Edicion 25 de octubre 2021

2 Lunes 25 de octubre de 2021
Nacionales
Diario Co Latino
“Terminó la pantomima de la ley del
agua”: Mesa de la soberanía alimenticia
Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
“Ya se terminó la pantomima
de la discusión
de la ley del
agua, que no incluyó ninguno
de los puntos no negociables
que presentaron las
organizaciones sociales”, expresó
Adalberto Blanco, de
la Mesa por la Soberanía Alimentaria,
al considerar que
el articulado de la ley se encuentra
lejos de estar al servicio
de la población.
“Los derechos de la población
vulnerable y empobrecida
del país no se reflejan
en el contenido de la nueva
ley. Por el contrario, se han
retomado los intereses de la
empresa privada a la que garantizaron
15 o 30 años de
permiso para extraer el agua
de los afluentes, ríos y acuíferos”,
denunció Blanco.
El pasado 21 de octubre
la Comisión Ad Hoc, que
realizó el estudio de la propuesta
presidencial del anteproyecto
de la Ley de Recurso
Hídrico, culminó con algunos
arreglos solo de forma
de los 164 artículos que contiene
la normativa, y dejó la
sesión abierta para su última
revisión.
La comisión Ad Hoc, mayoritariamente
oficialista
(NI) y los partidos aliados,
sacaron ventaja de 9 votos
contra 1 de la oposición que
terminó con la aceptación
de un solo anteproyecto de
ley, dejando afuera otras iniciativas
presentadas por diversas
organizaciones sociales,
ambientalistas, de derechos
humano, iglesias históricas
y el sector académico
durante los último 15 años.
Foto Diario Co Latino/arChivo.
“Lastimosamente, han hecho
esta discusión con invitaciones
a organizaciones sociales,
pero sin tomar en cuenta
su opinión, no se incorporaron
sus demandas y están atentando
contra la vida de las personas”,
dijo.
“No tendremos reconocido
el derecho humano al agua, no
contiene la definición real del
bien público y estamos frente a
esta disyuntiva de la asignación
de cánones, que está lejos de la
propuesta de un pliego tarifario
justo y equitativo. Y encima
permisos de 15 años de explotación
de agua, no hay nada bueno
en la ley”, sostuvo Blanco.
Mientras, César Artiga, coordinador
del Equipo Impulsor
de la Ley de Escazú en el país,
calificó de “atentado al derecho
humano al agua” la nueva normativa
que carece, a su parecer,
del enfoque de derecho humano,
y solo queda en un discurso
oficial más inclinado a lo mediático,
que al tema de nación.
“¿Cómo pueden hablar que
están construyendo una ley
con enfoque de derechos humanos?,
si abiertamente, han
priorizando el uso y el usufructo
del agua para los fines
industriales, comerciales y en
función del mercado”, se preguntó.
“Esto es una afrenta contra
el derecho humano al agua,
y desde su principio esta nueva
normativa no busca garantizar
el acceso al agua. Allí, de
entrada según un informe de la
PDDH de 2016, aún era procurador
David Morales, explicaba
que al país solo le quedaban
como 80 años de agua, y eso es
grave”, sostuvo Artiga.
El artículo 96, votado por
la mayoría del partido Nuevas
Ideas, dice: “Que el canon (cobro)
por uso y aprovechamiento
se establecerá con base al volumen
de agua utilizada en un
período de tiempo específico.
Este período de tiempo se expresará
en horas por día; días
al mes o meses por año”.
Sobre el derecho humano al
agua, citó Artiga, las Naciones
Unidas (ONU) han definido
que una persona necesita entre
50 a 100 litros de agua al
día para su consumo, actividades
domésticas y su aseo personal,
pero la realidad en el país
dista mucho que esos estándares
se cumplieran.
“Una piscina olímpica necesita
2, 273. 09 metros cúbicos
de agua, traducido en litros son
2, 273, 090 litros de agua, para
tener una idea de la dimensión.
Entonces, si la persona necesita
entre 50 a 100 litros para
su consumo básico y no tener
afectaciones en su salud, ahora
la cantidad de agua que se
les está autorizando a las empresas
es una aberración”, manifestó
Artiga.
No obstante, Artiga consideró
como más grave que se haya
discutido una ley de agua, que
no asegura que habrá este recurso
natural para las presentes
y futuras generaciones. Ni que
habrá en cantidad y calidad.
“Lo que está planteando en
la Ley de Recursos Hídricos
de El Salvador, es una serie
de inconsistencias que niega
todos los enfoques que
han argumentado, se encuentran
incluidos, como la protección
de cuencas hidrográficas,
género y derechos humanos”.
“Todos estos enfoques
han sido negados. Y lo podemos,
ver, cuando a la hora de
decidir por los usos y el usufructo
del agua el enfoque es
la generación de utilidades
esto pertenece al sector privado,
y pues siempre se centran
en los principios mercantilistas
del agua y no del bienestar
de las comunidades y ecosistemas,
porque de eso tampoco
se habla en la ley”, reiteró
Artiga.
Similar lectura realizó el
presidente del CESTA, Ricardo
Navarro, quien hizo énfasis,
que se está tratando de legalizar
que la empresa pueda
extraer mil metros cúbicos
de agua por 15 años, cuando
no se ha garantizado la
abundancia de la misma en
los pocos mantos acuíferos
del país.
“Eso es totalmente ilógico,
como puede pensar el Estado
que puede garantizar por 15
años que X empresa extraiga
agua sin interrupción. Y qué
tal si se nos viene una sequía
y esta dura 5 años o bajan
los niveles -como será- de los
mantos de agua. Si hasta demandarlos
pueden por faltar
a la ley”, dijo Navarro.
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