Edicion 15 de marzo de 2022

Diario Co Latino
Nacionales
Martes 15 de marzo de 2022 5
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Los diputados de la
Asamblea Legislativa
han reaccionado al decomiso
de unidades de las rutas
42 y 152, así como a la captura
del empresario, Catalino Miranda,
que ha perpetrado el Gobierno.
La captura, han dicho, es ilegal,
y no era constitutiva de delito.
El jefe de fracción de ARE-
NA, René Portillo Cuadra, comentó
que el tema no se trata de
un empresario de buses en particular,
sino, “de una persona que
ha sido despojada de sus bienes
sin el debido proceso legal”. Así
como la detención por una razón
concreta.
El director de la Policía Nacional
Civil, Mauricio Arriaza,
informó que el empresario Catalino
Miranda fue detenido únicamente
por el delito de “resistencia
agresiva”.
“Llegó la Policía a pedirle la
colaboración que retire las unidades
de la vía pública. Hubo
un intercambio de palabras entre
ellos, según el informe policial,
y es ahí donde una patrulla
de tránsito procede a la detención”,
comentó Chicas.
René Portillo Cuadra deduce que, así como le quitaron las unidades a
empresa privada del transporte público, así pueden hacer con los taxis
e imponer a policiales o soldados brindar el servicio. Foto Diario Co Laino/
Cortesía.
René Portillo Cuadra afirmó
que la Fiscalía General de la República
y Policía Nacional Civil
debe aclarar “resistencia a qué,
porque el delito de resistencia solamente
opera cuando le antecede
la imputación de otro delito, entonces,
¿qué otro delito se le imputa
a él que lo llevó a resistirse a
la captura?, eso no lo ha aclarado
ni la Policía ni la Fiscalía”.
Portillo Cuadra se refirió a la
primera versión que manejaba el
GOES, que lo habían detenido
por incrementar el pasaje y obstaculizar
la vía pública. “El que se
obstaculice la vía pública, y el que
se aumente de manera ilegal la tarifa
del transporte colectivo no
son delitos, solamente puede aplicarse
sanción penal cuando se está
en un estado de calamidad pública
o en un estado de emergencia,
y ninguno de los dos estados ha
sido declarado ni por el Ejecutivo
ni por la Asamblea Legislativa”.
“Cuando se analiza jurídicamente
la apropiación violenta que
hizo el Gobierno de las unidades,
ahí no opera la expropiación porque
no hubo proceso legal, eso es
confiscación de bienes, y está prohibida
por la Constitución. El
Gobierno no puede disponer de
los microbuses porque son propiedad
privada”, detalló el diputado
opositor.
El artículo 106, inciso quinto
de la Cn., establece que “se prohíbe
la confiscación, ya sea como
pena o en cualquier otro concepto”.
A juicio del jefe de fracción
del FMLN, Jaime Guevara, las acciones
del Gobierno contra las
unidades de la ruta 42 y 152 son
“actos de matonería”, lo ideal, hubiese
sido, una reunión para poderles
exigir el cumplimiento de
las normas ya establecidas en el
sector del transporte público.
“Pareciera que el mensaje que
quieren transmitir es la expropiación
del transporte público por
parte de algún sector económico
del país representado por Nayib
Bukele”, informó Guevara.
La diputada Claudia Ortiz, de
VAMOS, afirmó que “siempre ha
habido abusos de los transportistas
hacia los usuarios. Pero ante
un abuso no se debe reaccionar
con otro abuso”, en relación con
las medidas del Gobierno en el
transporte público.
“Lo que hizo el transportista
PDDH considera que medidas económicas
deben satisfacer necesidades de la población
está mal, pero lo que procedía
era aplicar las sanciones legales
vigentes. Si como población
estamos dispuestos a aplaudir
que se abuse de una persona,
los próximos podemos
ser cualquiera de nosotros (…)
una cosa es revocar los permisos
de línea y otra es que el Estado
se apropie de las unidades
de transporte”, criticó la opositora.
Mientras que el diputado
de GANA, Juan Carlos Mendoza,
defendió la confiscación
de las unidades, aduciendo que
en el artículo 112 de la Cn. de
la República faculta al Estado
a administrar empresas de servicios.
“El Estado podrá administrar
las empresas que presten
servicios esenciales a la comunidad,
con el objeto de mantener
la continuidad de los servicios,
cuando los propietarios o
empresarios se resistan a acatar
las disposiciones legales sobre
organización económica y social”,
dice el Art. 112. de la Cn.
Si bien el argumento menciona
que son a las empresas,
esta no se refiere en sí a los bienes,
ya que en el caso, las unidades
del transporte público
son privadas.
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Apolonio Tobar, titular
de la Procuraduría
para la Defensa
de los Derechos Humanos
(PDDH), exhortó al
gobierno para que las once
medidas económicas anunciadas
satisfagan las necesidades
de la población, y con
ello garantizar un desarrollo
sostenible.
Externó que las medidas
relacionadas con el subsidio
del gas propano deberán ser
reflejadas en cada hogar salvadoreño
y en los diferentes
comercios alimenticios, sumado
a ello la exoneración de impuestos
por un año a 20 productos
alimenticios y la autorización
de importación de productos
comestibles a proveedores
con permisos en diversos
países.
Agregó que constituyen dos
medidas concretas de beneficio
para la población, la suspensión
de $0.16 por galón de
combustible en el cobro del
Fondo de Estabilización y Fomento
Económico (FEFE), conocido
como impuesto de guerra,
y $0.10 por galón de la
contribución del Transporte
Colectivo (COTRANS).
Tobar señaló, mediante un
pronunciamiento, que las medidas
encaminadas a desarrollar
el control y supervisión del
efectivo cumplimiento de la ley
al cobro de la tarifa del transporte
colectivo, aprobada por
el Viceministerio de Transporte
(VMT) y del peso exacto de
los cilindros de gas propano,
corresponden a la garantía de
los derechos económicos, sociales
y culturales de la población.
Para la PDDH, las medidas
están vinculas con lo establecido
en la Constitución de
la República, y el compromiso
adquirido por El Salvador, en
el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales
y Culturales, ya que el Estado
debe velar y garantizar los derechos
humanos de la población.
El procurador instó a las autoridades
gubernamentales y
no gubernamentales a unir esfuerzos,
para que dichas acciones
protejan los derechos humanos
de los más vulnerables
y puedan ser progresivos en el
tiempo.
El funcionario hizo un llamado
a la población salvadoreña
a estar atenta sobre el
cumplimiento de las medidas
anunciadas, así como denunciar
cualquier incumplimiento
ante la Defensoría del
Consumidor (DC), Dirección
de Hidrocarburos del Ministerio
de Económica, VMT y la
Policía Nacional Civil (PNC).
“Como parte de las competencias
constitucionales y
legales de la PDDH, ofrecemos
nuestro acompañamiento
para desarrollar un trabajo
articulado que permita el
cumplimiento de medidas en
favor de la población salvadoreña”,
afirmó Tobar.