edición 23 de julio de 2021

Diario Co Latino
Nacionales
Viernes 23 de julio de 2021 3
Detectan 1,098 declaraciones de patrimonio
sin presentar por funcionarios del gobierno
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Mónica Velasco explicó que el Órgano Ejecutivo mantiene alto nivel de incumplimientos en la presentación de las declaraciones
de patrimonio de toma de posesión. Foto Diario Co Latino/ aLma ViLChes.
En su labor de contraloría
a la transparencia
en la gestión pública,
el Observatorio para el Fortalecimiento
Institucional de
Acción Ciudadana elaboró el
monitoreo a la probidad en
la función pública, donde se
detectó hasta el 18 de junio
de 2021 un total de 1,098 declaraciones
de patrimonio sin
presentar por parte de funcionarios
del gobierno central e
instituciones autónomas.
La coordinadora del Observatorio
para el Fortalecimiento
Institucional de Acción Ciudadana,
Mónica Velasco, explicó
que el Órgano Ejecutivo mantiene
alto nivel de incumplimientos
en la presentación de
las declaraciones de patrimonio
de toma de posesión y cese
de funciones, mayoritariamente
se circunscriben a mandos
intermedios, a los cuales se les
debe de prestar más atención,
pues por el tipo de cargo y las
condiciones en donde se desenvuelven
son propensos para el
cometimiento de actos corruptos.
Detalló que las instituciones
a las cuales pertenecen los
servidores públicos quienes no
habían presentado sus declaraciones
de toma de posesión
hasta el 18 de junio de 2021,
pertenecen a la Policía Nacional
Civil (PNC), Ministerio de
Salud y Ministerio de Hacienda.
Velasco sostuvo que de los
actuales diputados, quienes
asumieron funciones el 01 de
mayo de 2021, el análisis se ha
limitado a la presentación de
las declaraciones patrimoniales
de inicio de funciones por parte
de los diversos sujetos obligados,
detectándose 68 declaraciones
de patrimonio de diputaciones
propietarias presentadas
y 62 de diputados suplentes.
“De esta legislatura solamente
restan 38 declaraciones,
las bancadas que han cumplido
la presentación de sus declaraciones
son los partidos políticos
con pocos diputados como
Vamos, PDC, Nuestro Tiempo;
Nuevas Ideas se posiciona con
el 82.14% y el partido GANA
se ubica como el partido con
el menor porcentaje de cumplimientos”,
indicó.
La coordinadora del Observatorio
de Acción Ciudadana
reiteró que el Pleno de la CSJ y
la Sección de Probidad son los
encargados de dar tramitación
al procedimiento sancionador,
el cual se aplica cuando los sujetos
obligados presentan tarde
o no entreguen la declaración
de patrimonio, con la finalidad
de castigar ese tipo de comportamiento.
Hasta el momento se tienen
828 procesos sancionadores
en trámite concentrados entre
2014-2021, de esta cantidad
6 se encuentran en Corte Plena
desde diciembre de 2020; 822 en
sustanciación y la mayor cantidad
de sujetos obligados que
tienen procedimientos abiertos
son del Órgano Ejecutivo, instituciones
autónomas y el gobierno
central.
El procedimiento administrativo
en materia de incumplimientos
por falta de presentación
y extemporaneidad de las
declaraciones de patrimonio
no busca únicamente la imposición
de un castigo, sino también,
asegurar que el ente fiscalizador
cuente con los instrumentos
necesarios para la oportuna
investigación del patrimonio de
los sujetos obligados, así como
el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales que implican
dichas declaraciones.
Eduardo Escobar, director
ejecutivo de Acción Ciudadana,
consideró necesario que el Pleno
de la CSJ y la Sección de
Probidad establezcan o prioricen
la imposición de multas a
los incumplimientos en la presentación
de las declaraciones
de patrimonio; es preciso que
se adopten sistemas interpretativos
integrales en los cuales, la
reserva de las declaraciones de
patrimonio pueda ser sopesada
a la luz de las ventajas que proporciona
la fiscalización ciudadana.
Asimismo, potenciar el control
ciudadano, disminuir la
aplicación de los criterios de
reserva en materia de probidad
y desarrollar o regular adecuadamente
la función pública,
pues son elementos necesarios
para generar cambios conductuales
de los servidores públicos
que significaría disminuir
los riesgos de corrupción.
A criterio de Escobar, es importante
que las autoridades
entiendan el enriquecimiento
como un ilícito no abstracto,
pues es un fenómeno cuya
afectación final se materializa
en un daño a la ciudadanía común,
el cual se ve imposibilitada
en el ejercicio directo de sus
derechos fundamentales, por
causa del incremento patrimonial
injustificado de un servidor
público y no ser entendida
como mero espectador de la
fiscalización.