuido
con iniciativas que
ahora se recogen en varias
leyes del país, como: Ley
de Medio Ambiente, Ley
de Áreas Protegidas, Ley
de Protección Civil y Mitigación
de Desastres y en la
creación de Tribunales Ambientales,
desde un espacio
colectivo junto a organizaciones
territoriales que buscan
contribuir al debate político
y salvaguardar los bienes
naturales.
“La minería del Bitcoin
nos preocupa, porque en todos
los estudios realizados
El agua potable, uno de los bienes comunes que escasean en el país, debido a la contaminación y la
sobreexplotación del recurso hídrico.
Foto Diario Co Latino/arChivo
categóricamente que la minería
informática necesaria para
crear Bitcoin, demanda un
descomunal consumo de energía
eléctrica”, explicó Mauricio
Sermeño, presidente de la
UNES.
La desmesurada exigencia
de energía eléctrica se traduciría
en una intensa cantidad de
emanaciones de Gases Efecto
Invernadero (GEI), que ha
cipal
origen del calentamien-
del clima a nivel mundial. Por
lo que Sermeño consideró era
minería Bitcoin es antiecológica.
“Un estudio de la revista
Nature ha concluído que
las operaciones de la minería
bitcoin solo en China produce
130 millones de toneladas métricas
de emisiones de carbono
(GEI). Y un estudio de la Universidad
de Cambridge ha concluido
que la energía anual para
producir bitcoin, supera ya, lo
que consume Argentina. Si el
Bitcoin fuera un país consumiría
más electricidad al año que
Finlandia o Suiza, y concluyen
que el consumo de electricidad
para minar bitcoin, equivale a
121.36 Teravatio/hora, o 1 billón
de vatios-hora”, subrayó.
Entonces, sobre la propuesta
del presidente Nayib Bukele,
de minar bitcoin, Sermeño señaló
que el “calor” que se emitiría
con esta tecnología, sería
tan descomunal que aumentaría
la temperatura del país. Y
que por estos componentes
esta actividad se da en los países
fríos como Islandia y regiones
altas de China, entre otros.
Y El Salvador no tiene la capacidad
para dar abasto a este
cia
a las familias.
José Alejandro Labrador,
coordinador territorial de la
pan-Banderas,
Sonsonate, expresó
la preocupación sobre el
deterioro de los derechos humanos
y la gestión sustentable
del agua y ecosistemas, que
la última reforma al Código de
Salud, en sus artículos del 96 al
102, el pasado 6 de julio, en la
Asamblea Legislativa.
Porque en esos preceptos
legales establecidos anteriormente
permitían a las comunidades
contar con información
primordial sobre la extensión
o impactos de diversos proyec-
caciones
en el medio ambiente
y ecosistemas del territorio.
“Cuando se derogan estos
artículos estamos ante un hecho
que va a dejar prácticamente
en la impunidad y sin
ningún tipo de control, pese a
que era ya un reto para el Estado
salvadoreño, tener la capacidad
técnica y monitoreo de la
aplicación de leyes ambientales
vigentes o preceptos legales relacionados
a la regulación de la
salud y los ecosistemas”.
“Ahora, tenemos que empresas
constructoras o cierta
industria no tendrá que rendir
cuentas sobre el tipo de sumi-
o infraestructura que construyan
o el tipo de drenaje que coloquen
en esas obras que son
aguas negras o residuales”,
dijo.
“Esas regulaciones de los
artículos eliminados eran una
manera de conocer cuando
un desarrollador que proponía
una infraestructura, tener información
de los impactos a
la salud por los desechos que
generaban. Ahora, esas mediciones
de impacto, esos cálculos
de cómo van afectar la salud
y ecosistemas se perdieron
y son poco importante
para este gobierno”, manifestó
Labrador.
Andrea Padilla, experta en
Género y Ecofeminismo de la
UNES, opinó sobre la resolución
de amparo de la Sala de
lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, que
emitió el pasado 7 de julio
(203/2017), desde la cual, ordenan
a la Asamblea Legislativa,
a que en un plazo de 6 meses,
emita una normativa para
concesionar las aguas freáticas
en inmuebles de propiedad
privada.
“Es preocupante toda esta
situación que parece contribuir
a demorar la discusión de
la Ley General de Aguas, una
lucha social de las organizaciones
de la sociedad civil. Y
que precisamente en nuestras
propuestas aborda este tipo
de usos, como eje central para
ser regulado por dicha ley”.
“Y nos preocupa mucho
más, porque al dar un mandato
tan general y manera abstracta,
parece que siguen haciendo
caso omiso de la crisis
hídrica en la que nos encontramos
en El Salvador. Y dejan
sin dar prioridad a otros
sectores y actividades como
el consumo humano por la
industrial y agroindustrial del
agua. Si bien, plantean que
haya un control del uso del
agua, sabemos que no hay seguimiento
de estos mecanismos”,
acotó Padilla.
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