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Edicion 25 de noviembre 2021

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Diario Co Latino

Nacionales

Jueves 25 de noviembre de 2021 3

Claudia Ortiz propone

que el acoso callejero sea

considerado delito

La APES denuncia espionaje

del Estado a 24 periodistas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Asociación de Periodistas

de El Salvador

(APES) denunció el

posible espionaje por parte del

Estado, a 24 periodistas de diferentes

medios de comunicación,

tanto digitales como tradicionales,

lo cual se convierte

en una violación a la privacidad

de las personas que ejercen

periodismo en el país.

César Fagoaga, presidente de

la APES, explicó que 13 periodistas

de El Faro, 3 de La Prensa

Gráfica, 2 de El Diario de Hoy, 1

de Diario El Mundo, 3 de Gato

Encerrado, uno de Disrruptiva,

uno independiente; así como varias

personas de organizaciones

sociales y partidos políticos de

oposición, recibieron este martes

una alerta de la compañía Apple,

sobre un posible espionaje patrocinado

por el Estado.

“Nunca antes se había tenido

un caso similar a este, se tenían

reportes de intentos de hackeo

a periodistas pero nada

de esta naturaleza, esta denuncia

no es solo específica para

periodistas de El Faro, hay periodistas

de medios tradicionales

y digitales, también gente de

la sociedad civil, quienes han

sido voces críticas del actual go-

bierno. Esta denuncia es gravísima

e intolerable, compromete la

Libertad de Expresión y Libertad

de Prensa en el país”, manifestó.

La alerta llegó a los periodistas

vía correo electrónico y señala

que el espionaje puede comprometer

de forma remota el

iPhone utilizado por los usuarios

afectados. “Es probable que

estos atacantes lo estén atacando

individualmente debido a quién

es usted o qué hace. Si su dispositivo

se ve comprometido por un

atacante patrocinado por el Estado,

es posible que pueda acceder

de forma remota a sus datos

confidenciales, comunicaciones

o incluso a la cámara y el micrófono”,

detalla el texto enviado.

Fagoaga señaló que la actual

administración desde los

primeros días se ha caracterizado

por tratar de poner límites

y restricciones a la Libertad de

Prensa en el país. Los periodistas

no han tenido la posibilidad

de acceder a datos públicos sobre

compras y relativo al trabajo

administrativo, pues esta información

tiene reserva. Desde

enero hasta la fecha la APES reporta

210 agresiones a periodistas.

El año pasado por la misma

fecha la cifra era de 125.

“Esto lo vemos como una escalada

de violencia contra periodistas

en el país que han revelado

importantes casos de corrupción,

que han mostrado

una cara la cual se aleja de

la propaganda. No es que una

empresa decida espiar a periodistas

o miembros de la sociedad

civil, lo hacen porque los

gobiernos las contratan”, recalcó

el presidente de la APES

Asimismo, Noah Bullock, director

ejecutivo de Cristosal, recibió

la alerta de Apple que podría

ser víctima de espionaje del

Estado, lo cual es calificado por

la organización como un atentado

contra la privacidad, la libertad

de expresión y está tipificado

como delito en el artículo

12 de la Ley de Delitos Informáticos.

Cristosal sostuvo que es preocupante

la posibilidad de inversión

de fondos públicos en una

tecnología de espionaje compleja

y de millones de dólares usada

selectivamente contra la sociedad

civil que defiende los derechos

humanos, la oposición

política y el periodismo independiente.

Esto es un accionar

sistemático, que se suma a la

propuesta de Ley de Agentes Extranjeros,

y a los allanamientos

a las ONG’s sin debido proceso,

limitando la pluralidad de pensamiento,

las libertades y el trabajo

de organizaciones que ejecutan

proyectos de interés social.

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En el marco del Día

Internacional de la

Eliminación de la

Violencia Contra la Mujer, la

diputada de VAMOS, Claudia

Ortiz, presentó reformas

a la Ley Especial Integral para

una Vida Libre de Violencia

(LEIV), en la que propone

agregar nuevos supuestos a

delitos de expresión de violencia

hacia la mujer, se agrega

un literal que habla de la

violencia obstétrica del acoso

callejero y a la discriminación

laboral.

Se eleva el perfil de las personas

que deben estar atendiendo

a las mujeres en las

unidades especializadas de

atención a la mujer de las instituciones

del sistema de justicia

para que sean abogados/

as con especialización en temas

de derecho de mujeres y

se agrega también que el Ministerio

de Trabajo debe garantizar

que no exista acoso

laboral y que haya lactario y

lugares para el cuido de los

hijos e hijas.

“Proponemos eso porque

creemos que responden a la

realidad nacional y que las

mujeres necesitan”, enfatizó

la parlamentaria.

Entre estas reformas, destaca

el “acoso callejero”, que

“es una acción o conducta de

hostilidad física o psicológica

que se ejerce sobre una

mujer en lugares públicos

de forma verbal o no verbal

con la finalidad de aislar,

intimidad, humillar, manosear

o dañarla”. Este punto,

es muy complejo, ya que

diariamente las mujeres se

ven expuestas y sobre todo

en el transporte público a

que hombres quieran sobrepasarse

e intentar tocar su

cuerpo.

La diputada Ortiz propone

que el acoso callejero tenga

una penalidad de 4 a 6

años de cárcel si el acusado

es hallado culpable, así lo

establece en el Art. 7 de las

reformas:

“En caso de conductas referidas

a los litorales G, H e

I, la sanción será de presión

de 4 a 6 años”, reza la propuesta.

Justamente, el literal G

dice: “Utilizar expresiones

verbales, comportamiento

o proposiciones de carácter

sexual como el roce o frotamientos

contra su cuerpo,

o masturbación, que creen a

la víctima una situación humillante,

hostil o intimidatoria

en el transporte público

o vía pública”, a lo cual,

dichas conductas pueden

ser llevadas a los tribunales.

Las reformas pasarán a

la Comisión de la Mujer e

Igualdad de Género.

Foto Diario Co Latino /

SamueL amaya.

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