Edicion 25 de octubre 2021

8 Lunes 25 de octubre de 2021
Opinión
Diario Co Latino
El emperador prohibe
manifestaciones… ¿por qué?
Licda. Norma Guevara de Ramirios
Los diputados bukelistas
han aprobado un decreto
prohibiendo organizar
marchas y marchar, amenazan
con multas altas que irían desde
7,200,00 a 36,000.00 dólares, y de uno
a tres años de cárcel. ¿Por qué le temen
tanto a las marchas de protesta?
El decreto es de orden público, significa
que es retroactivo y podrían intentar
actuar contra quienes marcharon el
pasado domingo 17 de octubre.
Las acciones de protesta más recientes,
que incomodan al presidente, aumentaron
con la caída de su popularidad
con mayor fuerza desde que impuso
el Bitcoin como moneda de curso
legal, y amenazó con un mes de septiembre
en el bicentenario de la independencia
centroamericana con un paquete
sorpresivo de decisiones.
Al completar la elección de una Corte
Suprema de Justicia a su gusto, manteniendo
la Sala de lo Constitucional
impuesta el 1 de mayo, decretar la sustitución
de un tercio de jueces señalados
de “corruptos” por los diputados,
por tener 60 años de edad o 30 años de
servicio y anunciar una nueva Constitución
de la República, completaron el
cuadro de dominación.
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130 AÑOS INFORMÁNDOTE CON CREDIBILIDAD
Quedó más evidente su dominio
sobre los tres órganos de gobierno
cuando la Sala de lo Constitucional
usurpadora, sin que nadie
se lo pidiera, ordenó al TSE
aceptar la postulación del presidente
a una reelección en 2024.
Si algunos tuvieran dudas que los
pasos dados por el presidente y su bancada
legislativa se encaminan a dar visos
de legalización a una dictadura, se
quitaron la venda de los ojos.
Eso lleva a que cada vez más, los distintos
sectores, y por diferentes medios
expresen su descontento contra el actual
gobierno y rechacen su conversión
en una nueva dictadura.
Es que aceleradamente crece la movilización
de un pueblo que parecía
atemorizado, sometido y se da cuenta
que fue engañado. Bukele y su gobierno
pierde respeto y credibilidad; emerge
un nuevo estado de ánimo popular
al que temen y ahora quisieran callar
por decreto y con represión.
Si hacemos un recuento de hechos
en los últimos tres meses, después de lo
que debió ser una rendición de cuentas
el 1 de junio pasado, cuando llegó a su
segundo año de estar en la presidencia,
encontramos los motivos del giro en la
opinión pública.
Primero, emitieron un decreto (DL
90) que prohibía las concentraciones,
pero tres días después de aprobado
los veteranos de las FFAA y del FMLN,
por el incumplimiento de promesas,
realizaron movilizaciones en distintos
lugares del país, dejaron virtualmente
sin valor la prohibición.
Siguieron modestas expresiones de
diferentes sectores expresando sus demandas
específicas, para ser escuchados
en la discusión de una ley de agua, por
las pensiones, contra los despidos, por
los fondos para los municipios, incluso
por la libertad de presos y presas políticos.
El presidente y sus ministros, así
como los diputados y la sala usurpadora,
mostraron total menosprecio a las
demandas presentadas por ciudadanos y
organizaciones.
El 1 de septiembre, diversas organizaciones
pedían la no entrada en vigencia
del Bitcoin, lo que fue enviado al archivo;
el propio 7 de septiembre, día en
que entraba en vigencia ese decreto, marcharon
muchos y fueron rechazados con
cercas de alambre y antimotines.
El 15 de septiembre, se unieron distintas
expresiones y masivamente desfilaron
desde puntos diferentes, haciendo
sentir su rechazo a las diversas decisiones
tomadas por el gobierno, y las provocaciones
fueron desenmascaradas, sin
que pudieran opacar el sentimiento popular
diverso que se expresó y dejó aislada
la celebración oficial del bicentenario
de la independencia.
El 30 de septiembre volvieron a expresarse
diversos sectores en la calle, especialmente
veteranos y servidores del sector
justicia.
La convocatoria de marchar el 17 de
octubre adquirió un sentido más anti
dictatorial, que más de 20 retenes a lo
largo del país trataron de impedir la participación,
pero que la marcha se realizó
con coraje e hidalguía.
La propaganda para negar o desacreditar
la marcha del 17 de octubre fue incapaz
de impedir su vistosidad, apreciada
incluso por medios internacionales.
Los anuncios de un sistema de pensiones
sin información sobre su contenido,
y otros temas, anuncian que ese
descontento creciente aumentará y constituye
motivo legitimo para nuevas manifestaciones
y nuevas protestas ciudadanas.
¿Por qué prohibir el ejercicio del derecho
de manifestarse y expresarse? Por
qué el anuncio de la represión? Es simple,
es lo propio de una dictadura.
Desafiarla es un deber político para recuperar
la democracia arrebatada, los derechos
negados, nuevos daños a la economía
familiar. Y, sin duda, el pueblo
sabe cuál es la ruta.